¿Qué piensan los abogados del Poder Judicial? Una encuesta reveló las principales quejas: demoras, honorarios y vacantes sin cubrir

Un relevamiento a más de dos mil letrados, realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, expuso los principales problemas que aquejan a la Justicia porteña.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal realizaron un profundo diagnóstico del funcionamiento del sistema judicial, basándose en la opinión de los abogados que litigan en los tribunales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio se basó en una encuesta anónima, voluntaria y autoadministrada, respondida por 2.118 letrados entre agosto y septiembre de 2025.

Las consultas fueron realizadas bajo cinco ejes temáticos: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de jueces y juezas, regulación de honorarios profesionales y comunicación con los juzgados y tribunales. Además, incluyó dos preguntas generales vinculadas con el nivel de satisfacción con el sistema de justicia y con la independencia judicial.

En materia de satisfacción general, el promedio de las respuestas fue de 5 puntos sobre 10. En cuanto a la independencia del sistema judicial, el promedio se ubicó en 4,6 puntos, con una media de 5, y una mayor concentración de respuestas en valores medios.

Uno de los principales focos del relevamiento estuvo puesto en los tiempos de tramitación de las causas. El 75% de los abogados y abogadas encuestados calificó los plazos como “lentos” (30,5%) o “muy lentos” (47,1%). Las demoras fueron atribuidas principalmente a la falta de eficiencia del personal judicial (64,6%) y a problemas de organización interna (42,9%).

Al referirse a este punto, el presidente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra, señaló que “hay soluciones técnicas para eso, sin perjuicio de la increíble omisión del Ejecutivo respecto del 40 por ciento de las vacantes, que impide que el sistema funcione”.

El informe también relevó la percepción sobre la duración de los procesos judiciales. La mayoría de los profesionales estimó que una causa demora entre 2 y 4 años desde su inicio hasta la sentencia definitiva, mientras que una proporción significativa consideró que los plazos se extienden entre 5 y 7 años, especialmente en los fueros Laboral, de la Seguridad Social y Criminal y Correccional Federal.

Otro de los puntos destacados del informe es la regulación de los honorarios profesionales. Más del 40% de los matriculados encuestados consideró que los montos fijados por los tribunales se encuentran por debajo de los parámetros legales, una percepción que se repitió en los distintos fueros. Sobre este aspecto, Gil Lavedra afirmó que “surge clara la enorme preocupación de los y las colegas por la falta de respeto de los jueces y juezas a los parámetros legales en la regulación de honorarios, aspecto por el que el Colegio Público reclama insistentemente”.

En relación con el desempeño judicial, el 79% de los encuestados dijo haber observado situaciones que podrían constituir mal desempeño, entre ellas demoras excesivas, falta de aplicación de la normativa vigente y parcialidad en las decisiones. Frente a esos episodios, la mayoría optó por presentar quejas dentro del expediente, mientras que solo un 3,5% recurrió al Consejo de la Magistratura. Un 35,5% manifestó no haber impulsado ninguna acción, principalmente por considerar que no tendría efectos concretos o por temor a represalias.

La codirectora de ACIJ, Celeste Fernández, subrayó que “la voz de abogadas y abogados es clave para repensar nuestro sistema de justicia: sus fortalezas, sus debilidades, sus desafíos y las áreas de mejora que deben considerarse prioritarias”, y agregó que “el Poder Judicial solo podrá cumplir su misión si se dispone a escucharlas”.

Finalmente, Gil Lavedra remarcó que “hay que mejorar la opinión sobre la calidad de las resoluciones judiciales” y sostuvo que “con las limitaciones de todo relevamiento de opinión, la consulta a la abogacía sobre el funcionamiento de la justicia que hicimos con ACIJ revela que tenemos que seguir trabajando muy fuerte para fortalecerla”.

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