El fiscal federal Ramiro González consideró que los hechos atribuidos a la hermana del Presidente carecen de relevancia procesal, porque la compulsa aún está en trámite y no hubo adjudicación. Se descarta que, ante la falta de acusación, el juez Sebastián Ramos archivará la denuncia.
La diputada nacional Marcela Pagano denunció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por presuntas irregularidades en la licitación convocada para contratar el servicio de mantenimiento, jardinería y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno.
La legisladora apuntó a que dos de las firmas oferentes (La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Grub S.A.) integrarían un mismo grupo económico, según un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que, por lo tanto, su participación simultánea como oferentes independientes configuraría una simulación de competencia que podría perjudicar al Estado.
En su escrito, ahora desestimado por el fiscal González por “inexistencia de delito”, le imputaba a Karina Milei haber incumplido la “obligación legal de verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen”.
En sucesivas ampliaciones de denuncia, la legisladora cuestionó designaciones en la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, que responderían a un “esquema sistemático de apropiación de recursos estatales para fines privados de la familia Milei, encubierto mediante la creación de cargos ficticios y la asignación de remuneraciones millonarias a personas sin antecedentes profesionales”.
El dictamen fiscal
González, sin embargo, consideró que los hechos “no exhiben, al menos de momento, indicios que permitan sostener la existencia de una conducta penalmente relevante”, tras verificar que la licitación se encontraba en una etapa preliminar: sólo se había producido la apertura de ofertas y la Comisión Evaluadora aún no había emitido su dictamen. “No existe a la fecha dictamen de evaluación, recomendación de adjudicación ni adjudicación alguna dispuesta por la autoridad competente”, señaló.
Sobre esa base argumentó que la mera presentación de ambas firmas no constituye por sí misma una irregularidad, dado que “ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura”; en cuanto a los planteos sobre designaciones y presuntos vínculos familiares, el fiscal los consideró ajenos al objeto de la denuncia original y señaló que la hipótesis denunciada “aparece construida sobre circunstancias futuras e inciertas, que presuponen que las ofertas cuestionadas serán evaluadas favorablemente y eventualmente adjudicadas, extremo que no sólo no ha ocurrido sino que todavía debe ser objeto de análisis por el cuerpo especializado pertinente”.
El fiscal añadió que si el juez Sebastián Ramos lo estimara pertinente, esos planteos podrían dar lugar a una investigación autónoma.
