El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a las medidas solicitadas por el fiscal Ramiro González, quien imputó a los actuales y ex directivos del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) por un presunto esquema de retornos del 10% en la obra pública aeroportuaria. Se trata de Facundo Leal, ex presidente del Directorio; Noelia Florencia Ruiz, actual presidente; Lucila Belén Pagani, actual vicepresidente y Facundo Gaitan, incorporado al organismo como “controller”.
El ORSNA maneja el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA) para financiar y adjudicar obras en aeroestaciones de todo el país; según la denuncia que inició el requerimiento del fiscal Ramiro González, la conducción del organismo exigiría a las empresas contratistas un retorno del 10% del valor de cada contrato a cambio de dos cosas: la adjudicación de las obras y la aprobación de las certificaciones de avance, que es el mecanismo por el que las empresas cobran tramos del contrato a medida que ejecutan los trabajos.
Las obras en cuestión son construcciones en aeropuertos de Río Grande, Tucumán y Río Gallegos, con adjudicaciones proyectadas en Ezeiza, Córdoba y Mendoza y las empresas beneficiadas con la mayor concentración de contratos serían Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones.
Martínez de Giorgi solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) los antecedentes vinculados a las contrataciones del ORSNA con esas empresas, por ejemplo denuncias previas y auditorías realizadas por los orgabismos de control.
El juez también ordenó la confección de un listado completo de las obras adjudicadas por el organismo desde enero de 2025 y pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la agencia Nosis un informe de los registros impositivos de Leal, Ruiz, Pagani y Gaitán, para reconstruir el patrimonio de los imputados.
El fiscal reprodujo en su requerimiento la descripción del circuito: “Ruiz y Pagani, junto al Gerente de Presupuesto, estructurarían las adjudicaciones y los pagos, mientras la captura de las gerencias mediante el desplazamiento de los agentes de carrera y la imposición del ‘controller’ aseguraría la ausencia de controles internos efectivos”.
El patrón de las maniobras
Leal es señalado como el origen del esquema: la denuncia de la diputada Marcela Pagano sostiene que replicó en el ORSNA el mismo modelo que habría implementado antes en ARSAT, con desplazamiento sistemático de gerentes de carrera para reemplazarlos por personas de su entorno sin idoneidad técnica.
Su renuncia al cargo tuvo efecto el 26 de febrero pasado, pero el entramado no se disolvió con su salida sino que se reorganizó bajo la nueva conducción: Ruiz, que integró el directorio de ARSAT junto a Leal, fue designada presidenta del ORSNA por el mismo decreto que aceptó la renuncia de su antecesor.
Sobre ella pesan señalamientos por fondos de dudosa procedencia, contrataciones sospechosas y la presunta incorporación de su ex marido al sistema de obra social y prepaga del organismo; su retribución, construida mediante la acumulación de unidades retributivas, superaría los 7.000.000 de pesos mensuales, por encima del salario de un ministro nacional.
Pagani fue promovida a la vicepresidencia con un cuestionado paso previo por el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en un contexto de crisis de deuda y renuncias en la conducción, habría suscripto más de cien despidos mientras reestructuraba la escala salarial en términos que le permitieron incrementar su propia remuneración.
Gaitan no tiene experiencia en la actividad aeroportuaria, su cargo carece de justificación funcional, la Secretaría General del ORSNA ya cumple de hecho las funciones de gerencia general, y, según la denuncia, responde al propósito de ejercer control político sobre las gerencias de carrera.
¿Un sistema de gestión pública?
El nombre de Leal excede esta causa: el 27 de mayo, días antes de que Pagano presentara esta denuncia, el ex titular del ORSNA fue detenido en su departamento de Palermo por orden del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, en el marco de una investigación por su gestión en ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado.
En los allanamientos practicados en Palermo y en su vivienda de Mendoza se secuestraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas y, en un procedimiento posterior, una valija con al menos 19 dispositivos profesionales de espionaje. La causa apunta a un presunto esquema de direccionamiento de contratos y sobreprecios dentro de la empresa estatal de telecomunicaciones. Lo mismo que se investiga en el ORSNA.
La investigación sobre los estupefacientes fue derivada para su investigación al juzgado federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, tras una discusión sobre la competencia, que fue zanjada por la Cámara Federal de San Martín.
