Los consejeros que llevan adelante la acusación del Consejo de la Magistratura sostuvieron que el magistrado del Tribunal Oral Federal de La Pampa hizo vivir “un verdadero infierno” a funcionarios y empleados, afectando el servicio de justicia. La defensa negó los cargos y el juez anunció que declarará al final del proceso.
El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura inició este lunes el proceso contra el juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, suspendido en sus funciones y acusado de maltrato laboral, abuso de autoridad, amenazas, lesiones y violencia de género. El proceso deberá determinar si corresponde su destitución por mal desempeño.
Durante la primera audiencia, los representantes del Consejo de la Magistratura, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, y el consejero Álvaro González, sostuvieron que el magistrado sometió durante años a funcionarios y empleados de su tribunal a un clima de violencia que terminó afectando el normal funcionamiento del servicio de justicia.
“No es halagador estar aquí sentado acusando a un colega. Pero aquí fueron damnificados también otros funcionarios, jueces y empleados”, afirmó Barroetaveña al abrir la acusación.
El consejero remarcó que el expediente no trata de un simple conflicto laboral ni de diferencias sobre estilos de conducción: “Este proceso no es un mero conflicto laboral o desacuerdo o discusión sobre estilos de conducción. Tampoco estamos frente a un episodio aislado por no tener un buen día. Esto viene a poner en juego la función de la magistratura en un mecanismo de abuso de poder”.
Según expuso, las pruebas demostrarán la existencia de un “patrón de conductas sucedido en el tiempo”, caracterizado por gritos, descalificaciones, ataques de ira, golpes sobre el escritorio, interrogatorios a empleados, amenazas de sanciones y actitudes persecutorias.
“Los empleados vivieron un verdadero infierno”, sostuvo Barroetaveña, quien agregó que “un juez no debe arrojar una piedra a un funcionario y decir que es una broma”.
Para el acusador, la conducta atribuida a Díaz Lacava provocó que “el tribunal dejó de funcionar como tal” porque “la autoridad judicial fue utilizada como un elemento de presión, la jerarquía fue convertida en instrumento de sometimiento y la función judicial fue desnaturalizada en su esencia”.
La defensa rechazó las acusaciones
La defensa del magistrado, encabezada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, rechazó los cargos y cuestionó la solidez de la prueba reunida durante la investigación disciplinaria.
El abogado repasó la trayectoria judicial de Díaz Lacava, describió distintas situaciones laborales para relativizar los hechos denunciados y planteó que el perjuicio alegado por los denunciantes nunca fue acreditado.
“¿Cuál es el daño probado de los denunciantes?”, preguntó durante su exposición.
También relativizó uno de los episodios centrales de la acusación -el lanzamiento de una piedra contra un empleado- al señalar que, si bien podía discutirse el “buen gusto” de la conducta, el tamaño de la piedra era reducido. Asimismo, cuestionó la resolución judicial dictada en La Pampa que le impide al magistrado ingresar a su juzgado para evitar el contacto con las presuntas víctimas.
Díaz Lacava declarará al final del juicio
Luego de los alegatos iniciales, el Jurado ofreció al magistrado la posibilidad de declarar.
Díaz Lacava anunció que ejercerá ese derecho recién cuando concluya la producción de la prueba: “Quiero declarar y quiero dar mi versión sobre las acusaciones que he escuchado hace más de tres años y medio, pero prefiero no hacerlo en este momento. La acusación ha mutado y quiero escuchar la prueba que se va a producir en las jornadas próximas para que, eventualmente, al cierre de la producción de la prueba puedan hacerme preguntas. Voy a declarar más tarde”.
Tras esa manifestación, comenzaron las declaraciones testimoniales previstas para las próximas audiencias.
Las acusaciones
Las denuncias contra Díaz Lacava comenzaron en abril de 2023, cuando secretarios del Tribunal Oral Federal de La Pampa lo acusaron de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.
De acuerdo con el dictamen acusatorio del Consejo de la Magistratura, el juez incurrió en “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”, entre ellos el episodio en el que habría arrojado una piedra contra un empleado.
En paralelo al proceso disciplinario, el magistrado se encuentra procesado penalmente por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales, hechos que -según la imputación- ocurrieron “en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para el caso de las mujeres damnificadas, en un contexto de violencia de género”. La causa se encuentra próxima a ser elevada a juicio oral.
El tercer jury en menos de un año
El caso de Díaz Lacava se convierte en el tercer jury de enjuiciamiento contra un juez federal en menos de un año.
En 2025 fue destituido el juez Martín Poderti, integrante de un tribunal oral de Mar del Plata, mientras que aún se encuentra pendiente la resolución del proceso contra el juez marplatense Alfredo López, denunciado por publicaciones de contenido antisemita en redes sociales.
Una vez concluido el proceso contra Díaz Lacava, el Jurado de Enjuiciamiento deberá analizar el caso del juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por presuntamente cobrar coimas a cambio de fallos y por haber ocultado en su currículum que había sido expulsado anteriormente del Poder Judicial tras intentar manipular un sorteo.
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero, quien lo preside, y Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández. Será ese cuerpo el encargado de decidir si las conductas atribuidas a Díaz Lacava constituyen causal suficiente para su remoción.
