Las falsas denuncias son un problema tan delicado como subestimado. En un sistema judicial que busca proteger a las víctimas y castigar a los culpables, una denuncia falsa no sólo desvirtúa la verdad sino que también pone en riesgo la confianza en la Justicia. Si bien se trata de casos minoritarios en comparación con las denuncias válidas, su impacto puede ser devastador tanto para los falsamente acusados como para quienes verdaderamente necesitan del sistema. ¿Es el aumento de penas la solución?
¿Qué es una falsa denuncia? Es aquella acusación que se presenta ante las autoridades sin sustento alguno o con pruebas fabricadas, con el fin de denunciar injustamente a una persona. Este tipo de acciones pueden tener diversas motivaciones: venganza, intereses económicos, manipulación de situaciones familiares (como disputas por custodia de menores) o daño reputacional. Si bien afectan a hombres y mujeres, en su mayoría están orientadas a perjudicar más al sexo masculino.
El impacto de una denuncia falsa va más allá del proceso judicial. Las consecuencias personales, laborales y emocionales para quien es acusado injustamente pueden ser irreparables. Además, estas acusaciones también socavan la credibilidad de las víctimas reales, quienes pueden enfrentar mayores trabas y escepticismo al momento de acudir a la Justicia.
Según datos de diferentes organismos judiciales, las denuncias falsas representan un porcentaje bajo pero su repercusión social es enorme. Ante esta realidad, el debate sobre si deben agravarse las penas para quienes utilizan el sistema judicial con fines espurios vuelve a ganar fuerza.
Un informe del Consejo de la Magistratura señala que, en Argentina, menos del 3% de las denuncias penales se catalogan como falsas o infundadas tras una investigación.
No obstante, expertos advierten que incluso un porcentaje reducido puede tener un gran impacto en la opinión pública y en la Justicia.
Según estudios realizados por el Poder Judicial de la Nación, los casos más frecuentes de denuncias falsas se registran en:
- Conflictos familiares, especialmente en juicios por custodia o divorcios.
- Denuncias de abuso sexual y violencia de género.
- Acusaciones relacionadas con delitos económicos y patrimoniales.
Si bien la mayoría de las acusaciones en estas categorías son válidas, la presencia de denuncias falsas genera una sombra de duda que perjudica a quienes verdaderamente necesitan justicia.
Penas irrisorias
El Código Penal argentino tipifica la falsa denuncia en su artículo 245, señalando que “el que denunciare falsamente un delito ante la autoridad será reprimido con prisión de dos meses a un año o multa”. Sin embargo, los juristas coinciden en que las penas actuales resultan insuficientes para desalentar estas conductas.
Asimismo, las opiniones de los abogados reflejan una preocupación generalizada por la insuficiencia de las sanciones. Existe un consenso sobre la necesidad de revisar y fortalecer las penas para disuadir estas conductas y proteger tanto a las víctimas reales como al sistema judicial en su conjunto.
Además, la dificultad para probar la intención dolosa (es decir, que la denuncia fue hecha a sabiendas de su falsedad) también complica la aplicación de castigos. Como resultado, muchos casos de denuncias falsas quedan impunes o ni siquiera se investigan.
Según un trabajo elaborado por el Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias de Violencia de Género al que tuvo acceso Quórum, hay diez motivos para utilizar falsas denuncias y ellos son: daño, venganza, obstrucción de vínculos, extorsión, dinero, acceso a un plan social, quitar de un puesto laboral, quita de puestos de poder, abuso intrafamiliar e infidelidad.
Asimismo, el trabajo sostiene que las consecuencias de las falsas denuncias de delitos sexuales en términos humanos, profesionales, sociales y jurídicos son:
- Privación de la libertad en proceso de investigación de hasta tres años. Los argumentos son posible fuga, protección de la víctima o posible condena futura: un número desconocido de ciudadanos se encuentran privados de su libertad.
- Exclusión de ámbitos laborales, despidos, pase a disponibilidad: un 90% de los casos la denunciante se contacta para informar los problemas legales y de esta manera poner en riesgo la estabilidad laboral. Por miedo a los escraches los desvinculan.
- Aplicación de protocolos internos: empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas, ministerios, colectivos, aplican procedimientos por fuera de la ley sin ninguna regulación legal.
- Sentencia “falta de pruebas o insuficientes, ausencia de delito”: No existe una sentencia que indique “Falsa Denuncia” pese a los indicios, pruebas y testigos.
Daños colaterales
Uno de los principales perjuicios de las denuncias falsas es que comprometen la credibilidad de la Justicia. Afectan especialmente la lucha contra delitos graves como la violencia de género o el abuso infantil, donde las víctimas dependen de un sistema judicial confiable y receptivo.
Paula González, psicóloga y especialista en violencia familiar, señala: “Cada vez que se hace pública una denuncia falsa, retrocedemos años en el trabajo por visibilizar y combatir problemáticas reales. Se genera un estigma injusto que perjudica a quienes verdaderamente necesitan ayuda”.
Por otro lado, los acusados injustamente enfrentan daños irreparables. No es necesario que se demuestre su culpabilidad: la mera existencia de una denuncia pública puede destruir su reputación, su empleo y sus relaciones personales.
La senadora nacional Carolina Losada (UCR) fue la primera en abordar esta problemática desde el ámbito legislativo. En un proyecto, argumenta: “Las injurias públicas llevan a la exclusión, el rechazo e incluso, en muchos casos, al escarnio público. Un ejemplo es el caso de Agustín Muñoz, un joven rionegrino acusado por una amiga de abuso sexual ‘en un momento de bronca’, que en 2018 terminó con su vida. La vergüenza, la depresión, el miedo y el posterior suicidio no pueden ser reparados con una simple disculpa”.
Losada agrega que “la presentación de una denuncia falsa por abuso sexual implica que el denunciado quede atrapado en la vorágine de un proceso penal. Esta situación representa una carga gravísima: además de probar su inocencia, puede perder el contacto con sus hijos, poner en riesgo su empleo y enfrentar graves estigmas sociales, todo de manera injusta y por un hecho inexistente”.
Además, dependiendo del nivel de exposición mediática, el acusado puede enfrentarse a un juicio paralelo en la opinión pública y ser culpabilizado incluso sin pruebas concluyentes. Cuando el caso llega a los medios, el denunciado suele ser blanco de críticas que no solo lo responsabilizan, sino que también lo estigmatizan severamente.
“Los funcionarios públicos de todo organismo interviniente que conozcan los hechos denunciados deberían guardar secreto profesional hasta que la Justicia determine la situación del denunciado bajo un debido proceso legal”, reclama la senadora radical en su iniciativa.
¿Agravar las penas es la solución?
El debate sobre si es necesario endurecer las penas para quienes realizan denuncias falsas divide opiniones. Algunos especialistas argumentan que una pena más severa funcionaría como un disuasivo efectivo. Otros advierten que podría generar un efecto adverso, desalentando a víctimas reales a denunciar por temor a represalias.
El juez Javier López Biscayart, especialista en derecho penal económico, señala: “No se trata sólo de castigar, sino de prevenir. La clave está en mejorar los mecanismos de investigación para detectar rápidamente denuncias infundadas y evitar procesos judiciales largos y costosos”.
En noviembre del año pasado se realizó en el Senado de la Nación una jornada dedicada a este tema organizada por los senadores Losada y Juan Carlos Pagotto (LLA).
El evento volvió a poner en la agenda pública un proyecto de 2023 impulsado por Losada que agrava las penas de uno a tres años cuando se trate de una denuncia falsa. Mientras que, en casos que involucren a temas de violencia de género, abuso/acoso sexual o violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, las penas se elevan de tres a seis años y no son excarcelables.
Losada aseguró: “En la Argentina, la violencia de género y los femicidios son un problema gravísimo y que tenemos que atender todo. Este proyecto es impulsado, en parte, para hacer Justicia por todas las mujeres, por las que realmente son víctimas de violencia de género, todos aquellos niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual por parte de quién sea. Una víctima no va a ser tenida en cuenta de la misma manera si hay personas que denuncian falsamente”.
Junto a Losada y Pagotto estuvo Andrea Guacci, fundadora del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias de Violencia de Género. Además, apoyando la iniciativa dieron testimonios ante los presentes, en el Salón Azul del palacio legislativo, una decena de mujeres en su mayoría familiares de personas que fueron víctimas de falsas acusaciones ante la Justicia. Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, quien afirmó que “las denuncias matan” y detalló su experiencia. “Nos presentamos ante la Justicia 11 veces, nadie nos escuchó. En la última audiencia la jueza nos dijo ‘la madre es la madre y no va a estar mejor que con ella’, al año y tres meses me trajeron a Lucio en un cajón”, reclamó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Liberona señaló: «Emitir y radicar una falsa denuncia es un delito grave. Es faltar a la verdad y la Justicia. La situación se agrava aún más cuando se trata de casos de género, debido al profundo impacto personal, social y general que genera, afectando incluso a las familias y el vínculo con los hijos. Consideramos su iniciativa en el proyecto del Código Penal y examinamos su valioso trabajo. Basta de impunidad. La sociedad y el país exige penas que deben ser proporcionales y ejemplares».
Cabe mencionar que el proyecto de Losada y Pagotto tuvo dictamen de la Comisión de Justicia del Senado pero no llegó a debatirse en el recinto. La iniciativa, además de aumentar las penas a las falsas denuncias, modifica el artículo 275 del Código Penal de la Nación para reprimir “con prisión de uno a cuatro años, al testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere: a) en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; b) en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del inc. a). En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.
Un delicado equilibrio
Las denuncias falsas son una problemática compleja que requiere un abordaje integral. Si bien su proporción en el sistema judicial es baja, sus consecuencias son graves y afectan tanto a los falsamente acusados como a las víctimas reales. El debate sobre el agravamiento de las penas es necesario, pero no debe ser la única solución.
En un contexto donde la Justicia enfrenta grandes desafíos, resulta imprescindible proteger la verdad y evitar que el sistema judicial sea utilizado como herramienta de venganza o manipulación. Fortalecer la investigación, sancionar las conductas dolosas y garantizar un proceso justo son pilares fundamentales para devolverle la credibilidad al sistema. La Justicia debe ser un refugio para las víctimas y no una arena donde la mentira encuentre impunidad.
