Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete y también su puesto en YPF, pero el frente judicial que desde hace meses se cierne sobre él por presunto enriquecimiento ilícito permanece intacto. La ley previó este escenario y el expediente sigue su curso como si nada hubiera pasado.
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga a Manuel Adorni por inconsistencias entre sus declaraciones juradas y la evolución de su patrimonio desde que asumió como vocero presidencial, primero, y como jefe de Gabinete después. Esa causa, que tramita ante el juzgado federal de Ariel Lijo, no se modifica un milímetro por la renuncia: lo que se investiga son hechos ocurridos mientras Adorni ejercía la función pública, y eso es lo único que la ley exige para que el expediente siga en marcha.
La ley ya contempló que el funcionario se fuera
El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público no exige que el sospechado siga en el cargo al momento de ser investigado. La norma habilita expresamente que se le requiera explicar el origen de su patrimonio hasta dos años después de haber cesado en sus funciones. Adorni dejó la Jefatura de Gabinete el sábado, pero ese plazo recién empieza a correr desde ahora: el fiscal tiene tiempo de sobra, y todo indica que el requerimiento para que justifique sus fondos, que ya está prácticamente listo, llegará en los próximos días, probablemente antes de que arranque la feria judicial de invierno, que este año se extiende del 20 al 31 de julio.
El artículo 268 (2) del Código Penal indica claramente que “será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño”.
Tampoco se mueve el fuero
La causa seguirá en la justicia federal no porque Adorni continúe en un cargo, sino porque los hechos que se investigan ocurrieron cuando era funcionario nacional. La competencia se fija por el momento de los hechos, no por la situación actual del investigado. Renunciar no lo saca de la órbita federal ni lo acerca a un fuero distinto.
Nunca tuvo inmunidad que perder
A diferencia de un diputado, un senador o un juez, un jefe de Gabinete no goza de ningún fuero ni inmunidad de arresto. Pudo ser indagado, procesado o incluso detenido desde el primer día de la investigación, exactamente igual que cualquier ciudadano. Por eso, la renuncia tampoco le quita ninguna protección procesal, simplemente porque nunca la tuvo.
Ni lo beneficia ni lo perjudica
La salida de Adorni del Gobierno es un hecho político, pero para la Justicia, es irrelevante. El expediente por enriquecimiento ilícito sigue exactamente donde estaba, con los mismos plazos, el mismo fiscal y el mismo juez. Adorni dejó de ser funcionario, pero la causa lo trata como si todavía lo fuera porque, a los efectos de lo que se investiga, lo era cuando importaba.
