La especialista mexicana en victimología analizó en diálogo con Quorum las principales deudas de los sistemas de justicia de América Latina frente a las víctimas de homicidio, advirtió sobre la revictimización institucional y reclamó políticas públicas integrales, medibles y centradas en las personas.
La visita de María de la Luz Lima Malvido a la Argentina no fue una más en la agenda académica: fue, sobre todo, un gesto de compromiso con una región que aún arrastra deudas profundas con quienes atraviesan el delito desde el lugar más vulnerable. Invitada a participar del primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal -organizado por la Usina de Justicia junto al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal-, su presencia volvió a poner en el centro una pregunta incómoda pero urgente: ¿Qué lugar ocupan realmente las víctimas en nuestros sistemas de justicia?
En ese cruce entre experiencia, reflexión y práctica, su paso por el país dejó algo más que diagnósticos: abrió una conversación necesaria sobre cómo transformar estructuras que, muchas veces, siguen sin escuchar. Porque detrás de cada expediente hay una historia que no puede esperar.
En América Latina, las víctimas de delitos violentos suelen enfrentar múltiples barreras institucionales. ¿Cuáles considera que son hoy las principales deudas de los sistemas de justicia en la atención a víctimas de homicidio?
Una de las principales deudas es que no medimos. Y si no medimos, no podemos saber realmente qué está pasando ni cuáles son los problemas fundamentales. A eso se suma que las familias de las víctimas de homicidio suelen tardar muchísimo en recibir respuestas. Las mandan de una oficina a otra, no tienen todo en un mismo lugar, y ese peregrinar las desespera. Pero además hay algo todavía más profundo: falta humanismo. Muchas veces el sistema cree que la necesidad inmediata de una víctima es que le resuelvan el caso, cuando en realidad puede ser otra cosa mucho más urgente: ir a buscar a un hijo a la escuela, conseguir el papel para retirar un cuerpo, tener dinero para regresar a su pueblo. El sistema no está preparado para ver esas urgencias básicas.
¿De qué manera se expresa esa falta de humanización?
En muchísimos detalles que para las instituciones parecen menores, pero para las víctimas son decisivos. Desde cómo se comunica una mala noticia hasta cómo se protege a la familia de la exposición pública o de la prensa. No puede ser que estén sentadas en la vereda, al lado de una escena del crimen, mientras se hacen las diligencias. Necesitan privacidad, contención y alguien que las escuche. También falta capacitación para dar información verídica y oportuna, para explicar con claridad qué trámites deben hacer, qué sí se puede resolver y qué depende de otras instancias. En ese estado de shock, una víctima no puede enfrentarse sola a formularios, papeles y procedimientos incomprensibles. El sistema debería acercarle herramientas concretas y ayudarla a transitar ese momento.
Desde su experiencia en la construcción de políticas públicas, ¿qué elementos son imprescindibles para desarrollar un sistema integral de atención a víctimas que no quede solo en lo declarativo?
Lo primero es entender que una política pública seria requiere planeación estratégica. No se puede improvisar. Hay que saber para qué tipo de víctima se diseña, porque no todas tienen las mismas necesidades. No es igual una víctima de trata que una de secuestro o una familia atravesada por un homicidio. Además, hay que preguntarse si existe presupuesto, quiénes van a intervenir, qué prácticas exitosas pueden tomarse del derecho comparado, qué resoluciones o antecedentes existen sobre el tema. Todo eso lleva tiempo. Recién después de construir esa inteligencia previa se puede empezar a diseñar una política, una ley, una campaña o una estructura de atención.
¿Qué rol deberían asumir los Estados en la reparación de las víctimas más allá del proceso penal?
El Estado debería asumir un rol mucho más activo. A mí me gusta la idea de que la reparación tenga un carácter verdaderamente público y que exista una individualización victimal. Es decir: no pensar sólo en años de prisión o en una multa, sino preguntar a la víctima o a la familia qué necesita realmente. A veces no quieren dinero. Tal vez quieren una beca para los hijos, una medida de memoria, una acción pública que reconozca lo sucedido. La reparación no puede reducirse a una lógica abstracta, porque la pena sola no repara a la víctima.
Hoy se habla de que en muchos países la víctima sigue ocupando un lugar secundario en el proceso penal. ¿Cómo puede lograrse un equilibrio real entre las garantías del imputado y los derechos de la víctima?
Primero tiene que haber un reconocimiento constitucional claro de la víctima como sujeto de derecho. Después hay que revisar la legislación. En México, por ejemplo, se avanzó con una ley enorme, con muchísimos derechos, pero eso a veces termina diluyendo lo esencial. Yo creo que menos es más: una ley más breve, clara y exigible puede ser más eficaz que una normativa inmensa que después nadie cumple. También hay que evitar que el derecho de las víctimas se vuelva puramente asistencial. No se trata sólo de dar ayuda social, sino de garantizar acceso real a la justicia.
Usted ha trabajado en el desarrollo de modelos de atención a víctimas. ¿Qué experiencias internacionales considera que pueden ser replicables en Argentina o en otros países de la región?
Siempre depende del contexto. No es lo mismo un país en guerra, uno en transición o uno en relativa paz. Por eso no se puede copiar un modelo sin adaptarlo. Pero sí hay principios que me parecen valiosos, como la atención integral en una misma oficina. Por ejemplo, en casos de delitos sexuales, lo ideal es que estén en el mismo lugar el perito, el médico, el trabajador social, el fiscal y la psicóloga. Esa intervención interdisciplinaria no sólo mejora la atención a la víctima, sino también la calidad de la investigación. Cuando todo está fragmentado y se cita a la persona para distintos días y en distintos lugares, se pierde evidencia y se debilita el caso.
¿Qué impacto tiene la revictimización institucional en los familiares de las víctimas de homicidio y cómo debería abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria?
La revictimización institucional produce un daño enorme. Muchas veces ocurre simplemente porque el personal no está capacitado y no comprende el dolor que atraviesa la víctima. Se hacen preguntas inadecuadas, se cuestiona, se presiona, se exige declarar cuando la persona todavía está en crisis. Por eso es fundamental trabajar con protocolos claros y con equipos interdisciplinarios. Hay que saber quién interviene primero, cuándo corresponde una contención emocional inicial, cuándo se puede avanzar con una declaración y cuándo no. También es indispensable formar al personal médico y hospitalario en preservación de evidencia y cadena de custodia, porque muchas veces los casos se debilitan desde el primer contacto con el sistema de salud.
En contextos de alta inseguridad suele haber una demanda social de respuestas punitivas más severas. ¿Cómo se articula esa demanda con una mirada de victimología que no se limite al castigo?
Subir las penas no resuelve el problema. El delincuente no actúa pensando en cuántos años le van a dar. Hoy, además, estamos frente a formas de violencia cada vez más sofisticadas. Por eso, la victimología no puede limitarse al castigo: tiene que pensar también en prevención, en criminología y en comprensión de los contextos. La respuesta punitiva por sí sola no alcanza. Si no entendemos por qué ocurren los delitos, cómo operan y qué factores generan vulnerabilidad, vamos a seguir llegando tarde.
¿Qué lugar ocupa la prevención dentro de la victimología?
Un lugar central. Pero no hablo sólo de prevención del delito, sino de prevención victimal. Hay que identificar factores de riesgo específicos y actuar sobre ellos. Si en una zona están matando personas mayores porque viven solas y son vulnerables, entonces ahí la respuesta no es abstracta: tiene que haber patrullaje, trabajo con las familias, advertencias y medidas concretas. La prevención victimal requiere datos, mapas de calor, análisis de causas y decisiones muy precisas. A veces las soluciones son tecnológicas, otras veces urbanísticas, educativas o comunitarias. Lo importante es entender por qué una población está siendo especialmente vulnerable.
¿Cómo evalúa el desarrollo de la victimología como disciplina en América Latina?
Es una disciplina joven y todavía muy débil. Una de las formas en que advertí que no íbamos a avanzar era la ausencia de maestrías y de formación específica. No alcanza con que un profesional “tenga sensibilidad” para estos temas. Hace falta capacitación seria, especializada, que permita generar teoría, práctica e investigación. Si no formamos victimólogos, no vamos a tener expertos para las defensorías, las fiscalías ni los organismos de atención. Y sin especialistas, tampoco habrá nuevas herramientas ni nuevas respuestas para problemas cada vez más complejos.
Finalmente, ¿qué mensaje considera clave para quienes hoy diseñan políticas públicas en materia de seguridad y justicia en la región?
Creo que es muy importante impulsar una convención regional que permita posicionar el tema de las víctimas en la agenda de América Latina. Hoy las condiciones están dadas para avanzar en ese sentido. También es necesario fortalecer el intercambio entre países, generar redes, compartir buenas prácticas y aprender también de los errores. La región necesita volver a poner a las víctimas en el centro. Y eso exige decisión política, cooperación y persistencia. Porque cambiar el paradigma no ocurre de un día para otro, pero hay que empezar.
