El estudio de la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal analizó 231 expedientes iniciados entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. El perfil de los imputados, los delitos más frecuentes y el nivel de cumplimiento de las reglas de conducta.
Un informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación analizó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba -una medida conocida también como probation- en causas vinculadas con violencia de género tramitadas en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
El estudio fue elaborado por la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal (UFIMAPP), a cargo de María Ángeles Ramos, y examinó 231 expedientes registrados entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Según el relevamiento, esos casos representan el 7,8% del total de legajos en los que se concedió la suspensión del proceso a prueba en ese fuero durante el período analizado.
Perfil de los imputados
El informe describe las características de las personas que accedieron a este acuerdo y destaca que las 231 personas imputadas son varones, en su mayoría de entre 33 y 42 años, de nacionalidad argentina y residentes en la ciudad de Buenos Aires. En muchos casos se trata de trabajadores por cuenta propia no calificados que completaron la educación básica obligatoria.
El estudio destaca además que el perfil etario de estos imputados difiere del observado en el universo general de la probation, donde predominan personas más jóvenes, de entre 18 y 32 años.
Otro dato relevante es el vínculo entre las partes: en el 82,3% de los casos existía una relación previa entre imputado y víctima. Dentro de ese universo, casi la mitad correspondía a parejas o exparejas, lo que evidencia el peso de los vínculos afectivos en este tipo de expedientes.
Los delitos más frecuentes
Los delitos contra la libertad encabezan la lista con el 41,7% de los casos, principalmente por amenazas simples o agravadas.
En segundo lugar aparecen los delitos contra la integridad sexual, que representan el 35,7% de los expedientes, con predominio de abuso sexual simple y agravado.
En menor proporción se registraron delitos contra la administración pública (11,1%), especialmente atentado y resistencia a la autoridad, y delitos contra las personas (7,3%), en su mayoría lesiones leves o agravadas.
Reglas de conducta
En más de la mitad de los casos (56%) los plazos de supervisión fueron iguales o menores a dos años. Entre las reglas más habituales aparece la obligación de fijar residencia, presente en el 99,6% de los expedientes.
Otra medida frecuente fue la participación en programas o talleres de intervención, dispuesta en el 79,6% de los casos. Dentro de ese grupo, la mayoría de las resoluciones incluyó dispositivos específicos para el abordaje de la violencia de género y la prevención de conductas violentas.
Cumplimiento de las condiciones
El estudio también analizó un conjunto de 119 legajos en los que el período de supervisión de la probation ya había finalizado. En ese universo, el 80% de las personas imputadas cumplió las reglas de conducta impuestas, mientras que el 12% registró incumplimientos. En un 7% de los casos todavía no se había adoptado una resolución definitiva al momento del cierre del análisis.
Según la UFIMAPP, la sistematización de estos datos busca medir el alcance del instituto, generar información comparable y contribuir al diseño de propuestas para mejorar el tratamiento judicial de los casos de violencia de género.
