El Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial reúne en Buenos Aires a especialistas de toda la región para debatir cómo la inteligencia artificial, las redes sociales y el lenguaje claro están transformando la relación entre los tribunales y la ciudadanía. Expositores coincidieron en que la tecnología solo tendrá sentido si contribuye a humanizar la Justicia.
La inteligencia artificial, las redes sociales y las nuevas formas de comunicación dejaron de ser temas periféricos para convertirse en uno de los principales desafíos de los poderes judiciales de Iberoamérica. Bajo esa premisa se desarrolla el Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial, un encuentro que reune durante dos jornadas a magistrados, comunicadores y especialistas para reflexionar sobre el futuro de la comunicación institucional de la Justicia.
El congreso, realizado en modalidad híbrida con sede en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, marcó además la consolidación de una disciplina que en los últimos años adquirió identidad propia: la comunicación judicial, hoy concebida como una herramienta estratégica para fortalecer la transparencia, la legitimidad institucional y el vínculo con la ciudadanía.
Del expediente al ciudadano
Uno de los paneles centrales estuvo dedicado al impacto de las redes sociales y de la inteligencia artificial en la comunicación judicial. La moderadora, Valeria Colella, definió a la inteligencia artificial como “el gran elefante en la habitación”, al señalar que los poderes judiciales ya no sólo deben adaptarse a la velocidad de las redes sociales, sino también al nuevo escenario generado por los algoritmos y la automatización.
Cambiar el foco: del interés institucional al interés del usuario
La responsable de comunicación digital del Poder Judicial de Córdoba, Belén Torres Cammisa, sostuvo que la presencia en redes sociales ya no alcanza por sí sola.
Según explicó, el desafío consiste en abandonar una lógica vertical para construir un diálogo horizontal con la ciudadanía, desarrollando una voz institucional coherente, cercana y basada en el respeto hacia los usuarios.
La especialista propuso además un cambio de paradigma: dejar de comunicar únicamente aquello que resulta importante para la institución y comenzar a producir contenidos pensados desde las necesidades de quienes reciben la información.
En ese sentido, presentó el modelo desarrollado por Dmitry Shishkin, que divide los contenidos en cuatro grandes objetivos: informar, ayudar a comprender, generar empatía y ofrecer herramientas prácticas.
Como ejemplo, destacó una campaña de convocatoria pública para adopción realizada por el Poder Judicial de Córdoba que, gracias a una estrategia centrada en la humanización del mensaje, consiguió cerca de sesenta postulantes en apenas cinco días.
“La Justicia también se construye en la palma de la mano del ciudadano”, resumió.
Una comunicación institucional centralizada
Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la directora de Comunicación Institucional, Julia Kenny, explicó cómo evolucionó el área desde una oficina de prensa hacia una dirección profesionalizada.
Uno de los pilares del modelo del MPF es la centralización de la comunicación: las fiscalías no administran cuentas propias ni difunden decisiones oficiales de manera independiente, sino que toda la estrategia pasa por una conducción única.
Kenny señaló que Instagram se convirtió en el principal canal de comunicación del organismo y explicó que las publicaciones se diseñan pensando en el interés ciudadano más que en la lógica interna de los expedientes.
También destacó la importancia de medir resultados mediante indicadores periódicos y recordó que el Ministerio Público emitió recomendaciones para el uso de redes sociales personales por parte de magistrados y funcionarios, promoviendo prudencia, imparcialidad y evitando intervenciones de contenido político-partidario.
Como síntesis de esa filosofía, citó al investigador Carlos Scolari: “No comunicamos cuando publicamos, sino cuando logramos ser comprendidos, apropiados y discutidos por las ciudadanías”.
Inteligencia artificial para acercar la Justicia
El cierre del panel estuvo a cargo del ministro de la Suprema Corte de Mendoza, Mario Adaro, quien planteó que la discusión sobre inteligencia artificial debe comenzar por reconocer el profundo problema de confianza que atraviesa el sistema judicial.
El magistrado recordó que los bajos niveles de credibilidad ciudadana no pueden revertirse únicamente mediante campañas de comunicación o una mayor presencia en redes sociales.
En relación con la inteligencia artificial, explicó que sus aplicaciones exceden ampliamente a las herramientas generativas y abarcan automatización de procesos, análisis documental, procesamiento masivo de datos y nuevos canales de interacción con los ciudadanos.
Entre las propuestas más innovadoras, planteó transformar las redes sociales en verdaderas plataformas de gestión judicial, donde las personas puedan iniciar consultas o reclamos directamente desde aplicaciones que ya utilizan cotidianamente, sin necesidad de atravesar múltiples sistemas informáticos.
Adaro también hizo hincapié en la necesidad de establecer marcos éticos para el uso de la IA en la Justicia. Señaló que varias provincias ya dictaron acordadas sobre la materia y explicó que Mendoza optó por desarrollar un modelo de regulación dinámica mediante un “sandbox” o laboratorio permanente de innovación.
Otro de los ejes de su exposición fue la accesibilidad digital. El ministro advirtió que numerosos desarrollos tecnológicos del sistema judicial siguen excluyendo a personas con discapacidad o con dificultades de comprensión por no respetar estándares internacionales de accesibilidad.
Humanizar la Justicia
Más allá de las diferencias entre las experiencias presentadas, el panel dejó una conclusión compartida: la tecnología no constituye un fin en sí mismo.
Las redes sociales, el lenguaje claro y la inteligencia artificial solo cumplirán su función si permiten construir una Justicia más cercana, más transparente y más comprensible para la ciudadanía.
Como sintetizó Mario Adaro, el verdadero desafío consiste en que los poderes judiciales pierdan el miedo al cambio, transformen su cultura organizacional y logren “ponerle cara y mensaje al Poder Judicial”, recuperando así la confianza de una sociedad que reclama ser escuchada y comprendida.
