La necesidad de actualizar un Código Penal sancionado hace más de un siglo, fortalecer la respuesta estatal frente al delito y devolver protagonismo a las víctimas fueron algunos de los ejes que atravesaron la Jornada especial de Abogacía organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE.
El encuentro se llevó a cabo para debatir algunas de las problemáticas más sensibles que atraviesa hoy el sistema de justicia penal argentino. Luego del primer panel donde se habló del uso de teléfonos celulares dentro de las unidades carcelarias, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE Nicolás Durrieu destacó la importancia de generar espacios de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la justicia en un contexto de creciente complejidad social y criminal.
Al repasar las conclusiones del panel, Durrieu destacó la necesidad de repensar el equilibrio entre garantías constitucionales y seguridad pública. En ese sentido, planteó que el debate no puede desentenderse de los derechos de las víctimas y de la sociedad, muchas veces relegados en las discusiones jurídicas.
La reforma pendiente del Código Penal
El tramo más intenso de la jornada estuvo reservado para el panel “Aumento de penas e imputabilidad”, moderado por la periodista Alejandra Lazo, jefa de redacción de Quorum.
La mesa contó con las exposiciones del Dr. Horacio Romero Villanueva, docente de la UADE e integrante de la comisión inicial que trabajó en el último anteproyecto de reforma del Código Penal, y del Dr. Carlos Pagliere, juez de la Cámara de Apelaciones Penales de Azul.
Romero Villanueva sostuvo que el principal desafío no consiste en introducir modificaciones aisladas, sino en encarar una verdadera reconstrucción del sistema penal argentino.
Según explicó, el Código Penal vigente fue sancionado en 1921 para una realidad completamente distinta a la actual y hoy se encuentra afectado por un proceso de “descodificación”, producto de la incorporación de múltiples reformas dispersas que han deteriorado su coherencia interna.
“Lo que necesitamos no es simplemente reformar el Código Penal, sino volver a codificar la materia penal”, afirmó.
El especialista señaló además que la criminalidad contemporánea presenta desafíos que resultaban impensados hace un siglo y que exigen respuestas normativas acordes a fenómenos cada vez más complejos, transnacionales y tecnológicos.
La víctima en el centro del sistema
Por su parte, Pagliere centró su exposición en la situación de las víctimas dentro del proceso penal y cuestionó lo que definió como una tendencia a priorizar exclusivamente los derechos del imputado.
El magistrado sostuvo que el sistema debe recuperar su capacidad de respuesta frente al delito y advirtió sobre la influencia de corrientes que calificó como “abolicionistas, minimalistas o pseudo garantistas”, las cuales -según señaló- terminan debilitando la legitimidad del poder punitivo estatal.
“El imputado tiene su abogado y todas las posibilidades, pero la víctima, si no consigue un abogado propio, la tiene muy difícil”, afirmó.
En esa línea, expresó su preocupación por situaciones en las que, a su criterio, el sistema judicial concentra sus esfuerzos en comprender las circunstancias del agresor mientras deja en un segundo plano el sufrimiento de quienes padecieron el delito.
Representando además la mirada de la asociación civil Usina de Justicia, Pagliere reivindicó el rol de las víctimas como fundamento de la legitimidad del derecho penal.
“El derecho penal encuentra su razón de ser en la víctima y en la justicia, no en el delincuente”, concluyó ante un auditorio integrado mayoritariamente por estudiantes de derecho.
Un debate que excede las aulas
Más allá de las diferencias de enfoque sobre algunas cuestiones puntuales, los expositores coincidieron en un diagnóstico común: la necesidad de revisar las herramientas con las que cuenta hoy el sistema penal para responder a fenómenos criminales cada vez más complejos.
La jornada concluyó con un mensaje compartido sobre la importancia de construir una justicia más eficiente, capaz de proteger adecuadamente a las víctimas, garantizar los derechos fundamentales y ofrecer respuestas efectivas frente al delito.
En un contexto donde la inseguridad, la reincidencia y la discusión sobre las penas ocupan un lugar central en la agenda pública, el encuentro dejó planteada una pregunta de fondo: si un Código Penal pensado para una Argentina de apenas diez millones de habitantes puede seguir ofreciendo respuestas a un país y a una criminalidad profundamente distintos a los de hace más de cien años.
