Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6 de Córdoba, enfrenta hoy el repudio social y el cuestionamiento de su propia institución. El peso de la consecuencia de los actos.
El nombre del fiscal Iván Rodríguez quedará asociado para siempre al asesinato de Agostina Vega. Las consecuencias de los actos, la interpretación de las normas y una decisión que un año después se transformó en mortal.
En parte, el desempeño judicial de Rodríguez permitió que Claudio Gabriel Barrelier, el hombre que hoy afronta cargos por el femicidio de Agostina Vega, caminara libre a pesar de un historial de violencia extrema.
El asesinato de la adolescente de 14 años, cuyo cuerpo apareció desmembrado, pone bajo la lupa una cadena de omisiones que el fiscal lideró desde su despacho.
En mayo de 2025, la Justicia tuvo su oportunidad. Pudo detener al hombre que un año después se convertiría en el principal sospechoso de un crimen que conmociona a la Argentina y cuya investigación se trasmite por cadena nacional.
En este caso, la policía hizo lo suyo y lo hizo bien. Detuvo a Barrelier tras un episodio de privación ilegítima de la libertad. En aquel momento, una joven logró escapar del domicilio del agresor mientras sus manos aún lucían precintos y su cuerpo apenas conservaba algo de ropa.
A pesar de la contundencia de los hechos y del pánico de la víctima, el fiscal Rodríguez sólo mantuvo al sospechoso tras las rejas durante 20 días. El funcionario dictó la falta de mérito acusatorio y aceptó una fianza para devolverle la libertad.
En la reconstrucción de los hechos no parece, por lo menos en este caso, que el accionar del fiscal haya sido impulsado por falta de recursos o demoras inentendibles.
Dentro de este marco, el de la tragedia actual, la retrospectiva cuenta parte de la historia. La abogada Fernanda Alaniz, quien representa al padre de Agostina, asegura que el fiscal ignoró señales de alerta evidentes.
Barrelier, además, acumulaba causas abiertas por amenazas y hurto en su registro penal. Sin embargo, Rodríguez desestimó estos antecedentes y priorizó la libertad de un sujeto con conductas violentas por sobre la seguridad de las mujeres de Córdoba. La ecuación es simple, los hechos se cuentan de modo lineal. Las interpretaciones, una vez más, están de más.
Lo cierto es que el criterio del magistrado permitió que el agresor regresara a las calles, donde finalmente capturó y asesinó a Agostina.
Más allá del hilo rojo que une aquella firma con esta tragedia, el perfil de Rodríguez se destaca por su intervención en causas de enorme visibilidad. El fiscal participó en la investigación inicial por las muertes de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal. También dirigió los operativos por maltratos infantiles en un jardín maternal de barrio Cofico en abril de 2026, acción que terminó con detenciones de docentes.
Más allá de eso, la imagen de funcionario activo y eficiente se desmorona ante su falta de perspectiva de género en el caso Barrelier. La decisión parce esconder una mirada sesgada que meses más tarde se pone sobre el tapete ante un asesinato aberrante.
Por su parte, el sistema judicial cordobés ensayó una defensa corporativa para proteger al fiscal. Raúl Garzón, colega de Rodríguez, evitó mencionar el nombre del funcionario durante una conferencia de prensa reciente.
Incluso Garzón se atrevió a justificar la liberación previa con el argumento de que en aquel momento no existían pruebas suficientes para una acusación formal.
Mientras los funcionarios judiciales apuestan a la defensa corporativa, un pueblo llora a una chica de 14 años.
