El acuerdo entre Nación y Ciudad pone en ejecución compromisos firmados en 2018 y busca ordenar el alojamiento de detenidos federales, descomprimir comisarías y avanzar en la desocupación de la cárcel de Devoto.
El Gobierno nacional y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires firmaron un acta de entendimiento clave en materia penitenciaria que establece que, durante el primer cuatrimestre del año, la Ciudad entregará a la Nación la nueva cárcel federal de Marcos Paz, actualmente en su etapa final de construcción. El traspaso permitirá desocupar la cárcel de Villa Devoto, conforme a los convenios interjurisdiccionales firmados en marzo y agosto de 2018, y avanzar en una reorganización estructural del sistema de alojamiento de personas privadas de la libertad.
El acuerdo se inscribe en una estrategia conjunta orientada a aumentar las plazas disponibles en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y a descomprimir comisarías y alcaidías porteñas, uno de los puntos más críticos del sistema de seguridad urbana. La nueva unidad de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 detenidos y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad exigidos por la normativa nacional e internacional.
Además del traspaso de Marcos Paz, el entendimiento contempla medidas complementarias de corto plazo: la instalación de módulos de alojamiento dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19 de Ezeiza, lo que permitirá sumar hasta 400 plazas permanentes adicionales al sistema federal.
El acta fue suscripta por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Según destacaron las autoridades, el objetivo es ordenar el alojamiento de detenidos, reducir la sobrepoblación en dependencias policiales y fortalecer la capacidad operativa del SPF, dentro de los marcos normativos vigentes.

Supervisión de obras y relanzamiento del proyecto
Este miércoles por la mañana, Jorge Macri supervisó el avance de las obras en el predio de 80 hectáreas donde se levanta el Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó el jefe de Gobierno, y agregó: “Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto y avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”.
Durante la recorrida estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.
Las obras habían permanecido paralizadas durante cinco años y fueron reactivadas en diciembre de 2024, en el marco de la actual gestión porteña. El complejo contará con cuatro unidades, edificios de administración, programas y servicios, un comando de seguridad interna, área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, sectores de visita, gimnasio y un espacio educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.
El diseño incluye también un distribuidor de raciones alimentarias y un campus de alojamiento organizado en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y espacios para huertas, en línea con un enfoque de tratamiento penitenciario integral. Cabe mencionar, además, que la ciudad de Buenos Aires ya tiene Servicio Penitenciario propio.




Un punto de inflexión en la política penitenciaria
La entrega de la cárcel de Marcos Paz y la consecuente desocupación de Devoto marcan un punto de inflexión en una discusión de larga data sobre el sistema penitenciario en áreas urbanas densamente pobladas. Para la Nación y la Ciudad, el acuerdo no sólo apunta a resolver una urgencia operativa, sino también a reordenar competencias, infraestructura y estándares de detención, en un escenario atravesado por fallos judiciales, reclamos vecinales y exigencias en materia de derechos humanos.
En ese marco, Marcos Paz aparece como la pieza central de una arquitectura penitenciaria que busca salir del parche coyuntural y avanzar hacia una solución estructural, con impacto directo en la seguridad, la gestión penitenciaria y la vida cotidiana de la Ciudad.
