El fallo aplicó la doctrina del caso Schiffrin y descartó suspender el límite constitucional de edad. La definición también puede reconfigurar el mapa de poder de la Cámara Federal de Comodoro Py.
Un incesante tic-tac resuena en los pasillos de Comodoro Py. Marca el ritmo de una disputa que combina derecho constitucional, equilibrios políticos y el control de uno de los tribunales más estratégicos del país. El próximo 18 de julio, el juez Martín Irurzun, integrante de la Cámara Federal porteña, cumplirá 75 años, la edad límite que establece la Constitución Nacional para ejercer la magistratura, salvo que el Poder Ejecutivo envíe un nuevo pliego al Senado y obtenga su aprobación por un período adicional de cinco años.
Ante el silencio del Gobierno, que hasta el momento no impulsó su continuidad, Irurzun decidió acudir a la Justicia para evitar su salida. Sin embargo, su primera ofensiva judicial terminó con un rechazo contundente.
La ofensiva judicial para permanecer en el cargo
Con el objetivo de mantenerse en funciones y conservar las responsabilidades que hoy desempeña, el camarista presentó una medida cautelar autónoma ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1. Su planteo buscaba suspender los efectos del tercer párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, que exige un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para que un juez continúe en funciones una vez cumplidos los 75 años.
En su presentación sostuvo que, de no dictarse la cautelar antes del 18 de julio, sufriría un perjuicio irreversible al verse obligado a cesar en el cargo, con afectación de la garantía constitucional de inamovilidad judicial.
La apuesta por cuestionar la reforma constitucional de 1994
La estrategia de la defensa apuntó directamente contra la legitimidad del propio texto constitucional. Irurzun argumentó que la Convención Constituyente de 1994 excedió las facultades otorgadas por el Congreso mediante la Ley 24.309. Según su interpretación, esa norma solo habilitó modificaciones vinculadas con el sistema de designación y remoción de jueces -como la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento-, pero no autorizó incorporar un límite etario para los magistrados.
Con apoyo en el artículo 6° de esa ley, que declara nulas las reformas sobre materias no habilitadas, sostuvo que la cláusula del artículo 99 es nula de nulidad absoluta y, por lo tanto, inaplicable a su caso. Para reforzar su postura invocó el voto en disidencia del juez Carlos Rosenkrantz en el precedente “Schiffrin”.
El antecedente “Schiffrin” y el rechazo de la cautelar
La jurisprudencia, sin embargo, evolucionó en sentido contrario. Durante años rigió el criterio del fallo “Fayt”, que permitió al entonces ministro de la Corte Suprema permanecer en su cargo al declarar inválido el límite de edad. Esa doctrina fue abandonada en 2017, cuando la Corte, en el caso “Schiffrin”, validó la constitucionalidad del límite de los 75 años.
En ese precedente, el máximo tribunal sostuvo que el límite etario no afecta la garantía de inamovilidad judicial, sino únicamente el carácter vitalicio del cargo, y estableció un criterio de máxima deferencia hacia la Convención Constituyente, en atención a su legitimidad democrática.
Aunque Irurzun alegó que los precedentes de la Corte no tienen fuerza obligatoria absoluta y recordó que Juan Carlos Maqueda -quien integró la mayoría en “Schiffrin”- ya no integra el tribunal, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1 rechazó su pedido.
La resolución destacó la presunción de validez que ampara a los actos de los poderes públicos y, con mayor razón, a las normas incorporadas a la Constitución Nacional. También recordó que suspender provisionalmente una cláusula constitucional exige un estándar particularmente estricto, que Irurzun no logró satisfacer al no aportar argumentos novedosos que justificaran apartarse de la doctrina fijada por la Corte en “Schiffrin”.
El fallo agregó otro obstáculo. Señaló que la demanda ni siquiera cuestionó las resoluciones reglamentarias dictadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura para implementar el procedimiento previsto cuando un magistrado alcanza los 75 años. Esas normas establecen que, si el Poder Ejecutivo no remite un nuevo pliego o el Senado no presta acuerdo, el Consejo de la Magistratura debe iniciar el concurso para cubrir la vacante.
Figueroa, Maqueda y dos caminos frente al límite de los 75 años
El caso inevitablemente remite al antecedente de la ex jueza de Casación María Cristina Figueroa. Tras cumplir 75 años en agosto de 2023, continuó desempeñándose en el cargo pese a que su pliego nunca obtuvo aprobación del Senado. La Corte Suprema resolvió entonces que había cesado automáticamente el día de su cumpleaños y comunicó esa decisión al Consejo de la Magistratura.
En el extremo opuesto se ubicó Juan Carlos Maqueda. Conociendo de antemano que no contaría con un nuevo nombramiento, aceptó su salida de la Corte Suprema al cumplir la edad constitucional, admitiendo públicamente que no contaba con respaldo político para continuar.
La situación de Irurzun también contrasta con la de Carlos Mahiques, quien recientemente obtuvo la renovación de su designación en la Cámara Federal de Casación Penal. En este caso, la ausencia de una decisión del Poder Ejecutivo parece anticipar un desenlace distinto.
Una vacante que puede reconfigurar el poder en Comodoro Py
Las consecuencias de una eventual salida de Irurzun exceden su situación personal. Su retiro ampliaría el número de vacantes en la Cámara Federal porteña, tribunal clave para revisar procesamientos, confirmar sobreseimientos y resolver algunas de las causas de mayor impacto institucional.
Actualmente, el Consejo de la Magistratura ya elevó las ternas para cubrir dos cargos permanentes de la Sala I, hoy ocupados por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados fueron cuestionados por la Corte Suprema y sometidos a un proceso de regularización mediante concurso y nuevo acuerdo del Senado.
Ese proceso forma parte de un esquema más amplio que comprende cerca de 65 vacantes en todo el país y que ha generado fuertes resistencias. Bruglia denunció una persecución institucional, mientras que Bertuzzi decidió presentarse al concurso para intentar conservar su cargo. Germán Castelli, por su parte, también denunció presiones vinculadas con el proceso de regularización de los traslados.
En definitiva, el rechazo de la cautelar dejó a Martín Irurzun frente a un calendario inexorable. Salvo que el Poder Ejecutivo decida enviar un pliego y el Senado lo apruebe antes del 18 de julio, la Cámara Federal perderá a uno de sus jueces más influyentes. Su salida no sólo pondrá fin a más de cinco décadas de trayectoria judicial, sino que también abrirá una nueva disputa por la integración y el equilibrio de poder en uno de los tribunales más sensibles de Comodoro Py.
