El abogado Fabricio Guariglia repasa su recorrido desde la Universidad de Buenos Aires hasta la cúpula de la justicia penal internacional, donde participó en la construcción y consolidación de la Corte Penal Internacional. Radicado en Europa desde hace décadas, asegura que “se fue, pero no se alejó”: mantiene un vínculo activo con la Argentina, a la que vuelve cada año para enseñar y aportar desde su experiencia. En esta entrevista, reflexiona sobre los límites del sistema global de persecución penal, el impacto de la guerra en Ucrania, las deudas estructurales de la justicia argentina y un mundo donde el derecho internacional vuelve a estar bajo presión.
¿Cómo fue su recorrido profesional? ¿Cómo se dio ese paso desde la formación en la UBA hacia una carrera internacional tan consolidada en el ámbito del derecho penal y los derechos humanos?
Primero, gracias por el interés y por las gentiles palabras. Mi recorrido es, en realidad, una combinación de casualidades, intereses y curiosidad. Me formé en la Universidad de Buenos Aires durante la transición democrática, en un momento muy particular: el derecho estaba intentando recuperar su calidad académica después de la dictadura. Volvían profesores fundamentales como Guillermo Alchouron, Eugenio Bulygin, Julio Maier, David Baigún, Eugenio Zaffaroni, Marcelo Sancinetti y Guillermo Moncayo. Ese contexto no sólo implicó una renovación interna, sino también una mirada más cosmopolita: empezamos a estudiar derecho comparado, a mirar lo que pasaba en otros países y a entender el derecho como una herramienta de transformación social. Era también la época del Juicio a las Juntas, lo que generó una conciencia muy potente sobre la justicia, la rendición de cuentas y los derechos humanos. Al mismo tiempo, se consolidaban procesos internacionales claves: el crecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, el fortalecimiento del multilateralismo y la expansión de organismos internacionales. Todo eso, visto en retrospectiva, fue como una “sopa primordial” que terminó moldeando mi carrera. Después vinieron las experiencias profesionales. Empecé trabajando como junior en la Secretaría de Justicia durante el gobierno radical, en el proyecto de reforma procesal penal de Julio Maier. Con el cambio político pasé al ámbito privado, y más tarde regresé al Ministerio de Justicia, en la Dirección de Política Criminal. Ahí comencé a involucrarme más directamente en temas internacionales: cooperación jurídica, extradición y, especialmente, el proceso de creación de la Corte Penal Internacional. En paralelo, hice mi doctorado en Alemania, lo que fue una experiencia muy formativa. Me permitió conocer otras formas de pensar el derecho, otros debates y otros métodos académicos, ampliando mucho mi perspectiva. A mi regreso a la Argentina, trabajé intensamente en el proceso de creación de la Corte Penal Internacional junto a Silvia Fernández de Gurmendi, una figura central en ese ámbito. Fue una etapa de mucho trabajo y también de construcción de redes internacionales. En ese contexto surgió la oportunidad de presentarme para un cargo en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Me postulé, gané el concurso y me fui a trabajar a La Haya.
¿Pensaba quedarse afuera del país?
No. Mi idea era tener la experiencia, hacer un par de casos y volver. Me gustaba vivir en Buenos Aires, tenía familia, amigos, me iba bien. Pero a los pocos meses tuve una especie de epifanía: entendí que eso que estaba haciendo era exactamente lo que quería hacer. Descubrí que podía aportar una mirada distinta, con una formación jurídica amplia y comparada, y empecé a trabajar en estrategias de litigio complejas. Con el tiempo, me especialicé en casación y llegué a conformar esa sección para los tribunales de Yugoslavia y Ruanda. En lo personal también hubo cambios importantes: conocí a mi esposa, Helen Duffy, nos casamos, tuvimos nuestro primer hijo, y eso también influyó en la decisión de quedarnos en Europa. Más adelante, en 2004, me incorporé a la Corte Penal Internacional. Primero como fiscal senior en casación y, a partir de 2012, cuando asumió Fatou Bensouda tras la salida de Luis Moreno Ocampo, pasé a ser jefe de fiscales, coordinando el trabajo de todos los equipos de investigación y litigio. Después de casi dos décadas en la Corte -y previamente varios años en tribunales internacionales- sentí que era momento de un cambio. En 2022 dejé el cargo y me incorporé a la International Development Law Organization (IDLO), como director de su oficina en La Haya, que es el think-tank de la organización para los temas de justicia. Apenas llegué estalló la guerra en Ucrania, y la organización redefinió sus prioridades en ese país: pasamos de trabajar en temas de fortalecimiento institucional y anticorrupción a enfocarnos en apoyar la investigación y persecución penal de crímenes de guerra. Hoy, además de dirigir la oficina de IDLO en La Haya, co-dirijo el programa de apoyo a fiscales ucranianos, trabajando en casos nacionales y en cooperación con tribunales internacionales. Viajo regularmente a Ucrania, colaborando directamente en la capacitación y en el desarrollo de estrategias de persecución penal en un contexto extremadamente complejo. Mirando hacia atrás, todo fue una suma de decisiones, contextos y oportunidades, pero también de una búsqueda constante por encontrar un lugar donde el derecho tuviera un impacto real.
¿Cómo es su relación con Argentina?
En 2008 nos tomamos un sabático y volvimos cuatro meses a la Argentina, en un momento muy particular: se estaban reabriendo los juicios por violaciones a los derechos humanos. Yo ya venía colaborando desde afuera, dando talleres a fiscales federales para compartir desarrollos jurisprudenciales en materia de crímenes internacionales, especialmente los avances que se habían producido entre 1995 y 2008. Ese trabajo empezó casi como algo paralelo y voluntario. El Centro Internacional para la Justicia de Transición cubría los costos básicos y yo viajaba para dar capacitaciones intensivas. En un momento me propusieron hacerlo de manera más sostenida, y entonces tomé una licencia sin goce de sueldo y me instalé en Buenos Aires durante esos meses. Ahí trabajé como asesor externo en la Procuración General de la Nación, dentro de la unidad de coordinación de casos de derechos humanos. Fue una experiencia muy rica: participé en reuniones con fiscales, investigadores y organizaciones, intentando aportar una mirada más estructural y metodológica en la investigación de estos casos. No sé cuánto logré incidir, pero fue un intento honesto de contribuir desde la experiencia acumulada. También fue un espacio donde se evidenciaron tensiones muy profundas. Por ejemplo, intenté impulsar una discusión – con el apoyo de varios actores, incluyendo, por ejemplo, el Equipo Argentino de Antropología Forense- sobre la posibilidad de aplicar criterios más flexibles respecto de imputados con roles periféricos que pudieran aportar información clave para el esclarecimiento de los hechos. En el ámbito internacional, esto es habitual: se utilizan testimonios de personas incluso con responsabilidad relevante para avanzar contra quienes ocupan niveles más altos de decisión. En Argentina, esa discusión no prosperó. Hubo una resistencia muy fuerte, especialmente de algunos organismos de derechos humanos. Y eso, en mi opinión, limitó la posibilidad de reconstruir con mayor profundidad lo ocurrido: metodologías, circuitos, responsabilidades, incluso el destino de personas desaparecidas o de niños apropiados. Creo que la objeción fundamental se basaba en una concepción puramente retributiva de la justicia penal en este tipo de casos. Yo creo, en cambio, que en contextos de criminalidad masiva, la selectividad es inevitable. No hay sistema judicial capaz de procesar todo. Lo vemos hoy en Ucrania: hay cientos de miles de casos de crímenes de guerra acumulándose, y el número incrementa día a día. Incluso con más recursos o con las últimas tecnologías de información y la inteligencia artificial, no se da abasto, y siempre hay que priorizar. El problema es cómo se hace esa selección: si no se establecen criterios claros y deliberados, la selectividad igual ocurre, pero de manera informal y muchas veces arbitraria. Casos que se archivan por excesiva complejidad, por falta de voluntad o simplemente porque quedan olvidados. Para mi, el utilizar estratégicamente esa selectividad inevitable y hacer que opere en pos de un acceso a la información más amplio es siempre preferible a dejar que la selectividad fluya en forma informal y desordenada, y sin dejarnos ningún aporte. Otro punto en el que tampoco logré avanzar fue en la idea de sistematizar los archivos de la dictadura. Mi propuesta era crear equipos de analistas que pudieran leer, indexar y organizar toda la documentación disponible, generando una base de conocimiento accesible para fiscales. Algo similar a lo que habíamos hecho en el Tribunal para la ex Yugoslavia, donde el trabajo analítico sobre documentos era clave para reconstruir estructuras de poder y cadenas de mando. Eso hubiera sido extremadamente útil, porque estos no son sólo crímenes individuales: son crímenes de sistema. Y entender todo el sistema -cómo funcionaba, cómo se tomaban decisiones- es central para probar responsabilidades. Pero esto tampoco se pudo implementar. Y ahí aparece un problema más estructural: la dificultad de Argentina para invertir de manera sostenida en tecnología, conocimiento y gestión de la información dentro del Estado.
En ese sentido, ¿ve un problema estructural en Argentina en términos de gestión de información y tecnología aplicada a la Justicia?
Sí, claramente. Hay un retraso histórico en términos de inversión inteligente en tecnología dentro del Estado. Argentina oscila entre dos extremos: o sobredimensiona estructuras de manera ineficiente y muchas veces corrupta, o directamente las desmantela en nombre de la eficiencia fiscal. En ambos casos, el resultado es el mismo: falta de capacidad técnica, de conocimiento y de herramientas adecuadas. Y esto es especialmente grave en el contexto actual. Estamos entrando en una nueva revolución industrial, basada en datos, inteligencia artificial y tecnología de la información. Argentina no compite en la carrera global por el liderazgo tecnológico, pero sí debería -al menos- poder usar bien esas herramientas. La brecha hoy es muy evidente. Cuando yo me fui a Alemania en 1993, no percibía una diferencia tan marcada entre Argentina y Europa en términos de calidad académica, eficiencia institucional o acceso a tecnología. Incluso en algunos aspectos puntuales estábamos mejor. Hoy esa distancia es mucho mayor. Se ve en la Justicia, en la administración pública, en la salud. Hay una falta de sistemas de gestión de información robustos, de análisis serio de datos, de inversión en infraestructura tecnológica. Y eso tiene consecuencias directas en la calidad del servicio de justicia.
O sea que, a pesar de su carrera internacional, sigue manteniendo un vínculo muy activo con nuestro país…
Es un vínculo muy profundo y muy vigente. Viajo a la Argentina al menos dos veces por año. Desde hace más de 20 años doy un seminario anual en la Universidad Torcuato Di Tella, lo que me mantiene conectado académicamente. También he participado en capacitaciones para fiscales federales, especialmente en temas vinculados al sistema acusatorio, gestión de información y organización del trabajo en modelos modernos de persecución penal. Siempre traté de mantener ese puente. Me emocionó mucho lo que dijo una vez el procurador Eduardo Casal en la apertura de uno de esos talleres: “Fabricio, cada vez que te pedimos que vinieras a dar una mano, viniste”. Siempre me identifiqué con esa idea que canta Fito Páez: “cuando me fui, no me alejé”. Es una frase hermosa y, en mi caso, muy verdadera. Sigo teniendo una conexión muy fuerte con la Argentina: tengo una relación muy cercana y muy fuerte con mi familia, conservo a mis amigos de la infancia, que a esta altura son hermanos, a los de la universidad, a mis colegas penalistas. Y también mantengo una vocación constante de aportar desde donde estoy. Cada vez que me piden que dé una mano, intento estar, involucrarme, viajar, participar. En ese sentido, nunca me fui del todo. Durante todos estos años viví con una parte de mí anclada en la Argentina. Y con el paso del tiempo, lejos de diluirse, ese vínculo se fue intensificando: cada vez me tira más.
¿Y qué extraña?
La forma de relacionarse. La calidez. Las charlas. Pero debo reconocer que también hay aspectos que hoy me generan cierta incomodidad. Uno muy claro es la dificultad para escuchar. En Argentina, muchas veces, sostener una conversación resulta casi imposible: a los pocos segundos alguien interrumpe, se superponen las voces, y lo que se arma es más bien una especie de ruido colectivo donde todos hablan, pero cuesta realmente dialogar. Vivimos, es cierto, en una época global de fuerte polarización, donde el intercambio genuino se está deteriorando en términos globales. Pero en nuestro país ese problema tiene raíces más profundas: la dificultad para escuchar al otro, para respetar una opinión distinta, no es nueva. Lo que vemos hoy -el agravio inmediato, la descalificación, la falta de disposición a debatir con argumentos- es, en gran medida, la exacerbación de algo que ya estaba. En ese contexto, conductas que hoy se observan en el Presidente y varios de sus seguidores, con expresiones agresivas hacia la oposición, el periodismo o quienes piensan distinto, no me resulta novedoso en sí mismo. Sí me parece alarmante que hayamos llegado a un punto en el que ese tipo de discurso no sólo se naturaliza, sino que además encuentra legitimación y defensa. Pero, más allá de los nombres propios, el problema es estructural. Esa incapacidad de escuchar al otro, de abrir un espacio real de discusión, es un déficit que arrastramos hace mucho tiempo. Si uno mira la historia argentina, hay muchos factores que ayudan a explicarlo: tradiciones corporativas muy fuertes, lógicas de privilegios arraigados, una cultura política atravesada por tensiones y momentos autoritarios, y una cierta tendencia a la erosión del estado de derecho. Desde sectores sindicales hasta empresariales, pasando por distintos estamentos del Estado, hay una tendencia persistente a defender intereses propios sin vocación de diálogo. Y, sin embargo, esto convive con algo muy llamativo: la Argentina me sigue pareciendo, al mismo tiempo, una sociedad profundamente solidaria. Hay una predisposición muy fuerte a ayudar al otro, a involucrarse, a reaccionar frente a una injusticia concreta. Si alguien tiene un problema en la calle, es muy probable que otros intervengan. Ese nivel de compromiso humano es mucho más visible que en otros países Esa tensión es, quizás, una de nuestras grandes paradojas: una sociedad solidaria en lo individual, pero con enormes dificultades para construir consensos en lo colectivo. Y ahí hay un desafío pendiente, que es, al menos, volver a algo básico: aprender a escucharnos.
¿Cómo ve el contraste con Europa?
Europa también está en crisis. Hay problemas de costo de vida, vivienda, empleo, impacto de la inteligencia artificial en el acceso de los jóvenes al primer trabajo, etc. La diferencia es que todavía hay, al menos en algunos países, como los Países Bajos, más institucionalidad y acuerdos políticos. Por ejemplo, en La Haya hicieron un plan de desarrollo a 15 años consensuado por todos los partidos. Toda variación y/o extensión de ese plan tenía que ser nuevamente discutida y consensuada. Eso en Argentina es impensable.
Después de tantos años dentro de la Corte Penal Internacional, ¿cómo evalúa hoy su rol y su capacidad real de intervención? ¿Siente que en algunos casos -como el de Venezuela- podría haber tenido una actuación más temprana o más contundente?
La Corte Penal Internacional es una institución mucho más activa de lo que suele percibirse, pero gran parte de su trabajo no es visible. Hay investigaciones en curso, órdenes de arresto confidenciales y estrategias que se desarrollan en silencio precisamente para que puedan ser efectivas. Muchas veces se solicita una orden de detención sin hacerla pública, para poder generar una oportunidad real de arresto, que es uno de los grandes desafíos del sistema. Y ahí aparece el principal problema estructural: la cooperación internacional. La Corte no tiene fuerza propia para ejecutar sus decisiones. Depende de los Estados. Si los países no cooperan, si no ejecutan las órdenes de arresto, la Corte queda limitada. Ese es su talón de Aquiles. En el caso de Venezuela, creo que es una situación particularmente compleja. Probablemente hoy haya medidas en curso que no conocemos, pero también es cierto que, en mi opinión, se perdió tiempo. Hubo una apuesta -equivocada- del Fiscal Khan a que el propio Estado venezolano pudiera investigar y juzgar internamente, algo que desde el inicio parecía poco realista. Pero creo que en la actualidad las cosas han cambiado y la Fiscalía ha avanzado, aunque, precisamente por la confidencialidad a la que me refería, no sepamos cuánto. En todo caso, es cierto que la Corte podría haber actuado antes o con mayor firmeza y seguramente habrá lecciones que aprender en este sentido. Ahora bien, más allá de casos puntuales, hay que entender la magnitud del desafío. La Corte tiene un mandato global, pero recursos muy limitados. A diferencia de tribunales como el de la ex Yugoslavia, que se concentraban en un único conflicto con enorme infraestructura detrás, la Corte Penal Internacional tiene que intervenir simultáneamente en múltiples escenarios: Filipinas, Venezuela, Ucrania, Palestina, África, entre otros. Cada uno de esos contextos implica idiomas distintos, estructuras políticas diferentes, riesgos para testigos, dificultades logísticas enormes. Es un trabajo extremadamente complejo. Y con recursos escasos, y vuelvo a un tema anterior, la selectividad es inevitable: no se puede investigar todo ni a todos. Aun con esas limitaciones, creo que hoy la Corte es más necesaria que nunca. Estamos atravesando un momento en el que el derecho internacional -incluyendo el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario- está siendo vulnerado de manera sistemática. Conflictos armados, actos de agresión, violaciones graves que, además, involucran a grandes potencias. El orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial está claramente tensionado. Algunos incluso sostienen que está empezando a resquebrajarse. Y en ese contexto, instituciones como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, con todas sus imperfecciones, son fundamentales. Paradójicamente, cuanto más necesarias son, más atacadas están. La Corte enfrenta presiones políticas, sanciones, amenazas que incluso pueden afectar su funcionamiento cotidiano, desde el acceso a tecnología hasta el sistema financiero internacional. Por eso, más allá de sus limitaciones, creo que es clave defender estas instituciones. No son perfectas, pero son una de las pocas herramientas que tiene la comunidad internacional para intentar poner algún límite a la impunidad en contextos de extrema gravedad.
En el caso de Ucrania, se discute la posibilidad de crear un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión. ¿Creé que ese es el camino?
El caso de Ucrania expone una paradoja muy clara -y bastante sofisticada- del sistema internacional: el único delito que hoy presenta un verdadero problema de jurisdicción es el crimen de agresión. Para el resto de los crímenes -crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad- hay múltiples vías. Ucrania puede investigarlos y juzgarlos, otros Estados pueden intervenir mediante jurisdicción universal, y la Corte Penal Internacional ya está actuando: de hecho, emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin, la comisionada rusa para los derechos del niño y altos mandos militares. El problema aparece específicamente con el crimen de agresión. Ahí el sistema tiene una limitación estructural: la Corte Penal Internacional no puede ejercer jurisdicción sobre nacionales rusos por ese delito, porque en el sistema de la CPI, el crimen de agresión requiere que tanto el Estado agresor como el Estado agredido hayan aceptado la competencia de la Corte, y eso no ocurre en este caso. Esa restricción no es casual: fue incorporada como una salvaguarda política para evitar que las grandes potencias quedaran expuestas a este tipo de juzgamiento. Por eso hoy se discute la reforma del sistema. En todo caso, el resultado es bastante irónico: el crimen más extensivo ave -el que da origen a todos los demás- es el más difícil de perseguir. Ucrania, en teoría, podría avanzar a nivel nacional, porque tiene tipificado el delito. Pero ahí aparece otro obstáculo: las inmunidades personales. Según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, ciertos funcionarios -como jefes de Estado o ministros de Relaciones Exteriores- no pueden ser sometidos a procesos penales en tribunales nacionales mientras estén en funciones. Sí pueden ser perseguidos penalmente, en principio, ante tribunales penales internacionales aceptados, como la CPI. Entonces se genera una especie de “callejón sin salida”: el tribunal que podría actuar (Ucrania) está limitado por las inmunidades, y el tribunal que no tendría ese problema (la Corte Penal Internacional) carece de jurisdicción. Es lo que en inglés se llama un catch-22: hagas lo que hagas, el sistema no termina de cerrarse. En ese contexto surge la idea de crear un tribunal especial para el crimen de agresión. No es una solución perfecta -ni probablemente definitiva-, pero sí puede ser un paso en la dirección correcta. Será, seguramente, un tribunal con legitimidad más acotada, probablemente impulsado desde Europa y con una estructura híbrida, en cooperación con Ucrania. Tal vez no pueda, al menos en una primera etapa, avanzar directamente contra las máximas autoridades rusas por el tema de inmunidades. Pero puede investigar, documentar, construir casos y sentar bases jurídicas importantes. Y esto es clave, porque en el caso de Ucrania el crimen de agresión es la “madre” de todos los demás crímenes. Todo lo que ocurre después -la devastación, los ataques a civiles, el daño ambiental- deriva de ese acto inicial ilegal de uso de la fuerza. De hecho, la guerra nos está obligando a redescubrir ese delito. Durante décadas se lo pensó como algo propio del pasado, de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vuelve a estar en el centro de la escena, con niveles de destrucción enormes y con dimensiones que antes no se analizaban con la misma profundidad: impacto ambiental, consecuencias sociales, efectos en la educación, en la infancia, en la estructura demográfica de un país. Lo que se ve en Ucrania es una devastación sistémica: generaciones enteras creciendo bajo bombardeos, educación interrumpida, desplazamientos masivos, daño ambiental duradero, trauma colectivo. Todo eso no puede entenderse aisladamente, sino como consecuencia directa de un acto de agresión que nunca debió haber ocurrido. Por eso, más allá de las limitaciones jurídicas actuales, creo que el desafío es repensar cómo el derecho internacional responde a estos escenarios. Y, en ese sentido, la discusión sobre un tribunal específico no es menor: es parte de un debate mucho más amplio sobre cómo reconstruir herramientas eficaces frente a conflictos de esta magnitud.
Para cerrar, una curiosidad: ¿cómo es vivir en un país con una reina argentina?
En la vida cotidiana, la verdad, no se nota demasiado. Quizás en ciertos ámbitos más vinculados a lo diplomático o institucional sí tenga alguna presencia, pero yo no frecuento mucho esos circuitos. A Máxima Zorreguieta la vi una sola vez, en una visita oficial cuando vino Mauricio Macri a la Corte Penal Internacional. Me pareció muy amable, muy cercana, pero, como dije, no es algo que forme parte de mi vida diaria. Lo que sí generó Máxima es una enorme curiosidad por la Argentina. Hubo una especie de “argentinidad adoptada” que empezó a circular más: aparecieron restaurantes, propuestas gastronómicas, productos. En La Haya hay varios restaurantes argentinos -ninguno extraordinario-, pero también empezaron a surgir iniciativas más interesantes. Por ejemplo, hay un lugar de empanadas que está muy bien logrado, y en Ámsterdam hay emprendimientos similares que funcionan bastante bien. El vino argentino, además, tiene muy buena presencia. Ahora, donde se ve con claridad cómo funcionan -o no- nuestras decisiones como país es en el caso de la carne. Cuando yo llegué, la carne premium en los supermercados era argentina y en se vendía con la marca “Carne Argentina” en la etiqueta. Tenía una presencia fuerte, era parte de la marca país. Pero cuando de manera abrupta se cortaron las exportaciones de carne, eso desapareció de un día para el otro, dejando a los distribuidores locales sin nada para vender. Y ahí pasó algo muy revelador: productores uruguayos y brasileños ocuparon inmediatamente ese lugar, con un discurso muy claro -“nosotros somos proveedores confiables”-. Y la carne argentina desapareció para ser reemplazada por otra categoría, “carne sudamericana”. En pocas palabras, se perdió la marca. Un holandés con experiencia en el ramo me dijo algo que me quedó grabado: él nunca había visto a un país rifar y perder su marca país tan rápido y de manera tan poco estratégica. Porque no era sólo la carne: era la palabra “Argentina” en todas las góndolas del país y la tracción que eso generaba para colocar otros productos o generar otras actividades rentables, como turismo. Hoy la carne está empezando a volver, pero muy lentamente y ya no con la misma fuerza. Para mí, este episodio fue una síntesis bastante clara de cómo muchas veces funciona Argentina: de manera espasmódica, sin continuidad y sin evaluar las consecuencias de sus decisiones.
