Integrantes del Consejo de la Magistratura y representantes de la Corte Suprema de Justicia expusieron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que valoró las capacidades técnicas del Poder Judicial pero advirtió sobre obstáculos en la aplicación de la ley.
Distintos representantes del Poder Judicial expusieron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el marco de la evaluación sobre la implementación de la Convención contra el Soborno Transnacional, un proceso en el que se reconocieron avances, aunque también señalaron demoras y limitaciones en la persecución de estos delitos.
El encuentro fue encabezado por el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), Juan Tomás Rodríguez Ponte, y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, quienes intervinieron en las sesiones plenarias del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales realizadas entre el 16 y el 19 de marzo pasado.
Durante las reuniones se debatió el informe de evaluación del país, que cerró un proceso iniciado en 2024 y que fue elaborado con la participación de distintas áreas del Estado, coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese ámbito, Díaz Cordero y Rodríguez Ponte, junto a jueces y juezas federales, presentaron evidencias vinculadas a investigaciones complejas que permitieron mostrar avances en la aplicación del marco internacional.
El informe destacó la experiencia de magistrados en causas económico-financieras y valoró la finalización en 2025 del primer caso de cohecho transnacional con una persona física. También puso en relieve las políticas de publicidad de las decisiones judiciales impulsadas por la Corte Suprema.
En la instancia de evaluación in situ participaron los jueces Diego Barroetaveña, Roberto Boico, Karina Perilli, Sabrina Namer, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez De Giorgi, Julián Ercolini y Santiago Inchausti, cuya intervención fue destacada por el equipo evaluador.
El documento también resaltó el trabajo de la DAJuDeCO y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conducida por Diego Velasco, así como la articulación con el Ministerio Público Fiscal, representado por Luis Arocena, al señalar que estos organismos “han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional”.
En paralelo, se valoraron los avances del Consejo de la Magistratura en la cobertura de vacantes mediante concursos y en la implementación de capacitaciones específicas para el sistema judicial.
Sin embargo, el informe advirtió que la Argentina continúa enfrentando obstáculos para la detección y sanción del soborno extranjero, entre ellos demoras en la tramitación de causas y dificultades para avanzar contra personas jurídicas en el marco de la legislación vigente.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE, integrado por 46 países, supervisa el cumplimiento de la Convención mediante un sistema de evaluación por pares.
