Gabriel Mizzau, histórico contador del capo narco Esteban Lindor Alvarado y también del ex juez federal rosarino, acordó colaborar con la Justicia y aportó información patrimonial sobre el cuestionado magistrado.
La causa que investiga una presunta estructura de corrupción judicial en Rosario sumó en las últimas horas un nuevo arrepentido que podría complicar aún más la situación procesal del ex juez federal Marcelo Bailaque. Se trata de Gabriel Mizzau, el contador que durante años trabajó tanto para el capo narco Esteban Lindor Alvarado como para el propio magistrado.
Mizzau acordó colaborar con los fiscales y comenzó a aportar información vinculada al patrimonio de Bailaque, además de reconocer maniobras de lavado de dinero realizadas para empresas utilizadas por Alvarado.
La figura del contador aparece desde hace tiempo en la investigación. De hecho, una de las revelaciones que aceleró la caída de Bailaque fue el descubrimiento de que el hijo de Mizzau trabajaba en el juzgado federal a cargo del magistrado al mismo tiempo que allí debían investigarse causas vinculadas a Alvarado, señalado como uno de los jefes narco más importantes de Rosario.
Los fiscales ya habían denunciado a Bailaque años atrás por supuestamente haber frenado o entorpecido investigaciones contra el líder criminal. Luego se conoció otro dato que agravó el cuadro: Mizzau no sólo manejaba la contabilidad de las empresas de Alvarado, sino también cuestiones vinculadas al propio juez.
Ahora, ante la inminencia del juicio oral, el contador reconoció haber asesorado entre 2014 y 2018 a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, empresas atribuidas a Alvarado que, según la acusación, eran utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico. También admitió haber manipulado balances y documentación contable para evitar que las maniobras fueran detectadas.
Pero el punto que más interés genera dentro del expediente es la información patrimonial que habría aportado sobre Bailaque. Aunque el contenido exacto de esa declaración permanece bajo reserva, fuentes judiciales señalaron que los datos entregados son considerados relevantes para reconstruir el vínculo económico entre el magistrado y el entorno del narcotraficante.
Como parte del acuerdo de imputado colaborador, el Ministerio Público Fiscal recomendaría para Mizzau una pena de tres años de prisión condicional.
Bailaque, por su parte, enfrenta acusaciones por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. Los fiscales sostienen que integró una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial” y ya adelantaron que pedirán una condena de diez años de prisión.
El ex juez renunció el año pasado antes de enfrentar un juicio político en el Consejo de la Magistratura. La dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei y desde entonces permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la causa federal.
La investigación ya había provocado anteriormente otro cimbronazo cuando se arrepintió Carlos Vaudagna, ex jefe de la AFIP Rosario. Según la acusación, Vaudagna confesó cómo se habrían armado expedientes judiciales para extorsionar a financistas y empresarios desde el entorno del juzgado de Bailaque.
