El presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino deberán declarar por presunta apropiación indebida de aportes por más de 19 mil millones de pesos. La entidad negó irregularidades y calificó la medida como “prematura”.
El avance de la causa contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino dio un paso clave en las últimas horas: el juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y les prohibió salir del país, en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y previsionales por más de 19.353 millones de pesos.
La resolución, dictada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), alcanza también a otros integrantes de la comisión directiva de la entidad y fija un cronograma de audiencias que comenzará el 5 de marzo, cuando deberán presentarse la AFA como persona jurídica y su titular, mientras que el tesorero fue convocado para el día siguiente.
En su decisión, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para avanzar en esta etapa procesal y advirtió sobre la gravedad de los hechos investigados y las posibles consecuencias penales, por lo que dispuso además la prohibición de salida del país para todos los imputados.
La causa se originó a partir de una denuncia que sostiene que la AFA habría retenido sumas correspondientes a impuestos y contribuciones a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin depositarlas dentro de los plazos legales. El expediente menciona decenas de hechos y detalla montos vinculados a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes previsionales.
Por su parte, la conducción de la entidad rechazó de manera categórica las acusaciones y cuestionó el llamado a indagatoria. En un comunicado oficial difundido esta mañana, la AFA sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia” y afirmó que esos compromisos fueron cancelados.
Según el descargo, “el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento”, por lo que la institución entiende que no existe incumplimiento alguno. En ese sentido, agregó que esta situación forma parte de un planteo que ya fue presentado ante la Justicia y que se encuentra pendiente de revisión.
La entidad también apuntó contra el organismo recaudador al señalar que “pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario”.
En el mismo comunicado, la AFA sostuvo que el llamado a indagatoria carece de sustento jurídico en esta etapa del proceso y afirmó que “resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”, al tiempo que remarcó que se trata de la única asociación civil denunciada en condiciones similares.
En paralelo, la defensa de la institución apeló la negativa judicial a dictar el sobreseimiento, por lo que la cuestión será revisada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
