Dos años después de que la Cámara Federal ordenara investigar a quienes recibieron vacunas durante la pandemia de Covid-19 sin estar entre la población especialmente protegida, el fiscal le solicitó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que autorizara una lista de indagatorias.
El fiscal Eduardo Taiano pidió indagar a quienes se beneficiaron con dosis de vacunas contra el Covid-19 cuando se trataba de un bien escaso y estaba prioritariamente destinado a personal sanitario, por entender, como lo señaló en 2024 la Cámara Federal, que quienes resultaron favorecidos fueron partícipes necesarios del presunto delito de peculado, ya que debieron saber que aceptaron violar las normas vigentes en aquel momento y, lejos de negarse, lo aceptaron.
Ahora será la jueza federal número 5 quien deberá decidir si accese al pedido del fiscal. La magistrada, al inicio de la causa, había considerado que no había existido delito y que “adelantarse en la fila” no figuraba en el Código Penal. Ese punto de vista fue duramente rechazado por la Cámara federal, que ordenó profundizar la pesquisa.
Además de Eduardo Duhalde, Chiche Duhalde y Horacio Verbitsky, el pedido de indagatorias incluye al empresario marplatense Seza Manukian, al empresario Florencio Aldrey y a sus familiares Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey. También figura Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille, quien trabajaba en la Secretaría Privada del Ministerio de Salud.
Los vacunados fuera de la norma
Entre quienes también recibieron las dosis de la vacuna rusa Sputnik V de manera irregular, figuran en la lista elaborada por Taiano los diputados Eduardo Valdés y Jorge Taiana; el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijas María Eva y Juliana; el periodista Gabriel Michi; el dirigente kirchnerista Jorge Devoto; el ex intendente del partido bonaerense de Tres de Febrero de aquel entonces, Hugo Curto y su mujer, Filomena Burgos; y el Procurador del Tesoro de entonces, Carlos Zannini y su cónyuge, Patricia Alsúa.
Para el fiscal, el orden de prelación en materia de vacunación era claro, estaba incluido en normas especiales dictadas por el gobierno al que pertenecían varios de los beneficiarios y existía una campaña de publicidad que informaba quiénes debían ser los primeros en recibir la inmunidad, encabezados por el personal de salud.
Taiano entiende que quienes recibieron las dosis de manera irregular sabían, por lo tanto, que estaban participando de una maniobra irregular, no se opusieron y, por ende, participaron del delito de peculado de manera necesaria, junto con los funcionarios del Ministerio de Salud que ya fueron enviados a juicio oral y público. El peculado es un delito contra la administración pública por el cual alguien se apropia, usa de forma indebida o desvía dinero, bienes, trabajos o servicios públicos que le fueron confiados a su cuidado o custodia, buscando un beneficio personal o para terceros. Tiene penas que van de dos a diez años de cárcel más la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Cómo se aplicaron las vacunas?
Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, 23 personas que no eran médicos ni enfermeros, fueron vacunados en el hospital Posadas en virtud de su pertenencia o cercanía con el gobierno de entonces. Se trató, según la fiscalía, de beneficiarios elegidos por sus vínculos políticos, de amistad, o familiares con los responsables de distribuir las dosis de Sputnik.
El primero de febrero de 2021 cinco dosis fueron trasladadas hasta el domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde, donde el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, aplicó las vacunas al ex Jefe de Estado, a su familia y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao. La vacunación domiciliaria estaba regulada y destinada exclusivamente a quienes no podían desplazarse por sus propios medios. Los Duhalde, según Taiano, no estaban en esa situación.
El 18 de febrero de 2021, diez dosis que debían ser suministradas a personal estratégico de salud, fueron derivadas desde el hospital Posadas hasta el Ministerio de Salud, a cargo en ese momento de Ginés González García, quien montó una suerte de sala de vacunación junto a su despacho. Allí recibieron sus dosis de Sputnik V el periodista Horacio Verbitsky, Taiana, Valdés, Manukian y Aldrey con su familia.
¿Quiénes ya fueron elevados a juicio oral?
Los tres imputados que serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 por abuso de autoridad y peculado son Marcelo Ariel Guille, ex secretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; el ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Salvador Costa y el ex director ejecutivo del Hospital Posadas, Alejandro Alberto Maceira.
Tanto Taiano como el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, coincidieron en que los ex funcionarios fueron responsables directos del desvío de las dosis de vacunas destinadas a personal sanitario. González García murió a los 79 años con su pronunciamiento por peculado y abuso de autoridad confirmado.
La investigación por la compra de vacunas
En el juzgado federal 4 de Ariel Lijo y con la participación del fiscal Carlos Stornelli, se investiga otra cara de la vacunación durante la pandemia en nuestro país. Se trata de las negociaciones con laboratorios nacionales e internacionales, el presunto boicot a la empresa estadounidense Pfeizer, y el trato supuestamente preferencial hacia compañías chinas, rusas y argentinas. En esta pesquisa, ex funcionarios como Carla Vizzotti e infectólogos como Pedro Cahn, ya prestaron declaración indagatoria.
