El ejecutivo envió un proyecto al parlamento para eliminar el sistema de octógonos negros.
El Poder Ejecutivo busca derogar la ley de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. El texto que ingresó por el Senado lleva las firmas del presidente Javier Milei, el vocero Manuel Adorni y el ministro Mario Iván Lugones, y propone el fin del sistema de octógonos negros que rige sobre la industria alimentaria.
El texto oficial sostiene que la aplicación de la norma actual cuenta con “diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas” que obligan a una revisión integral. Por eso la opción es la derogación y no la reforma. En este caso, el Gobierno destaca que no existe un modelo único de etiquetado a nivel mundial, sino que coexisten enfoques diversos en constante actualización científica.
La gestión nacional cuestiona el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que adopta la ley vigente. Según los fundamentos, este esquema aplica parámetros homogéneos sobre “matrices alimentarias sustancialmente diferentes” y omite aspectos como la densidad nutricional o el rol del alimento en el patrón alimentario real.
El consumidor y el acceso a la información
El proyecto de ley advierte que el sistema actual produce “situaciones en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones alimentarios cultural y nutricionalmente aceptados resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional”. En ese marco, desde el oficialismo planean que la falta de diferenciación reduce la capacidad informativa del sistema y “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas” que generan “confusión en los consumidores”.
Asimismo, el Ejecutivo critica la metodología de cálculo basada en porcentajes del aporte energético total. El texto señala que este procedimiento arroja resultados “técnicamente inconsistentes o desproporcionados respecto del perfil nutricional global del alimento”.
Además, desde el Ejecutivo entienden que la naturaleza “binaria” de los sellos (presencia o ausencia de advertencia) elimina los incentivos para que las empresas realicen reformulaciones graduales en sus productos.
Conflicto con el Mercosur
Uno de los puntos centrales del texto radica en la existencia previa de un sistema obligatorio de información nutricional armonizado en el Mercosur. El Gobierno afirma que el Código Alimentario Argentino ya exige la declaración de azúcares, grasas, proteínas y sodio.
La coexistencia de ambos sistemas provoca una “superposición regulatoria” y una complejidad innecesaria en la fiscalización. Además, la falta de armonización regional genera asimetrías que obligan a la industria a desarrollar empaques diferenciados para cada mercado, lo cual incrementa los costos de producción y comercialización.
Libertad comercial
El proyecto subraya que las restricciones en publicidad y el uso de elementos gráficos en envases limitan “actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria”. El texto oficial, dentro de esa lógica, sostiene que toda regulación debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
En este sentido, el documento destaca que el impacto de la ley no es igual para todos los actores. Las Pequeñas y Medianas Empresas “enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados” por el rediseño de envases y la administración de stocks. Estas exigencias pueden incentivar la concentración del mercado en favor de grandes operadores con mayor capacidad financiera.
Hacia un sistema dinámico y científico
El Ejecutivo Nacional califica al esquema actual como una estructura de “excesiva rigidez normativa”. Al incorporar parámetros técnicos directamente en el texto de la ley, el sistema pierde capacidad para adecuarse de forma ágil a los avances científicos o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
La propuesta de derogación no anula el acceso a la información. El proyecto aclara que las obligaciones del Código Alimentario Argentino y las normas de defensa del consumidor “continuarán plenamente vigentes”. El objetivo que se plantea el Gobierno es un esquema de información nutricional “más precisa, contextualizada y técnicamente consistente”.
Con estos argumentos, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso el “pronto tratamiento y sanción del proyecto de ley” para eliminar la Ley 27.642 y promover un entorno más competitivo y armonizable regionalmente.
