El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y la FACA encabezaron el rechazo al Decreto 467/2026 al advertir que elimina mecanismos de participación ciudadana, reduce la transparencia en la designación de jueces y supone un retroceso institucional en la integración de la Corte Suprema.
La publicación del Decreto 467/2026, mediante el cual el Gobierno nacional modificó el régimen de selección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación, generó un inmediato rechazo de entidades profesionales, organizaciones de la sociedad civil y referentes del ámbito judicial.
La norma deroga aspectos centrales de los Decretos 222 y 588 de 2003, considerados durante más de dos décadas como una referencia en materia de transparencia y participación ciudadana para la designación de autoridades judiciales. Entre los cambios más cuestionados aparecen la eliminación de instancias de observación pública sobre los postulantes y la supresión de la referencia a criterios de diversidad de género, especialidad y representación regional.
Cuestionamientos por la reducción de controles
Uno de los principales focos de crítica apunta a la desaparición del mecanismo que permitía a organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, universidades y particulares presentar observaciones u objeciones respecto de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo antes del envío de los pliegos al Senado.
Desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), su presidenta, Alejandra García, calificó la medida como un “retroceso innecesario” y sostuvo que el sistema vigente desde 2003 había demostrado ser una herramienta valiosa para fortalecer la legitimidad institucional de los nombramientos.
La dirigente estuvo acompañada en su posicionamiento por el ex presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, quien también defendió la vigencia de los mecanismos de control ciudadano incorporados durante las últimas dos décadas.
En la misma línea, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) expresó su “contundente rechazo” a las modificaciones introducidas por el decreto y reafirmó su compromiso con la independencia judicial, la transparencia institucional y el federalismo.
La polémica por la eliminación de la paridad
Otro de los puntos más controvertidos es la derogación de la disposición que instaba al Poder Ejecutivo a contemplar criterios de diversidad de género, representación regional y especialización jurídica al momento de proponer candidatos.
Para los sectores críticos, la eliminación de esa referencia implica un retroceso en materia de representación institucional.
Alejandra García sostuvo que esos lineamientos no limitaban las facultades constitucionales del Presidente, sino que constituían una orientación destinada a promover una integración más plural y representativa de los máximos órganos judiciales.
La decisión también generó preocupación entre organizaciones que desde hace años impulsan una mayor participación de mujeres en los espacios de decisión del Poder Judicial. Entre ellas se encuentran la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la CEJIL y Amnistía Internacional.
El debate adquiere una dimensión adicional si se considera que la Corte Suprema se encuentra actualmente integrada exclusivamente por varones. En toda la historia del tribunal, apenas tres mujeres ocuparon una vocalía: Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco.
Mientras el Ejecutivo apuesta a acelerar futuros nombramientos, el alcance de las modificaciones y la intensidad de las críticas anticipan que la discusión sobre la integración de la Corte Suprema volverá a ocupar un lugar central en la agenda institucional durante los próximos meses.
