El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8, a cargo de la jueza Sabrina Namer, condenó a una mujer de nacionalidad china a dos años de prisión en suspenso y a pagar 300 mil pesos al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata como parte de un acuerdo de juicio abreviado por explotación laboral en un taller de ropa clandestino.
La mujer llegó a esa instancia acusada como partícipe secundaria del delito de reducción a la servidumbre. En el mismo fallo, la jueza Namer absolvió a una ciudadana boliviana que se desempeñaba como encargada del lugar, en aplicación del principio de no criminalización de víctimas de trata, previsto en el artículo 5 de la Ley 26.364.
El acuerdo
El acuerdo fue presentado por el fiscal general Marcelo Colombo, cotitular de la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), quien consideró acreditado que la acusada colaboraba con su madre -actualmente prófuga y con pedido de captura internacional-, en la administración de un taller textil clandestino ubicado en el barrio porteño de Flores.
Según el expediente, durante un allanamiento realizado en septiembre de 2016 se rescataron ocho trabajadores bolivianos que cumplían jornadas de nueve horas diarias por salarios muy bajos, sin aportes ni cobertura laboral, y en ocasiones con la puerta del taller cerrada con llave. El lugar ya había sido clausurado por el Gobierno de la Ciudad.
La jueza Namer tuvo por probado que la ahora condenada “abría y cerraba el taller, pagaba los salarios y transmitía las órdenes por cuenta de su madre”, pero consideró que no tenía el dominio del hecho ni obtenía el beneficio económico principal. En cambio, la calificación se redujo de trata de personas con fines de explotación laboral a reducción a la servidumbre, figura que sanciona la imposición de condiciones de trabajo o dependencia degradantes.
Encargada y víctima
Por su parte, la fiscalía pidió la absolución de la encargada del lugar al entender que, pese a ocupar ese rol, también era víctima de la misma estructura de explotación, trabajadora migrante de bajos recursos que cumplía órdenes sin capacidad de decisión ni beneficio alguno.
La condena se impuso en suspenso, por lo que no irá a prisión. Además, la magistrada ordenó que pague la suma de 300 mil pesos al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado por la Ley 26.364 y administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Ese fondo de reparación se nutre de las multas, decomisos y contribuciones impuestas en causas por trata y explotación, y tiene como objetivo financiar la asistencia, reinserción y reparación de las víctimas. Los recursos se destinan a cubrir alojamiento, atención médica, apoyo psicológico, capacitación laboral y otras medidas de restitución de derechos.
