La fiscalía detectó que un condenado habría presentado constancias apócrifas -que en realidad completó su ex pareja- para acceder a beneficios. El caso reabre alertas sobre el uso de documentación falsa en procesos judiciales.
Una causa por violencia de género en Puerto Madryn abrió una nueva línea de investigación que pone el foco en el uso de documentación presuntamente falsa dentro del sistema de ejecución penal. Es que el Ministerio Público Fiscal habría descubierto que un hombre que está detenido presentó certificados de cursos que no realizó para obtener una reducción en los plazos de acceso a beneficios.
De acuerdo con la presentación del procurador Fernando Blanco, las constancias correspondían a distintas capacitaciones vinculadas a oficios y habilidades, pero la investigación sostiene que no fueron cursadas por el imputado sino por su expareja, quien además había sido víctima en el proceso que derivó en su condena.
La maniobra habría tenido un objetivo concreto: acceder al denominado “estímulo educativo”, previsto en la Ley 24.660, que permite acortar tiempos para salidas transitorias en función de actividades formativas acreditadas durante el encierro. En base a esa documentación, una jueza le otorgó una reducción de dos meses, aunque luego se detectaron inconsistencias que motivaron la intervención fiscal.
El hecho fue encuadrado de manera provisoria como uso de instrumento público falso, una figura que sanciona la utilización de documentación adulterada con conocimiento de su falsedad y que impacta directamente sobre la fe pública y el funcionamiento del sistema judicial.
La investigación ahora busca determinar cómo se generaron esos certificados, cuál fue el grado de conocimiento del imputado sobre su origen y si existieron otras personas involucradas en la maniobra.
El caso de las tres psicólogas
La investigación recuerda un caso reciente en la provincia de Santa Fe, donde un grupo de siete padres denunció a tres psicólogas por la presunta elaboración de informes falsos en causas por abuso sexual infantil.
Según la presentación, esos dictámenes habrían tenido un impacto directo en decisiones judiciales que derivaron en la interrupción del vínculo entre los denunciantes y sus hijos, pese a que en varios casos las acusaciones fueron desestimadas o concluyeron con absoluciones.
La denuncia, que quedó a cargo de la fiscal Guillermina Aiello, plantea la posible existencia de una estructura organizada y apunta a delitos como asociación ilícita, falso testimonio agravado y corrupción de menores. Entre los cuestionamientos centrales aparece la reiteración de patrones en los informes y la utilización de metodologías que, según sostienen, habrían condicionado los relatos de los niños.
