El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tiene 15 días para explicarle al fiscal Gerardo Pollicita de dónde salió el dinero con el que, según la investigación, su patrimonio y el de su esposa crecieron por encima de lo que sus ingresos declarados permiten justificar. Si sus respuestas no alcanzan, el próximo paso puede ser la indagatoria por enriquecimiento ilícito.
Para reconstruir el patrimonio del ex vocero presidencial, la fiscalía cruzó las declaraciones juradas patrimoniales integrales de Adorni, incluidas rectificaciones de los ejercicios 2023 y 2024, todas presentadas el mismo día, el 10 de junio de este año, extractos bancarios, informes de exchanges de criptomonedas como Binance, Lemon y Buenbit, registros de la propiedad, testimonios de contratistas y proveedores, y un informe técnico de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (SIFRAI-DAFI)
El número que no cierra
El corazón de la intimación es una cuenta que, según la fiscalía, no da. Entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como Jefe de Gabinete, y el 27 de junio de 2026, el día de su renuncia, el matrimonio formado por él y Bettina Angeletti percibió en conjunto 229.752.283,20 de pesos entre los 35 haberes de Adorni y los ingresos comprobados de su esposa.
Frente a esos salarios el gasto reconstruido por la fiscalía (seguros de auto, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito) asciende a 272.820.832,20 de pesos; la diferencia, en pesos, es de $43.068.549.
A eso se suma un desfasaje en dólares: la fiscalía calculó que el matrimonio desembolsó USD 402.578,12 -entre viajes, alquileres y otros gastos corrientes- para comprar y refaccionar un lote en el country Indio Cuá y un departamento en la calle Miró, en el barrio de Caballito, sin que ese dinero encuentrara respaldo en ingresos lícitos comprobados.
Las precisiones que faltan
El dictamen entra en el detalle de operaciones puntuales. Entre los 20 puntos de la intimación, algunos sobresalen por el nivel de precisión que exige la fiscalía:
- Los préstamos familiares. Adorni invocó mutuos con dos familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo, pero la fiscalía le exige acreditar su existencia con fecha cierta, la entrega efectiva del dinero y cómo evolucionaron esas deudas.
- La refacción de la casa del country. El contratista Matías Tabar dijo bajo juramento haber cobrado USD 245.000 por las obras en la vivienda del lote 380 de Indio Cuá. Adorni deberá individualizar el origen de cada suma pagada y presentar los recibos correspondientes.
- Los honorarios de la escribana. La escribana Adriana Mónica Nechevenko facturó honorarios por las tres operaciones inmobiliarias del matrimonio, pero lo hizo íntegramente a nombre de Angeletti. La fiscalía quiere saber por qué.
- El uso de terceros para pagar. El requerimiento apunta a que “personas de su entorno” compraron bienes o pagaron por cuenta de Adorni, con reintegros posteriores en efectivo, y le exige precisar en cada caso qué se compró, por cuánto y cuándo. Se trata de empleados suyos a quienes les pedía que le prestaran la tarjeta de crédito para efectuar compras, para devolverles luego en efectivo.
Pollicita detectó algunas contradicciones entre distintas declaraciones juradas que también deberán explicarse: una deuda con el Banco Galicia que figuraba en la declaración inicial y que luego no aparecía en la siguiente; los Anexos Reservados de Angeletti, que no se presentaron en tiempo y forma; y los gastos declarados por el matrimonio, que arrancaron en cero a comienzos de 2024 y terminaron ese año con un aumento de aproximadamente el 119%.
El capítulo de las criptomonedas
La fiscalía también le pide a Adorni que explique el origen del capital con el que, según indicó él mismo al validar su identidad ante una billetera virtual, comenzó a operar con criptomonedas, dinero que no figuraba en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. También deberá dar cuenta del origen y destino de los criptoactivos que incorporó recién en la declaración rectificativa del ejercicio 2023, y de su vínculo con un circuito de billeteras virtuales que la SIFRAI-DAFI asoció a sus cuentas.
Qué puede pasar ahora
Adorni tiene 15 días para presentar sus explicaciones. Si la fiscalía las considera insuficientes, el paso siguiente sería llamarlo a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
La causa nació de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó a Adorni la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito por gastos que, a primera vista, resultaban desproporcionados respecto de sus ingresos como funcionario público. Después se sumaron dos ampliaciones de la denuncia, presentadas por la propia Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Adrián Juliano y Maximiliano Ferraro.
