La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Agustina Kämpfer en una causa por lavado de dinero

La Sala Primera del Tribunal rechazó la pretensión de la Unidad de Información Financiera (UIF), que buscaba que se revocara el sobreseimiento dictado a su favor en febrero pasado por el juez Ariel Lijo.

Después de más de diez años de trámite judicial, la Cámara Federal puso punto final a la investigación por lavado de dinero que tuvo como protagonista a la periodista Agustina Kämpfer, quien en 2010 compró un departamento en la calle Bonpland, en el barrio de Palermo, por 120 mil dólares, cuyo origen, según la denuncia, era ilícito y no podía justificar.

En febrero pasado el juez Ariel Lijo la sobreseyó aceptando el argumento de que el hermano de Amado Boudou, por entonces vicepresidente y pareja de la periodista, le había prestado 90 mil dólares. El resto del dinero correspondía a ahorros propios que pudo demostrar.

La Unidad de Información Financiera apeló esa decisión pero los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron el criterio de primera instancia porque estimaron que había pruebas suficientes de que el hermano de la entonces pareja de Kämpfer le había facilitado la mayor parte del dinero y que podía explicar el origen de los fondos a partir de la venta de un inmueble en la localidad de Martínez.

En cuanto a la falta de documentación de ese préstamo por parte del hermano del ex vicepresidente, los camaristas estimaron que la relación casi familiar que existía entre ellos por entonces hacía innecesaria la firma de un mutuo o una herramienta similar entre las partes.

Sin embargo, sí evaluaron como probada la devolución de ese monto por parte de la periodista, que se concretó a través de transferencias bancarias y depósitos que se revelaron en las pericias contables dispuestas por Lijo durante la extensa instrucción.

Con estos elementos a la vista, los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal desestimaron los intentos de la UIF para mantener a Kämpfer vinculada a la causa por presunto lavado de activos, ante la falta de elementos que sustentaran la hipótesis de un origen espúreo del dinero con el que se pagó el departamento de Palermo hace 16 años.

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