Hilda Horovitz confirmó que le pedía a Roberto Baratta que presionara a su ex marido para que la compensara tras la separación. Dijo que le dieron una vivienda social en Ezeiza que terminó devolviendo y que cuando la policía allanó su departamento del barrio de Once, ella no estaba.
Hilda Horovitz dijo varias veces que la enoja que se la califique en los medios como una mujer “despechada”. Sin embargo en la audiencia de hoy, en la que terminó de testimoniar, aceptó que después de una relación de diez años con Oscar Centeno, el autor de los cuadernos que derivaron en la investigación por asociación ilícita y cohecho, “donde me cagó a trompadas, me usó de testaferro, me dio una patada en el pecho, me basureó, me engañó con todo lo que se movía, sacó tarjetas a mi nombre para pagarle cosas a los hijos y a la madre, más bien que me merezco algo”.
El rencor y el dinero parecen ser los impulsores de esta mujer de 58 años que hace “changas” cuidando perros y adultos mayores y vive en un monoambiente en el barrio de Once. Así explicó los mensajes que le envió a su ex pareja y a Roberto Baratta, ex subsecretario de Obras Públicas, en los que le advertía que recurriría a la prensa si no recibía un reconocimiento económico por los años pasados junto a Centeno.
Los mensajes de WhatsApp giraban todos en torno a exigir un departamento, un trabajo, una compensación mensual, una heladera, un entrepiso, siempre bajo la amenaza de difundir el crecimiento patrimonial de Centeno, a su juicio impensable si no se tratara del chofer de un funcionario que tenía cosas que ocultar. Según la testigo, su ex pareja le contaba que llevaba a su jefe a una “cueva” en la avenida Corrientes y que trasladaban mucho dinero.
Los mensajes de Horovitz a veces iban acompañados por fotos tan fuera de contexto y aparentemente tan irrelevantes como un bolso con un billete de 100 dólares, u otro abierto con bandas elásticas de las que se emplean para atar fajos de dinero. Sin embargo, parecen haber tenido éxito, porque la mujer obtuvo todo lo que pretendía, aunque Baratta nunca le haya respondido un solo texto.
Las amenazas a ir a la prensa
El mecanismo de pedirle a Centeno y, si no había respuesta, escribirle al entonces subsecretario bajo amenaza de “ir a la prensa” tuvo el resultado que Horovitz esperaba, pero ella se dio cuenta de que estaba prácticamente reconociendo una extorsión cuando dijo “sé que me estoy mandando al muere sola contando lo que hice, pero no sé mentir”.
Llamativamente y pese a que en la jornada anterior tanto la defensora de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, como el de Oscar Thomas, José Manuel Ubeira, le señalaron al presidente del Tribunal Oral Criminal Federal 7, Enrique Méndez Signori, que la testigo podía estar autoincriminándose con sus declaraciones, no se le impidió continuar.
El criterio de los magistrados fue diferente cuando declaró Jorge Bacigalupo, el amigo de Centeno que le entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot, quien estuvo a punto de mostrar su teléfono celular para develar la frecuencia de su relación con un jefe de pericias de la Policía Federal, a quien no se le permitió hacerlo.
La mujer fue consultada sobre el allanamiento de su departamento, en 2018: recordó que no estaba allí y que una vecina que tenía sus llaves le franqueó el ingreso a la policía, que curiosamente no se llevó los famosos bolsos de los que tanto se había hablado hasta entonces y se encontraban a la vista.
En su lucha por arrancarle a Centeno una casa propia y de haber pedido como tantas veces la interseción de Baratta, reveló que le concedieron una vivienda social en Ezeiza, “donde tenía que vivir por dos años y que no podía alquilar”. Lo mismo había sucedido con ex choferes de Centeno, también favorecidos con una propiedad de las mismas características. “Me sentía sola y me quedaba muy lejos, así que la devolví”, evocó la mujer, que por entonces, aún bajo el gobierno de Cristina Kirchner, prestaba servicios en una dependencia oficial, empleo también logrado por presión sobre Centeno.
Hilda Horovitz sólo mostró debilidad cuando se recordó al hombre que la crió, “mi viejito”, cuya sola mención desencadenó el martes anterior una descompensación que interrumpió la audiencia y los perros. “Woody”, “Tyson” y “Choco” fueron reiterados protagonistas de su declaración, al punto de que la defensora de Baratta la interrumpió delicadamente cuando la testigo comenzaba a explayarse sobre las dolencias de uno de ellos.
El TOCF 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, investiga una supuesta asociación ilícita integrada por funcionarios kirchneristas y empresarios entre 2003 y 2015, por las que los primeros habrían recibido millonarios sobornos a cambio de concesiones en construcción, energía y transporte.
