Un juez fueguino fue allanado y sometido a una causa penal después de que el sistema de detección de Google reportara imágenes de abuso infantil almacenadas en su cuenta. Las pericias acreditaron que el material databa de una investigación judicial que él condujo en 2016. Fue sobreseído, pero Google borró su cuenta antes de que pudiera preservar la evidencia.
En abril de 2025, el juez de Tierra del Fuego A.L. hizo un respaldo de su computadora institucional hacia su cuenta personal de Google Drive. Durante la transferencia, el sistema automatizado de la empresa detectó material de abuso sexual infantil y ese mismo día suspendió la cuenta y realizó un reporte al National Center for Missing and Exploited Children de Estados Unidos a través del sistema CyberTipline.
Ese alerta derivó en la apertura de una causa penal en Tierra del Fuego por presunta infracción al artículo 128 del Código Penal, que reprime la producción, financiación, distribución y tenencia de representaciones de menores en actividades sexuales.
En junio de 2025 se ejecutaron allanamientos en el domicilio particular del magistrado y en su despacho en la Cámara de Apelaciones. Las pericias informáticas que siguieron determinaron que los archivos detectados por Google habían quedado almacenados en el equipo en 2016, cuando A.L. se desempeñaba como juez de instrucción e investigaba precisamente una causa por distribución de ese tipo de material.
En octubre de 2025 el magistrado fue sobreseído. La resolución reconoció que el material había sido conservado en ejercicio de funciones jurisdiccionales y sin dolo, pero aún así Google le eliminó definitivamente su cuenta, por lo que el juez inició una denuncia penal contra la compañía, argumentando que la detección y el reporte no fueron el resultado de un proceso técnico automatizado sino una secuencia de actos dolosos destinados a sostener una incriminación falsa.
A.L. sostuvo que Google ignoró los descargos que presentó, ocultó pruebas exculpatorias ante los tribunales y finalmente destruyó la evidencia digital que acreditaba su inocencia al eliminar la cuenta.
El juez federal porteño de primera instancia que recibió la denuncia se declaró incompetente territorialmente y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Ushuaia, por considerar que los hechos estaban vinculados a esa ciudad.
La defensa del camarista apeló, argumentando que el lugar donde los delitos se consumaron no fue Ushuaia sino territorio estadounidense o la ciudad de Buenos Aires, donde operan los nodos institucionales -la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas y Missing Children Argentina- a través de los cuales el reporte de Google ingresó al sistema judicial argentino.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó la declaración de incompetencia, fundándose en que la investigación se encuentra en una etapa todavía incipiente y que no están suficientemente determinados los hechos, su calificación jurídica ni los eventuales responsables.
Por eso resolvió que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de Buenos Aires debe continuar interviniendo, al menos hasta conformar un marco mínimo de conocimiento que permita, si fuera necesario, revisar la cuestión de competencia.
