Por Agustina Díaz Cordero *
Hay debates que ya no pueden plantearse en términos de urgencia coyuntural, porque describen problemas estructurales. La violencia contra niños, niñas y adolescentes es uno de ellos. No se trata de hechos aislados ni de episodios excepcionales: se trata de una realidad persistente, muchas veces invisible, que ocurre en ámbitos familiares, en entornos cercanos y, cada vez más, también en el mundo digital.
Pero acaso el rasgo más inquietante de esta violencia es que muchas veces no deja huellas visibles. No se expresa necesariamente en marcas físicas, pero sí en daños profundos sobre el desarrollo emocional y psicológico. El trauma en los niños, especialmente cuando deriva de exposición sostenida a situaciones violentas, puede ser interpretado por un cerebro en desarrollo como una amenaza constante, con consecuencias severas, incluso bajo formas de estrés postraumático. Frente a ese diagnóstico, el verdadero desafío no es solamente sancionar después, sino dejar de llegar tarde.
Una justicia que intervenga antes
Durante décadas, buena parte de la respuesta judicial estuvo organizada bajo una lógica reactiva: actuar una vez consumado el daño. Pero hoy esa respuesta resulta insuficiente. La complejidad de los casos atravesados por desigualdad, dependencia y extrema vulnerabilidad exige una justicia distinta: más humana, más ágil, más especializada, pero sobre todo capaz de detectar antes e intervenir antes. Esa discusión no es abstracta. Tiene traducción institucional concreta.
En ese sentido, la creación en 2023 del Cuerpo Interdisciplinario Forense por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituyó un avance significativo. No solo por incorporar psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales a la respuesta judicial, sino porque reconoce que los fenómenos de violencia y vulnerabilidad no pueden comprenderse únicamente desde una mirada jurídica. Una intervención integral ya no es una opción complementaria; es parte central de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, reconocer avances no implica desconocer déficits.
La estructura judicial sigue mostrando signos de agotamiento. La existencia de apenas 24 juzgados de familia, diseñados bajo una realidad social radicalmente distinta —la de fines de los años ochenta—, contrasta con un presente atravesado por una expansión exponencial de conflictividad y judicialización. El aumento de causas absorbidas por esos tribunales, que se ha incrementado en más de 462 por ciento desde entonces, no es un dato técnico: es la evidencia de un sistema tensionado por demandas para las cuales ya no alcanza. Y cuando se trata de niños, esa insuficiencia tiene consecuencias directas.
Una porción significativa de los casos que tramitan en estos fueros proviene de denuncias, muchas de ellas derivadas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Ese volumen no sólo expresa cantidad; expresa gravedad. Y confirma que ampliar juzgados especializados no es una reforma burocrática, sino una condición para responder a tiempo.
Por eso cobran relevancia iniciativas legislativas orientadas a fortalecer esa estructura, como los proyectos que impulsan nuevos juzgados de familia especializados. Porque en este terreno la demora judicial no es un mero problema de gestión: puede convertirse en daño irreparable.
El perfil del juez también está en discusión
Pero la discusión no se agota en recursos y estructuras. También interpela la formación de quienes deben decidir. Pensar hoy la función judicial exclusivamente desde el conocimiento técnico del derecho resulta insuficiente. Juzgar en contextos de vulnerabilidad exige competencias específicas: escucha activa, comprensión de trayectorias atravesadas por violencia, perspectiva de niñez, discapacidad, género y acceso real a justicia.
No es casual que se planteen reformas en los mecanismos de selección de magistrados para incorporar capacitaciones obligatorias en estas materias. Detrás de esa propuesta hay una idea más profunda: cambiar el perfil del juez. Porque aplicar normas no equivale necesariamente a comprender a las personas sobre las que esas normas inciden. Y en casos de niñez, esa diferencia es decisiva.
Escuchar a un niño no es escuchar a un adulto. Exige otras herramientas, otras sensibilidades, otras garantías. De cómo se escucha puede depender cómo se protege.
La nueva frontera: violencia en entornos digitales
Si los desafíos tradicionales son enormes, los emergentes agregan capas nuevas de complejidad. La niñez ya no transcurre solamente en el espacio físico. También se desarrolla en entornos digitales, donde aparecen formas de violencia que hasta hace pocos años tenían escasa visibilidad jurídica: grooming, ciberacoso, difusión no consentida de imágenes, exposición indebida en redes.
Pero hay además un fenómeno más silencioso y menos discutido: la construcción de identidades digitales de niños sin su consentimiento, con posibles efectos duraderos sobre privacidad, autonomía e integridad futura. Allí la discusión regulatoria todavía aparece fragmentada.
Existen normas y decisiones judiciales relevantes, incluso fallos que han resuelto en favor de derechos de niños en estos contextos, pero persiste la ausencia de una regulación integral sobre niñez y entorno digital. Y esa carencia empieza a volverse crítica.
De allí la importancia de proyectos que abordan la violencia contra niños, niñas y adolescentes desde una mirada integral e incorporan expresamente la dimensión digital, ampliando incluso el propio concepto de violencia.
El valor de esas iniciativas no radica sólo en sancionar nuevas conductas, sino en desplazar el eje desde la reacción hacia la prevención.
Y allí probablemente se juegue el cambio conceptual más importante.
No más leyes que lleguen después
En materia de niñez, muchas veces las reformas aparecen impulsadas por casos que conmueven. El problema es que una política pública sostenida no puede depender de conmociones episódicas.
Hay una advertencia poderosa en cuestionar la proliferación de “leyes con nombre de niños”. No porque esas respuestas carezcan de valor simbólico o normativo, sino porque suelen surgir después del fracaso institucional.
Lo que se necesita es otra lógica. No leyes que reaccionen al daño consumado, sino sistemas que funcionen antes. Estructuras que detecten a tiempo. Dispositivos que prevengan.
Una justicia que llegue cuando todavía es posible evitar el daño. Ese cambio de paradigma —de lo reactivo a lo preventivo— atraviesa toda la discusión.
El consenso político pendiente
Y naturalmente conduce a una dimensión política. Suele decirse que ciertos acuerdos son difíciles. Pero la experiencia demuestra que cuando existe decisión política, los consensos aparecen.
Lo ocurrido frente al narcotráfico en Santa Fe, con acuerdos interinstitucionales que derivaron en leyes de fortalecimiento, nuevas herramientas y más estructura judicial, es una prueba de ello.
La pregunta es por qué ese mismo nivel de consenso no logra todavía consolidarse cuando lo que está en juego es la protección de los niños.
Si hay un terreno que debería quedar por fuera de divisiones partidarias, es éste.
Porque no se trata sólo de política judicial; se trata de una definición ética sobre prioridades públicas.
Y todavía parece faltar ese paso. Persisten reacciones frente a casos emblemáticos, pero cuesta más construir políticas sostenidas en el tiempo. Sin embargo, sin esa continuidad, la protección termina dependiendo de impulsos circunstanciales. Y eso, frente a niños y adolescentes, es siempre insuficiente.
Proteger a los niños es proteger el futuro
Hay una tendencia a pensar la protección frente a la violencia en términos defensivos: evitar daños. Pero la discusión es más amplia. Proteger la niñez no es sólo impedir vulneraciones. Es garantizar condiciones para el desarrollo con dignidad, autonomía y pleno goce de derechos humanos fundamentales. Implica reconocer que cada intervención temprana puede cambiar una trayectoria de vida.
Implica también asumir que la violencia contra niños, niñas y adolescentes muchas veces es silenciosa, y que mirar para otro lado nunca es neutral. En definitiva, el debate no es sólo cómo responder mejor cuando el daño ya existe. Es cómo construir instituciones para que ese daño no ocurra.
Y allí aparece una idea final tan simple como contundente: si hubo consenso político para enfrentar otras amenazas estructurales, debería existir el mismo consenso para proteger a los niños.
Porque no hay bien público más decisivo. Ni presente más urgente. Ni futuro más importante.
* Jueza Nacional de Familia Nro.23. Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación.
