La Sala I de la Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa iniciada con el hallazgo de estupefacientes en cantidades que exceden el consumo personal en el domicilio porteño del ex titular del ARSAT, quedará en manos del Juzgado Federal 6, a cargo de Daniel Rafecas.
La Cámara Federal de San Martín puso fin a la controversia por la competencia entre el Juzgado de San Isidro del juez Lino Mirabelli y el Federal 6 de Daniel Rafecas en Comodoro de Py, para decidir cuál llevará adelante la investigación de la causa por tenencia de estupegacientes con fines de comercialización que se inició con el allanamiento del departamento de la ciudad de Buenos Aires de Facundo Leal.
Mirabelli lo investigaba por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública y cohecho; en ese marco ordenó allanamientos en Mendoza, de donde es oriundo el imputado, provincia y ciudad de Buenos Aires.
En este último procedimiento se secuestraron computadoras personales, dispositivos de almacenamiento digital, agendas personales, dinero en efectivo, claves de acceso a monedas digitales, documentación contable y una cantidad de estupefacientes (ketamina, drogas de diseño y cocaína) en una cantidad que sólo se justifica en su futura comercialización, un delito reprimido con penas que van de cuatro a 15 años de cárcel.
La Cámara de San Martín resolvió que fuera el Juzgado Federal 6 de Daniel Rafecas el que llevará adelante la investigación, una vez que Mirabelli se declarara incompetente en razón del territorio. Esto es, la droga fue encontrada en el ámbito de la Capital Federal.
Rafecas consideró que era prematuro remitir a su juzgado la cuestión de la comtenecia, pero el camarista Marcelo Fernández consideró que la autonomía del delito de tenencia de drogas con miras a su comercialización es clara con respecto a los delitos contra la administración pública que investiga Mirabelli.
El fiscal Ramiro González también pidió que se investigara a Leal pero en su caso como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeronavegación (ORSNA), por presuntos pedidos de coimas a las empresas que se presentaban a licitación para llevar adelante obras de remodelación de aeropuertos de todo el país.
