En un duro dictamen, el fiscal reseñó todas las artimañas que Piccirillo desplegó en la causa y dejó claro que, según se pruebe que está amenazando a un ex socio suyo y a su esposa, podría pedir que regresara a prisión.
El fiscal Franco Picardi se opuso al pedido de cese de la prisión domiciliaria de Elías Piccirillo, procesado por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma, por haberle fraguado un expediente a su ex socio Francisco Hauque, con quien tenía una deuda millonaria, plantándole drogas y un arma en enero de 2025, con la colaboración de un policía exonerado de la Federal.
El ex de Jesica Cirio había pedido su libertad, o, por lo menos, que le permitieran abandonar el pequeño departamento de su hermano en Banfield, donde cumple la prisión domiciliaria concedida a fines del año pasado, para irse a vivir a la casa de su pareja, Florencia Epelbaum, en el barrio porteño de Núñez.
Por qué la fiscalía no confía en Piccirillo
Para fundar su negativa a los pedidos del financista, el fiscal Picardi repasó cada una de las actitudes en las que estuvo lejos de decir la verdad y de colaborar con los investigadores de la causa en la que terminó procesado: había declarado como su domicilio un lote en el barrio privado “El Yacht”, en Nordelta, que según revelaron los allanamientos de febrero de 2025, era donde vivía su amigo Carlos Migueles, junto a su familia, y donde no había “pertenencias, documentación o elemento alguno que permitiera concluir que el imputado habitaba efectivamente ese lugar”.
Para la fiscalía, esto prueba que el arraigo invocado ahora por la defensa es artificial: “La permanencia del imputado en un domicilio obedece exclusivamente al cumplimiento de la medida de arresto domiciliario oportunamente dispuesta y al control permanente ejercido mediante el dispositivo de vigilancia electrónica”.
Picardi reconstruye en su dictamen el comportamiento de Piccirillo el día de su detención: según su propia declaración indagatoria, se dirigió al domicilio de Nordelta tras un llamado de Migueles, quien le avisó del allanamiento, pero sin embargo, se presentó ante las fuerzas de seguridad sin teléfono. El fiscal sostiene: “Esta situación me permite sostener que el nombrado, antes de presentarse ante la Prefectura Naval Argentina, descartó dicho dispositivo”. Esa hipótesis se apoya en datos de la Dajudeco, que registraron una línea a su nombre “impactando en una de las antenas de la localidad de Tigre” mientras ocurría el operativo.
A esto se suma otro punto que la fiscalía marca como sospechoso: filmaciones incorporadas a la causa muestran a Piccirillo, la noche del 17 de enero de 2025, “manipulando dos teléfonos celulares y una tablet”. Sin embargo, cuando compareció “únicamente aportó un teléfono celular, el cual, además, se encontraba reseteado de fábrica al momento de su secuestro”. Un informe socioambiental detectó que el imputado tenía dos líneas activas a su nombre, dato que coincide con el testimonio público de un testigo que dijo haberlo visto usar dos iPhone en el domicilio donde cumple la domiciliaria. Pero en un allanamiento posterior sólo se secuestró un dispositivo, cuyo contenido todavía no fue analizado.
La posibilidad de volver a la cárcel.
El punto que la fiscalía deja explícitamente abierto es el de las amenazas que las Francisco Hauque y su esposa le atribuyen a Piccirillo. Picardi admite que esa prueba está en producción, pero plantea que el resultado “-en particular aquellas vinculadas al análisis del dispositivo telefónico secuestrado y a las manifestaciones formuladas por las víctimas- pueda justificar la revisión de la modalidad de cumplimiento de la medida cautelar, tal como actualmente se encuentra vigente, en base al agravamiento de riesgos procesales”. En los hechos, la fiscalía no descarta pedirle al juez federal Ariel Lijo que, de comprobarse las intimidaciones, Piccirillo vuelva a la cárcel.
Tampoco avala el cambio de domicilio
Picardi rechazó también el pedido subsidiario de trasladar a Piccirillo a otra vivienda, porque “no se han aportado datos del inmueble en cuestión ni de las condiciones concretas en las que se propone el cumplimiento de la medida de coerción”. Por eso, sostiene, “la fiscalía carece de informaciones mínimas que permitan evaluar la solicitud realizada”.
