El paquete enviado a la Legislatura incluye un nuevo Código General de Procesos no penales y la creación de una Cámara de Apelaciones Laboral.
Con más de 500 artículos, audiencias orales obligatorias y prohibición expresa de delegar funciones esenciales, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut envió a la Legislatura un paquete de proyectos que busca modificar de manera profunda el funcionamiento de la Justicia provincial.
La iniciativa, presentada como “Reforma Judicial 2026”, comenzó con dos proyectos centrales: un nuevo Código General de los Procesos no penales y la creación de una Cámara de Apelaciones Laboral con competencia provincial y sede en Trelew.
Desde el STJ señalaron que las propuestas apuntan a “optimizar el servicio de justicia en la provincia” y reclamaron que la Legislatura convoque “a los distintos operadores del sistema” para debatir los cambios.
Nuevo Código General de los Procesos
El proyecto más ambicioso es el nuevo Código General de los Procesos (no penales), elaborado por una comisión interpoderes durante los últimos años y cuya redacción final fue entregada al presidente del Superior Tribunal, Andrés Giacomone, por los camaristas Guillermo Walter, Sergio Lucero y María Marta Nieto.
Según los fundamentos incorporados al texto, el nuevo esquema pretende convertirse en una “herramienta legal” que garantice “la real tutela judicial efectiva desde el efectivo acceso a la justicia, como también, el debido proceso legal entendido y proyectado en sus tres estadíos: al inicio con la presentación del caso, durante el proceso y en la ejecución de la resolución judicial, logrado en tiempo razonable”.
Uno de los cambios más relevantes es que el proceso judicial “será oral, público y por audiencias, salvo las excepciones expresamente previstas”. Además, el proyecto establece que “la jueza o el juez siempre deberá intervenir personalmente en las audiencias y actos esenciales bajo sanción de nulidad insubsanable”.
El texto también fija límites estrictos a la delegación de funciones dentro de los tribunales. “La delegación está prohibida”, señala expresamente la propuesta, que además incorpora la utilización de nuevas tecnologías cuando las partes no puedan comparecer personalmente.
En otro tramo, el proyecto sostiene que “el proceso debe desarrollarse con celeridad y economía” y agrega que “los plazos son perentorios y su vencimiento impide la realización del acto omitido”.
La reforma también pone el foco en el modo en que se redactan las resoluciones judiciales. El texto dispone que “las actuaciones y resoluciones judiciales deben formularse en lenguaje claro, sencillo y comprensible para el ciudadano” y obliga a los tribunales a garantizar que las personas “comprendan el contenido y alcance de las decisiones”.
Otro de los puntos destacados está vinculado a la publicidad de los expedientes. Según la iniciativa, “las actuaciones judiciales son públicas” y “las decisiones judiciales serán accesibles para la ciudadanía”, salvo excepciones vinculadas a intimidad, datos sensibles o seguridad de las partes.
Cámara de Apelaciones Laboral
El segundo proyecto enviado por el STJ propone crear una Cámara de Apelaciones Laboral con competencia en toda la provincia y asiento en Trelew. La iniciativa contempla tres cargos de juez de Cámara y reemplazará un proyecto anterior que había sido presentado en 2025.
En los fundamentos, el STJ sostuvo que la creación del nuevo tribunal busca “fortalecer el sistema mediante la incorporación de un tribunal de alzada especializado en la resolución de conflictos derivados de las relaciones de trabajo”.
Además, el documento advierte sobre “la creciente complejidad de las relaciones laborales”, el aumento de la litigiosidad y la sobrecarga que actualmente soportan las Cámaras Civiles, que intervienen en múltiples materias.
Según el proyecto, el incremento de causas laborales “ha provocado un incremento sostenido de la cantidad de conflictos” y afectó “la capacidad de dar una respuesta rápida y eficiente”.
La iniciativa también plantea que la nueva Cámara permitiría “unificar criterios en temas de suma relevancia como cálculos indemnizatorios y aplicación de índices de actualización”, evitando demoras derivadas de recursos extraordinarios.
