El financista Leonardo Fariña declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7: aseguró que había cartelización entre las empresas que recibían obra pública y recordó que todos los ingresos de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, llegaban desde el Estado porque el empresario era “depositario de la confianza de Néstor Kirchner”.
Leonardo Fariña declaró ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero que existía cartelización de las empresas que recibían obra pública e integraban la Cámara Argentina de la Construcción. “Tenían un sistema para establecer quiénes se presentaban y quiénes no, decidían entre ellos quién ganaba y quién no, quién se presentaba y quién no. Era un acuerdo de compañías que en lugar de competir se dividían las licitaciones”, dijo.
También destacó que el Estado no era ajeno a esas maniobras, no las ignoraba, porque eran esas empresas cartelizadas las que recibían pagos de certificación de obras con una celeridad impropia de la administración pública e incluso se les pagaban obras que no se habían terminado.
“Báez era un excluido de ese sistema y lo decía con encono, él, porque era lo que permitía Néstor Kirchner, sólo se podía presentar en Chubut, Chaco y Santa Cruz”, pero pese a esa limitación “levantaba un teléfono y cobraba” mientras otros empresarios, por ejemplo Aldo Malaspina “sólo podía entrar en una licitación si pagaba antes y después le demoraban meses para que pudiera cobrar; así terminó, quebrado”.
“Todos los ingresos de Austral Construcciones venían del Estado por obra pública, no había otra cosa, excepto algunas estaciones de servicio” pero todo se debía a la amistad “con todas las letras” que Lázaro Báez mantenía con Néstor Kirchner.
También ese vínculo explicaba que Báez visitara en Buenos Aires al ex secretario de Obras Públicas, José López, para cobrar certificados adeudados; en otras oportunidades, repitió, “le alcanzaba con levantar un teléfono para cobrar lo que estaba pendiente”.
La etapa de Fariña como testigo protegido
El 13 de abril de 2016 Fariña ingresó en el programa de testigos protegidos a instancias del juez federal Sebastián Casanello; estuvo allí hasta el año 2019 y por eso los defensores de los imputados insistieron en saber si había conocido al entonces ministro de Justicia Germán Garavano.
Narró su pertenencia al programa como un período de mucho aislamiento: “Mi viejo estaba enfermo y era muy difícil verlo, no podía hacer actividad física, para ir a cualquier parte tenía que pregunatar si podían trasladarme” así que terminó pidiéndole a Garavano que me sacaran, aunque sólo lo abandonó cuando cambió el gobierno en 2019 e iba a quedar bajo la protección de “gente que había sido denunciada por mi persona”.
Lo mismo sucedió con su decisión de presentarse a declarar en la investigación del fideicomiso con el Banco Nación durante la etapa de instrucción ante el fiscal federal Carlos Stornelli: “No fui citado ni presionado, lo hice por una cuestión de compromiso personal, en mi condición de imputado colaborador en ‘la ruta del dinero K’”.
Fariña negó enfáticamente haber sido “guionado” por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich para “armar” sus declaraciones como imputado colaborador en la causa de “la ruta del dinero K”, al ser consultado sobre sus recuerdos sobre lo que se conoció como la “operación Puff”.
El testigo recordó, ante preguntas de la fiscal Fabiana León, que esas versiones “absolutamente falsas” fueron replicadas por “C5N”, propiedad de uno de los imputados en este expediente, Cristóbal López, y “El cohete a la Luna”, de Horacio Verbitsky.
El defensor de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi y el de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, consideraron “escandalosa” la pregunta de la fiscal y la presunta “doble vara” de la presidencia del tribunal, que no autorizó al testigo a responder sobre preguntas sobre otras causas, pero sí permite “poner en duda la honorabilidad de los periodistas” e interrogar sobre cuestiones que “no tienen la menor relación con el objeto procesal de este juicio”.
Este incidente generó el enésimo enfrentamiento entre las defensas de los imputados y la fiscalía, en el que los abogados de los imputados reclaman porque la fiscal León “se permite indicar cómo debemos llevar adelante nuestra estartegia”, a lo que la representante del Ministerio Público replicó que hay letrados, aludiendo a Rusconi, “que grita y tiene una obsesión conmigo de la que no me voy a hacer cargo” y que todos “repiten la palabra escándalo, hablan por sobre el tribunal, sólo pretendo que me dejen hacer mi trabajo”.
El Tribunal Oral Criminal Federal 7 investiga en este debate la supuesta trama de corrupción de empresarios concesionarios de obra pública y ex funcionarios del kirchnerismo, que habría consistido en que los primeros le habrían pagado sobornos a los segundos a cambio de adjudicaciones.
