Participaron de una jornada de capacitación en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en la que analizaron antecedentes históricos, conflictos procesales en investigaciones digitales y las herramientas jurídicas disponibles para enfrentar mensajes discriminatorios en internet.
Este jueves, en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, se llevó a cabo una jornada de capacitación para magistrados, funcionarios y especialistas destinada a analizar las consecuencias jurídicas de los discursos de odio en entornos digitales y el rol del Estado frente a la proliferación de mensajes discriminatorios en redes sociales y plataformas digitales.
La organización del evento estuvo a cargo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) y la delegación mendocina de la DAIA.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del camarista federal Juan Ignacio Pérez Curci, quien invitó a reflexionar sobre el valor del lenguaje como herramienta de construcción democrática y advirtió sobre “el enorme peligro” que representa cuando la palabra se convierte en un vehículo para la violencia.
Por su parte, el presidente de la AAJRA, Hernán Najenson, sostuvo que el discurso de odio constituyó “el cimiento ideológico” de algunas de las mayores tragedias del siglo pasado y recordó que ese tipo de construcciones discursivas fueron el antecedente directo de los crímenes que posteriormente debieron ser juzgados en los tribunales de Núremberg.
En tanto, el abogado Agustín Ulanovsky analizó antecedentes y criterios jurisprudenciales vinculados a expresiones discriminatorias dentro del ámbito universitario. Durante su exposición repasó distintos casos y abordó los desafíos que enfrentan las instituciones académicas al momento de compatibilizar la libertad de expresión con la protección de derechos fundamentales.
Por su parte, el penalista Andrés Mexadeau se enfocó en una de las cuestiones más frecuentes que enfrentan actualmente los tribunales: las dificultades para investigar hechos ocurridos en las redes sociales. En ese marco, analizó los conflictos de competencia territorial y material que suelen surgir cuando las publicaciones denunciadas se difunden a través de redes sociales con alcance nacional o internacional.
Uno de los momentos más destacados del encuentro estuvo a cargo de la abogada Claudia Ostropolsky, quien abordó las consecuencias institucionales que pueden derivarse cuando quien emite un discurso de odio es un integrante del Poder Judicial.
Tomando como referencia el reciente proceso de remoción del juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, la letrada afirmó que “una red social abierta no constituye un ámbito privado” y explicó que las manifestaciones realizadas en esos espacios pueden generar responsabilidades institucionales.
También sostuvo que la causal de mal desempeño no requiere necesariamente la existencia de un delito penal, sino que puede configurarse cuando un magistrado “subvierte su rol de garante de la Constitución” mediante expresiones discriminatorias incompatibles con los principios de imparcialidad e igualdad ante la ley.
Por último, Fernando Freddi, abogado y especialista en Derecho Penal y en Administración de Justicia, repasó antecedentes recientes de la Cámara Federal de Mendoza vinculados a denuncias por incitación a la discriminación.
La jornada contó además con la participación de jueces federales de la jurisdicción, autoridades del Colegio de Abogados de Mendoza, representantes de la DAIA y el cónsul honorario de Israel en la provincia.
