La investigación incluyó 90 allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, con 24 detenidos. Los fiscales detectaron maniobras con falsas plataformas de inversión, hackeos de WhatsApp y movimientos millonarios en activos virtuales.
El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires llevó adelante un megaoperativo contra una organización acusada de cometer estafas digitales mediante falsas inversiones financieras, aplicaciones fraudulentas y maniobras de lavado con criptomonedas, en una investigación que incluyó 90 allanamientos simultáneos y terminó con 24 personas detenidas.
La investigación, denominada “Fake Coins”, se inició a partir de más de un centenar de denuncias radicadas en distintos departamentos judiciales bonaerenses, donde los investigadores detectaron modalidades similares de fraude vinculadas a supuestas plataformas de inversión, operaciones de trading y activos virtuales.
Según se informó oficialmente, las maniobras investigadas habrían provocado un perjuicio económico cercano a los 3 mil millones de pesos.
Los procedimientos fueron coordinados por el Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos, encabezado por Rafael García Borda y Sabrina Lamperti, bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense.
En el expediente intervinieron fiscales y equipos especializados de los departamentos judiciales de Azul, Bahía Blanca, Junín, Lomas de Zamora, Mercedes, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín y San Nicolás.
Además participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, a través de la Dirección General de Cibercrimen, junto con personal especializado de otras fuerzas provinciales y organismos judiciales de distintas jurisdicciones del país.
Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron casi 60 millones de pesos, más de 8 millones de USDT —equivalentes a más de 8 millones de dólares en criptoactivos—, además de computadoras, tablets, CPU y unos 80 teléfonos celulares.
Fuentes judiciales destacaron que se trata de uno de los mayores secuestros de activos virtuales registrados en investigaciones penales recientes y remarcaron que el volumen de dinero congelado supera incluso lo incautado durante el operativo “RainbowEx”, realizado en 2024.
De acuerdo con la investigación, una de las modalidades detectadas consistía en la utilización de aplicaciones disponibles para descarga en Google Play Store que simulaban ser plataformas legítimas de inversión. A través de esas herramientas, las víctimas eran inducidas a realizar transferencias bajo la promesa de ganancias rápidas y seguras vinculadas a operaciones financieras y criptomonedas.
Los investigadores advirtieron además que las organizaciones utilizaban logos, dominios y diseños web similares a los de empresas reales para otorgar apariencia de legalidad a las maniobras. En algunos casos también recurrían a imágenes de figuras públicas o supuestos expertos financieros para captar inversores.
Otra de las líneas investigativas reveló maniobras vinculadas a hackeos de WhatsApp. Según la acusación, los sospechosos se hacían pasar por conocidos de las víctimas para ofrecer operaciones de compra de dólares. El dinero transferido luego era derivado a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales y posteriormente convertido en criptomonedas mediante operaciones P2P en Binance.
La pesquisa también permitió detectar transferencias de activos digitales hacia usuarios radicados en el exterior, principalmente en Venezuela, además de identificar cuentas y domicilios vinculados con la operatoria en Mendoza y González Catán.
En paralelo, en el Departamento Judicial de San Isidro se avanzó sobre una organización integrada por ciudadanos de origen chino acusados de desarrollar aplicaciones falsas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y que además funcionaban como programas destinados a sustraer información de los usuarios.
La causa continúa en plena etapa investigativa y los fiscales buscan ahora reconstruir el circuito completo del dinero y determinar el alcance nacional e internacional de las maniobras detectadas.
