La Sala IV del tribunal dispuso ejecutar 84 inmuebles del empresario, uno de la ex Presidente, siete de diversas empresas y 19 que están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en ese expediente.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, desestimaron un planteo de Lázaro Báez y de la ex presidente Cristina Kirchner para posponer las ejecuciones que se resolvieron en la causa por corrupción en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión.
Borinsky quedó en minoría ante sus colegas, puesto que votó en contra de que la medida alcanzara a los bienes de los hijos de Cristina Kirchner, pero sus colegas entendieron que “el decomiso no tiene por objeto castigar a los responsables del delito, sino neutralizar los efectos patrimoniales que de él se derivan y restablecer el equilibrio jurídico y económico vulnerado”.
Hornos y Barroetaveña añadieron que “el derecho de propiedad sólo existe en la medida en que ella sea adquirida a través de los medios que el derecho permite. Por lo tanto, la propiedad adquirida en base a la comisión de hechos ilícitos (los propios o los de un tercero) está viciada en su origen y, en consecuencia, no puede sostenerse válidamente un derecho respecto de ésta”.
La justificación del decomiso de bienes de los hermanos Máximo y Florencia Kirchner se fundamentó en el voto de mayoría, también en que ambos se beneficiaron del entramado de corrupción que unió a su familia con el dueño de Austral Construcciones: “El dinero ilícitamente obtenido […] no sólo generó ganancias para Lázaro Antonio Báez sino también beneficios indirectos para la familia Kirchner, ‘quienes participaron de negocios compartidos con aquél exactamente durante los años en que se ejecutó la maniobra criminal’”.
Asimismo, el tribunal abordó la dificultad técnica de rastrear fondos líquidos a lo largo de los años, pero ratificó que no se exige una trazabilidad imposible, ya que basta con una “vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial injustificado y la maniobra de defraudación al Estado.
Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados por administración fraudulenta por el Tribunal Oral Criminal Federal 2 el 6 de diciembre de 2022. La Corte Suprema otorgó firmeza a la sentencia el 10 de junio del año pasado.
