El gendarme argentino, que estuvo detenido 448 días en Venezuela, pidió ser reconocido como víctima directa en el expediente que investiga al régimen chavista bajo el principio de jurisdicción universal.
El gendarme Nahuel Gallo, quien recuperó su libertad el pasado 30 de marzo, pidió ser tenido como parte querellante en la causa contra Nicolás Maduro y otros 16 jerarcas del chavismo -entre los que no figura la actual presidente Delcy Rodríguez- que iniciaron en el Juzgado Federal 2 un grupo de ciudadanos venezolanos que denunciaron haber sido objeto de torturas y vejámenes.
La causa judicial se originó a partir de denuncias por desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela, hechos que, segùn los denunciantes, fueron ordenados sistemáticamente por el régimen encabezado por Nicolás Maduro Moros.
Los querellantes, patrocinados por el abogado Tomás Farini Duggan invocaron el principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que los presuntos delitos se juzguen en nuestro paìs.
Es a ese grupo de denunciantes al que se sumó hoy Nahuel Gallo, a quien el régimen chavista acusó de actividades de espionaje, mantuvo 448 días ilegalmente detenido, sin asistencia legal ni sanitaria, sometido a torturas psicológicas y a un trato inhumano que él mismo fue incapaz de describir en una conferencia de prensa que brindó cuando volvió a la Argentina.
Relató que estuvo en la prisión El Rodeo 1. “No es un lugar muy bueno. Es un lugar de bastantes torturas psicológicas. Hay extranjeros secuestrados, eso es lo que éramos, y hasta el último día éramos ficha de cambio. (…) Sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no está libre”, dijo Gallo.
En ese encuentro con los periodistas, el gendarme afirmá que les había prometido a todos sus compañeros de prisión que, si salía, pelearía por ellos. Entre los detenidos se cuenta el abogado Germán Giuliani, preso desde hace un año, incomunicado y sin asistencia consular, cuyo caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El juez Sebastián Ramos lo citó a prestar declaración testimonial antes de su presentación como querellante, pero la Gendarmería le hizo saber que aún no está en condiciones fìsicas ni psicológicas de responder preguntas y ahondar en sus recuerdos.
En el marco de este expediente, la Cámara Federal le ordenó a Ramos que pidiera la extradición de Maduro para tomarle declaración indagatoria; fuentes judiciales informaron que la solicitud recorrió los caminos diplomáticos que corresponden y ya está en poder de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, equivalente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.
Jurisdicción universal: la clave del expediente
La causa en la Argentina se inició en enero de 2023 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), invocando el principio de jurisdicción universal en materia de derechos humanos.
Ese principio permite a los tribunales nacionales investigar y juzgar delitos de extrema gravedad -como genocidio o crímenes de lesa humanidad- aun cuando hayan sido cometidos fuera del territorio nacional y sin conexión directa con el país.
