En el país no hay una cifra oficial y unificada sobre las personas con pedido de captura. Existen algunos organismos oficiales que intervienen en la búsqueda, pero sólo abarcan un porcentaje muy bajo de prófugos. Según especialistas, la búsqueda depende más del azar que de una política pública.
Durante más de una década, Daniel “Maguila” Puccio logró mantenerse fuera del radar de la Justicia argentina. Integrante del clan criminal que, bajo el liderazgo de su padre Arquímedes, secuestró a cuatro personas entre los años 1982 y 1985, asesinó a tres de ellas y mantuvo cautiva durante 32 días a Nélida Bollini de Prado en el sótano de la casa familiar de San Isidro, fue detenido en agosto de 1985 junto al resto de la banda. Sin embargo, recuperó la libertad en 1988 por el tiempo transcurrido sin recibir una condena firme. Diez años más tarde, en 1998, fue sentenciado a 13 años de prisión, pero para ese entonces ya había desaparecido. Nadie volvió a encontrarlo. En 2011 la condena prescribió y, dos años después, fue él mismo quien se presentó en un juzgado porteño para retirar el certificado que acredita la extinción de la pena. Le había ganado al sistema. Nunca cumplió la condena que la Justicia le había impuesto.
Rodolfo “El Ruso” Lohrmann, acusado de integrar una de las organizaciones criminales más peligrosas del país y señalado como uno de los responsables del secuestro de Cristian Schaerer, el estudiante correntino desaparecido el 21 de septiembre de 2003, permaneció prófugo durante más de 13 años. En ese tiempo se tejieron toda clase de versiones sobre el paradero del secuestrador más temido: que se ocultaba en Paraguay, que había muerto o que seguía operando bajo distintas identidades. La verdad recién salió a la luz en febrero de 2017, cuando fue detenido en Portugal en el marco de una causa local por una serie de robos a bancos. No cayó como resultado de una búsqueda impulsada desde nuestro país, sino por una investigación desarrollada por las autoridades portuguesas.
Puccio y Lohrmann son apenas dos casos de un universo infinito de prófugos que logran no sólo abandonar el país sino rearmar sus vidas sin mayores sobresaltos. La pregunta que surge irremediablemente es quién busca a un prófugo en Argentina. ¿Cuántos son? ¿Quiénes se encargan de seguir sus pasos? ¿Hay un registro actualizado de personas buscadas?
En el país no existe una base de datos única que concentre todos los pedidos de captura vigentes. De hecho, los organismos públicos manejan cifras diferentes y tampoco hay estadísticas oficiales que permitan saber cuántas personas permanecen prófugas, cuánto tiempo logran mantenerse ocultas o cuántas son finalmente arrestadas.
La Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), actualmente a cargo de Juan Pablo Bello, funciona desde noviembre de 2020 dentro de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), que dirige el fiscal José María Campagnoli.
Desde su puesta en funcionamiento hasta agosto de 2023, intervino en 574 búsquedas, de las cuales 344 terminaron con la recaptura de los prófugos, un número casi irrisorio en comparación con las estimaciones sobre las personas que tienen pedidos de captura activos.
Para Daniel Roggero, abogado e integrante de la asociación civil Usina de Justicia, el tema de los prófugos es una de las principales deudas del sistema penal argentino. “Tenemos tres números oficiales. Uno surge del libro El Estado del Estado, publicado al inicio de la gestión de Mauricio Macri, que hablaba de 105.000 prófugos. Después apareció otro dato, mencionado por Guillermo Madero (ex director nacional de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos del Ministerio de Seguridad), que hablaba de 200 mil. Y un tercer número, probablemente el más consistente porque surge de Co.Na.R.C. (Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas), ubica la cifra entre 45.000 y 50.000”, cuenta a Quorum.
La SeCaP no funciona como una agencia nacional encargada de buscar a todos los prófugos del país. Su actuación depende de que un fiscal o un juez solicite expresamente su colaboración en una causa determinada. Es decir, interviene en investigaciones específicas, aporta herramientas de análisis criminal, cruza bases de datos y coordina acciones con las fuerzas de seguridad, pero no asume de manera automática la búsqueda de cada persona sobre la que pesa un pedido de captura.
Esa diferencia permite entender por qué conviven diagnósticos aparentemente contradictorios. Mientras existen organismos que desarrollan investigaciones complejas y consiguen localizar prófugos de larga data, la enorme mayoría de las personas buscadas por la Justicia nunca ingresa en ese circuito especializado.
Para Roggero, más preocupante que la disparidad es que ninguno de esos registros permite conocer con precisión la dimensión del fenómeno. “Es un tema medio tabú. Nadie habla de esto. No hay seminarios, no hay libros, no hay gente estudiándolo. Sin embargo, si uno toma el número de 105.000 y lo compara con la población carcelaria que tenía el país en ese momento, prácticamente había más prófugos que presos”, afirma.
Antes incluso de discutir cuántos son, el abogado propone aclarar de qué se habla cuando se utiliza la palabra “prófugo”. “En el sentido común se piensa que se trata de alguien que se escapó de la cárcel, pero técnicamente es toda persona buscada por la Justicia. Puede ser alguien con una condena firme que nunca fue detenido, una persona con pedido de captura durante una investigación o incluso alguien que fue citado por un tribunal y no compareció cuando tenía la obligación legal de hacerlo”, señala. Esa amplitud, sostiene, es una de las razones por las que resulta tan difícil construir estadísticas homogéneas.
¿Quién debería buscarlos? Roggero responde que la responsabilidad está fragmentada. Por un lado, intervienen los juzgados que dictan las órdenes de captura; por otro, organismos encargados de registrar esos pedidos, como el Registro Nacional de Reincidencia y la Conarc. A eso se suma el listado de «los más buscados», reservado para casos de alto impacto o con pedidos de captura internacional. “Pero eso es una microminoría”, aclara. La inmensa mayoría de los prófugos nunca integra esas listas públicas.
Detrás de esa dispersión, Roggero advierte un problema todavía mayor: la falta de indicadores para medir si el sistema funciona. Por ejemplo, qué porcentaje real de los prófugos se busca y se encuentra. Porque una cosa es decir que todos tienen pedido de captura y otra muy distinta saber cuántos terminan siendo efectivamente localizados.
“De cada cien hechos delictivos denunciados, el sistema logra una condena efectiva en uno. Y según un informe de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de cada diez homicidios en la Argentina apenas se esclarecen seis. Imaginate un sistema que ya funciona con ese nivel de ineficiencia y al que, además, le preguntan quién busca a los prófugos y con qué resultados”, sostiene.
Para Marcelo Romero, ex fiscal penal de La Plata y ex subsecretario de Investigación Criminal de la Nación, el principal obstáculo no es la ausencia de sistemas informáticos, sino la forma en que esos sistemas se alimentan y se comunican entre sí. “El problema es la carga de datos en los diversos sistemas que interactúan”, entiende en diálogo con Quorum.
Romero explica que la información sobre personas buscadas por la Justicia circula por dos grandes canales. Por un lado, el Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, donde los tribunales de todo el país informan las órdenes de captura. Por el otro, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), administrado por el Ministerio de Seguridad, al que se suman los registros propios de cada provincia.
“El problema no es solamente cargar una captura. También hay que informar cuando esa captura deja de estar vigente”, aclara.
Y allí aparece una de las razones que explican por qué distintas fuentes oficiales ofrecen cifras tan diferentes. “Muchas capturas siguen figurando como activas aunque la Justicia ya las dejó sin efecto y esa novedad nunca fue comunicada al sistema”, explica Romero.
El ejemplo más frecuente, sostiene, es el de una persona que no comparece ante un tribunal, se ordena su captura y, días después, se presenta espontáneamente junto a su abogado. Si el juzgado no informa inmediatamente que la orden quedó sin efecto, el pedido continúa apareciendo como vigente.
“Ese es el gran problema por el que no tenemos un número exacto. Hay muchas capturas activas que en realidad ya fueron levantadas judicialmente, pero nadie lo comunicó”, afirma.
A esa dificultad se suma otra: durante muchos años cada organismo desarrolló sus propios sistemas informáticos. “Recién en los últimos años se está logrando la intercomunicación entre todas las agencias”, asegura el ex fiscal penal que trabajó en los tribunales de La Plata durante 25 años.
La compatibilidad entre las bases de datos del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios todavía continúa en desarrollo y, según el ex funcionario, esa falta de integración también conspira contra la elaboración de estadísticas confiables.
Aun así, Romero coincide con las cifras más prudentes que circulan actualmente. “Yo no tengo el número exacto, pero creo que hoy hay más de 45.000 capturas activas pendientes en todo el país”, sostiene, en línea con las estimaciones que ya habían mencionado otros especialistas.
¿Cómo se busca a un prófugo?
La respuesta no es tan sencilla como uno imagina. Si un juez dicta un pedido de captura, alguien debería encargarse de encontrar a esa persona. Sin embargo, cuando se intenta reconstruir cómo funciona ese mecanismo en la práctica, las respuestas empiezan a diluirse entre juzgados, registros administrativos y fuerzas de seguridad que actúan sin una estructura especializada. El resultado, según las distintas fuentes consultadas, es un sistema que depende mucho más del azar que de una estrategia planificada.
“Cada juez debería saber cuántos prófugos tiene en sus causas, pero nadie sale a buscarlos”, apunta Roggero. Una cosa es que exista una orden de captura cargada en un sistema informático; otra, muy diferente, es que haya un equipo dedicado a ejecutar esa orden. “Las comisarías no tienen un gabinete de búsqueda de prófugos. No hay un grupo especial dedicado exclusivamente a esa tarea. Sería imposible porque requeriría una cantidad de personal que hoy no existe”, sostiene.
Aunque sobre una persona pese un pedido de captura vigente, eso no significa necesariamente que alguien la esté buscando de manera activa. En la mayoría de los casos, el prófugo permanece incorporado a distintas bases de datos y sólo reaparece cuando, por alguna circunstancia fortuita, vuelve a tener contacto con alguna dependencia estatal o un control policial.
“Nadie busca a nadie, salvo que lo encuentren de casualidad”, afirma Roggero. Por ejemplo, en un control de documentación en un micro de larga distancia, un accidente o un control de tránsito, una identificación policial tras una pelea callejera o una internación en un hospital. “Si vas en taxi o en un remís, no te van a encontrar nunca. No hay un método científico ni un sistema organizado; se espera que aparezca por casualidad, salvo en causas de narcotráfico muy importantes o casos extremadamente mediáticos donde sí existen investigaciones específicas e interceptaciones telefónicas”, explica.
En determinados delitos, el simple paso del tiempo puede convertirse en un aliado como pasó con el caso de Maguila Puccio. “Existe la prescripción de la pena. Si es un delito menor y en dos o tres años no lo encontraste, la causa se cierra legalmente y ya no se busca más”, señala.
Para el ex fiscal Romero, una confusión frecuente consiste en creer que todos los prófugos son buscados del mismo modo. “No es así”, aclara. Existen distintos mecanismos. Uno de los que mejores resultados dio durante los últimos años fue Tribuna Segura, el programa que cruza en tiempo real la identidad de quienes ingresan a espectáculos masivos con las bases de datos de personas buscadas. “Ese plan favoreció muchísimo la recaptura de prófugos”, asegura.
Otro recurso es el ciberpatrullaje, una herramienta que, según Romero, suele ser mal interpretada. “No es que haya policías leyendo lo que escribimos en las redes sociales. Se utiliza para localizar prófugos o investigar delitos que se cometen a través de internet”, explica.
Romero coincide con Roggero en un punto central: la búsqueda efectiva requiere equipos especializados. “En la Policía Federal existe un gabinete dedicado exclusivamente a la búsqueda de prófugos dentro del Departamento Federal de Investigaciones (DFI)”, explica. También recuerda que el Servicio Penitenciario Bonaerense contaba con una Dirección de Inteligencia Penitenciaria que trabajaba específicamente en la recaptura de evadidos y de internos que no regresaban de salidas transitorias. Según afirma, esa estructura fue disuelta al inicio de la primera gestión de Axel Kicillof.
“No hay posibilidad de trabajar seriamente si no existe un gabinete especializado en la recaptura de prófugos”, concluye.
El modelo Santa Fe
En línea con lo que cuenta el ex fiscal penal platense, en los últimos años comenzaron a aparecer algunas iniciativas que intentan revertir esa lógica. Una de ellas se puso en marcha en la provincia de Santa Fe, donde el crecimiento de la violencia vinculada al narcotráfico obligó a desarrollar un esquema propio para localizar a los prófugos considerados de mayor peligrosidad.
En agosto de 2025, el gobierno santafesino presentó públicamente un listado con los diez hombres más buscados de la provincia. La nómina fue elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación a partir del trabajo del Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil, un organismo integrado por fiscales, policías, personal penitenciario y especialistas en inteligencia criminal. El criterio no fue únicamente la gravedad de los delitos atribuidos a cada uno de ellos, sino también su capacidad para seguir dirigiendo organizaciones criminales mientras permanecían prófugos.
Para favorecer su captura, la provincia ofreció recompensas de entre 20 y 60 millones de pesos, con la garantía de preservar la identidad de quienes aportaran información útil. Según informó entonces la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, así consiguieron localizar a seis prófugos de alto perfil durante el año anterior y a otros dos en las semanas previas a la presentación del listado.
En noviembre de 2016, durante la gestión de Germán Garavano al frente del Ministerio de Justicia de la Nación, se creó el sistema “Los Más Buscados”, una plataforma pública destinada a difundir la identidad y la foto de personas prófugas acusadas de delitos graves cuando los jueces así lo solicitaran.
La propia resolución que dio origen al programa ofrece una dimensión del problema. En sus fundamentos señala que el Co.Na.R.C. registraba entonces entre 55.000 y 60.000 personas con pedidos de detención, captura o medidas equivalentes emitidas por tribunales y fiscalías de todo el país.
El diagnóstico oficial también admitía que era necesario incorporar nuevas herramientas para mejorar las búsquedas. Por eso proponía acercar esa información a la ciudadanía mediante un sitio web de acceso público, con fotografías y datos de identidad de prófugos acusados de delitos graves, bajo la premisa de que la colaboración social podía transformarse en un complemento de la actividad judicial y policial. La resolución definía esa herramienta como una forma de promover “el enlace y la cooperación transversal entre los juzgados, ministerios públicos y la sociedad civil” para lograr la comparecencia de quienes habían eludido deliberadamente el accionar de la Justicia.
Sin embargo, al momento de este informe, el portal “Los Más Buscados” del Registro Nacional de Reincidencia exhibe apenas 82 personas con pedido de captura vigente, 81 de ellas con fotografía. La cifra contrasta con las decenas de miles de pedidos de captura que surgen de los registros oficiales.
Además, el listado presenta inconsistencias que plantean interrogantes sobre su actualización. Entre los prófugos, por ejemplo, todavía figura Tito Franklin Escobar Ayllón, el taxista acusado de haber violado a una pasajera en la ciudad de Buenos Aires. Escobar Ayllón permaneció en la clandestinidad durante ocho años, fue detenido en 2021 y, en 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 lo condenó a 12 años y seis meses de prisión. Pese a ello, su fotografía y sus datos personales continúan apareciendo en el sitio oficial del Registro Nacional de Reincidencia.
La página también revela que la incorporación más reciente de prófugos data del 25 de octubre de 2018, cuando fueron publicados los rostros de Braian Jonathan Morales y Leandro Morales, buscados por una serie de robos cometidos en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Desde entonces no se observan nuevas altas en el listado público.
Plata por datos
El Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece sumas de dinero a quienes aporten información que permita localizar personas buscadas por la Justicia, siempre que esos datos resulten determinantes para su detención. No es para todos.
Actualmente, el programa paga por 70 prófugos, la mayoría vinculados con homicidios, secuestros, narcotráfico, delitos de lesa humanidad y otras investigaciones de alta complejidad.
Entre los casos publicados figura el de Amanda Alves Ferreira, condenada a prisión perpetua por el homicidio agravado de la ciudadana brasileña Eduarda Santos de Almeida, cometido en Bariloche. Alves Ferreira -registrada judicialmente con el nombre masculino que tenía antes de modificar su identidad de género- escapó del Complejo Penitenciario III de Río Negro en agosto de 2024 y desde entonces permanece prófuga. Por ella ofrecen cinco millones de pesos.
Lo curioso es que no sólo logró abandonar el país sino que en calidad de prófuga brindó una entrevista a un medio de Brasil, una muestra más que evidentemente de la tranquilidad con la que se mueve un delincuente buscado por la Justicia argentina.
Un asesino en el teléfono
La falta de estadísticas y registros oficiales no permiten dimensionar el problema. Por ejemplo, a Matías Bagnato, el único sobreviviente de la masacre de Flores, nadie le avisó que Fructuoso Álvarez González, condenado por haber asesinado a sus padres, sus dos hermanos y un amigo que esa trágica noche de febrero de 1994 se quedó a dormir, había recuperado la libertad tras cumplir parte de la pena en España y había regresado a la Argentina. No era técnicamente un prófugo, pero sí una persona con antecedentes gravísimos que estaba de nuevo entre nosotros. Matías lo supo de la peor manera posible: el teléfono sonó en su casa y del otro lado estaba el hombre al que la Justicia había condenado perpetua.
“Una madrugada de 2010 me suena el teléfono en casa y era la voz de él amenazándome. A partir de esa amenaza se descubre todo el resto: que se había ido a España, que lo habían dejado libre y que había vuelto a la Argentina”, recuerda Bagnato.
Hasta ese momento, el sobreviviente de la masacre estaba convencido de que el empresario seguía preso. “Para nosotros él estaba detenido. Nunca nadie nos informó que había recuperado la libertad ni que había vuelto al país”, explicó. Fue esa llamada la que puso en marcha una reconstrucción que terminó revelando una serie de omisiones administrativas y judiciales.
Cuando Álvarez González ingresó nuevamente a la Argentina, Migraciones detectó que se trataba de una persona condenada por una masacre y consultó al juzgado de ejecución penal sobre cómo debía proceder. “Él no entró nadando. Entró por Ezeiza. Migraciones mandó varios oficios preguntando qué hacer y esos oficios nunca fueron contestados”, asegura Bagnato. Sin una respuesta judicial y sin una orden de captura vigente, el condenado recuperó la libertad de movimientos.
Recién después de las amenazas telefónicas se ordenó su búsqueda. El múltiple homicida permaneció aproximadamente un año prófugo antes de volver a ser localizado. Durante ese tiempo, Bagnato y su abuela vivieron con custodia policial permanente. “Un año tardaron en encontrarlo. Un año que estuvo prófugo mientras nosotros vivíamos con policías las 24 horas del día», recuerda Matías.
Varios años después, le preguntó al entonces juez de Ejecución Penal, Axel López, por qué nunca habían sido respondidos los oficios enviados por Migraciones. La respuesta todavía lo impacta: “Mirá cómo estoy tapado de expedientes. No te voy a mentir, me lo morfé”, recuerda que le respondió el magistrado.
El más buscado del país
Durante cuatro años, Ibar Esteban Pérez Corradi fue el hombre más buscado de la Argentina. Acusado de ser el presunto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez y con un pedido de extradición de los Estados Unidos por narcotráfico, logró escapar en 2012 cuando la Justicia ordenó su captura. Cruzó a Paraguay, cambió de identidad, formó una familia y hasta se borró las huellas digitales para dificultar su identificación. Recién fue detenido en junio de 2016, después de que el Gobierno ofreciera una recompensa y un informante aportara datos sobre su paradero.
Para Diego Ferrón, hermano de Damián Ferrón, una de las tres víctimas del Triple Crimen, esa historia demuestra que en la Argentina ni siquiera los prófugos de mayor relevancia son buscados con la intensidad que el caso requiere.
“Nos decían que lo estaban buscando, que se mudaba de un lugar a otro, que alquilaba distintas casas. Pero para estar cuatro años prófugo hay que tener mucho dinero o mucha protección. Si no, es imposible. Mucho más formar una familia y cambiar de identidad”, cuenta a esta revista.
Ferrón recuerda que la familia reclamó durante años que se ofreciera una recompensa para obtener información sobre Pérez Corradi, pero esa herramienta recién se activó cuando el acusado llevaba cuatro años prófugo.
“Nosotros pedíamos una recompensa mucho tiempo antes. Recién después de cuatro años apareció y fue un informante el que terminó aportando el dato para encontrarlo”, explica.
Durante ese tiempo, dice, nunca tuvo la sensación de que existiera una búsqueda sostenida. “Hablaba con el fiscal Juan Bidone y me decía que algo se hacía, pero también se quejaba de que no tenía recursos económicos para poder investigar más allá”, recuerda.
La repercusión pública del Triple Crimen convirtió a Pérez Corradi en una prioridad para el Estado. Sin embargo, Ferrón cree que fue justamente esa exposición mediática la que terminó empujando la investigación. “Acá, porque fue muy mediático y la prensa le dio mucha fuerza, en algún momento llegaron a capturarlo. Es evidente que hay muchísimos delincuentes prófugos y nadie los busca”, afirma.
Si Ibar Pérez Corradi, el prófugo más buscado de la Argentina, pudo permanecer cuatro años en la clandestinidad, cambiar de identidad, formar una familia y vivir sin mayores sobresaltos, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con los miles de pedidos de captura que nunca llegan a ocupar la agenda pública? Tal vez alguno de esos prófugos viva a la vuelta de tu casa. O tal vez viaje todos los días en el mismo colectivo.
