En un comunicado oficial, la Procuración del Tesoro informó que la decisión implica la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos tras un planteo de la CGT. También insistió en que el caso debe tramitar en el fuero contencioso administrativo.
En medio de la disputa judicial por la reforma laboral, el Gobierno nacional salió a fijar posición con un comunicado oficial en el que aseguró que la normativa recuperó plena vigencia tras la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
“La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha resuelto que la Ley de Modernización Laboral 27.802 tiene plena vigencia”, anunció la Procuración del Tesoro de la Nación, en un texto difundido en sus redes sociales.
El conflicto se originó luego de que el juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, dictara una medida cautelar que suspendió provisoriamente la aplicación de más de 80 artículos de la ley, a partir de un planteo impulsado por la CGT.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Estado apeló esa decisión, pero en una primera instancia el recurso fue concedido con efecto “devolutivo”, lo que implicaba que la norma continuaba suspendida mientras avanzaba el trámite judicial.
Frente a ese escenario, el Gobierno presentó un recurso de queja para modificar ese criterio. “Este recurso fue resuelto favorablemente, lo que significa que queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional” , remarcó la Procuración.
En paralelo, el Ejecutivo cuestionó la intervención del fuero laboral en el caso y volvió a plantear la discusión sobre la competencia. “La competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en esta materia está siendo fuertemente cuestionada por el gobierno”, indicó el organismo.
Según se detalló, desde el inicio se promovió que la causa tramite en el fuero contencioso administrativo federal, donde el Juzgado CAF 12 ya había dictado una resolución “favorable al Estado Nacional” y asumido la competencia.
Sin embargo, el juez Ojeda decidió no remitir el expediente. En ese sentido, el comunicado sostuvo que el magistrado “se negó a remitir la causa omitiendo aplicar las normas vigentes y contrario a la orden efectuada”, al tiempo que elevó el conflicto a la Cámara del Trabajo.
El Gobierno también informó que continúa impulsando la revisión del caso ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal per saltum, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga en la controversia.
En ese marco, defendió el proceso de sanción de la reforma y su implementación. “El Gobierno Nacional ha trabajado incansablemente para garantizar la implementación de una reforma que atravesó el debido proceso de debate, sanción y promulgación”, afirmó la Procuración.
