Los defensores oficiales, en un extenso alegato de más de siete horas y varios cuartos intermedios, procuraron defender el rol social de las obras del proyecto “Sueños Compartidos”, negar la existencia de sobreprecios en las construcciones y de negociaciones espurias entre la Fundación “Madres de Plaza de Mayo” y funcionarios kirchneristas.
El defensor Hernán Figueroa comenzó dirigiéndose a los jueces Adriana Palliotti, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg con una frase que resumía desde el primer momento el perfil del extenuante alegato que estaba a punto de iniciarse: “El proyecto ‘Sueños compartidos‘ era muy bueno y le cambió la vida a un montón de gente”.
El codefensor Alan Swanston tomó inmediatamente la palabra y se embarcó en una entusiasta y prolongada defensa de los propósitos y logros del proyecto “Sueños compartidos”, que, dijo parafraseando a Schoklender, “no era solamente la construcción de viviendas sociales sino la construcción de ciudadanía”.
Desde el 4 de marzo el Tribunal Oral Criminal Federal 5 juzga el presunto desvío de 206 millones de pesos de los casi 760 que el Estado aportó para la construcción de viviendas para los sectores más desfavorecidos en distintos puntos del país. Para el ex apoderado de la Fundación “Madres de Plaza de Mayo”, como para su hermano y los funcionarios implicados en este debate, el Ministerio Público y la UIF solicitaron 6 años de cárcel por el supuesto delito de administración fraudulenta agravado por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.
Swanston no soslayó el tema del “plazo razonable” para someter a juicio a los involucrados, tal como lo hizo ayer en su alegato el abogado Lucio Simonetti, defensor de Abel Fatala, ex Subsecretario de Obras Públicas, para quien la acusación también reclamó seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Aseguró que ese “plazo razonable” que habría sido violado no transcurrió por maniobras dilatorias de su cliente, o de los funcionarios, en busca de impunidad. Swanston afrimó que la Fundación “Madres de Plaza de Mayo” cuando su defendido ya se había alejado, “remitía con cuentagotas la documentación de esta causa que le solicitaba la justicia… nos dijeron que había videos en los que estaba grabado Sergio (Schoklender) llevándose documentación: todavía, y pasaron años, no pudimos verlos”.
En cambio “de lo que sí hay evidencia es de que las obras están hechas, terminadas, la SIGEN dice que están allí, los trabajadores dicen que están allí (algunos viven en ellas), los testigos dicen que están concluidas”, dijo con vehemencia a la vez que lamentó que “sólo el juez Oyarbide haya ido a verlas mientras otros ninguneaban a la misión que no era una cuestión política sino una cuestión de Estado”.
Se pudo ver al fallecido magistrado, titular del juzgado federal 5, con su clásico moño y sus manos enjoyadas abriendo las canillas de las casas levantadas por la Fundación en Ezeiza, mientras que el entonces intendente de la localidad destacaba la calidad constructiva “nada que ver con las casas del Plan Federal de Vivienda”.
El argumento de la contratación directa
Tras uno de los cuarto intermedios, Figueroa se dedicó a atacar el argumento de la acusación, según el cual a la Fundación se la contrataba de manera directa para eludir los controles y la competencia que implica una licitación. E ironizó con cuán seguras son la licitaciones “viendo lo que se juzga en la otra punta de este mismo edificio”, aludiendo al juicio por la causa “Cuadernos”.
El defensor recordó que la Fundación se presentó a una licitación en la Ciudad de Buenos Aires y la ganó, pero no se detuvo allí, sino que destacó que la Ley de Obra Pública no impide ni evita la realización de contrataciones directas, sino que las permite en determinadas circunstancias, que consideró probadas en el caso de “Sueños Compartidos”, donde todo era urgente para amplios sectores empobrecidos y sin trabajo de la sociedad.
“No era construir por construir, era distinto a todo lo conocido, se capacitaba a los trabajadores, se los obligaba a cumplir un horario, a ser responsables, a cuidar las herramientas; se incluía a las mujeres y, entonces si las mujeres y los hombre trabajaban, ¿con quién se quedaban los chicos? Por eso se levantaron jardines maternales, era muy ambicioso, un trabajo inmenso”, enfatizó con entusiasmo el defensor.
Figueroa negó, por lo tanto, que fuera cierto que “si no hay licitación, hay delito”, e intentó desmontar también la idea de que los distritos estaban obligados a pactar con la Fundación para la construcción de viviendas. “La gente les pedía a los intendentes y a los gobernadores que firmaran con ´Sueños Compartidos´porque todos sabían qué hacían, era uno de los proyectos más publicitados del país, otro dato más para rebatir lo del ocultamiento”, aseguró.
La defensa añadió que ninguna empresa tenía la experiencia y el arraigo en el terreno que podía exhibir la Fundación, lo que la hacía especialmente apta para desarrollar tareas en lugares hostiles o parajes inaccesibles. La justicia se tomó el trabajo, según Figueroa, de relevar las necesidades básicas insatisfechas de las provincias y municipios, las exigencias habitacionales crecían y eso llevó al Ministerio de Planificación a encararlas por medio de “Sueños Compartidos”.
“Sólo se pagaba por ladrillo colocado”
Otro de los puntos de la acusación que la defensa se esforzó en desmentir fue que se pagaron obras que no se habían hecho, o se abandonaron sin terminar. “No es cierto, lo dijeron los que pagaban, que la Fundación cobraba contra certificado de obra, es decir que cuando algo se construía, entonces se cobraba, no antes”, explicó Swanston.
Los defensores agregaron que el dinero iba a los ejecutores de obra, esto es a las provincias o municipios donde estaba trabajando “Sueños Compartidos” y de allí a la Fundación, no había una vía directa entre el dinero y Sergio Schoklender, como apoderado. “Las dueñas del dinero eran las provincias”, dijo Figueroa.
El alegato también giró en torno a la presunta falta de seguros, que habría provocado que cuando en 2011 se rompió el acuerdo con la Fundación, los estados involucrados hubieran tenido que hacerse cargo de todo lo pendiente. Según los defensores, ese año había seguros que todavía estaban ejecutables, de los que se podía cobrar si “Sueños Compartidos” tenía problemas. “Lo que pasa es que no pueden negar que las cosas se hicieron y se hicieron bien, con atrasos, con demoras, lo que pasa en cada obra en construcción, pero ahí están”, puntualizaron.
“No hubo sobreprecios”
Los defensores se enfocaron también en atacar la existencia de sobreprecios y por eso reflotaron una pericia de la Facultad de Ingeniería de Universidad de Buenos Aires, en la que se demostraba que el metro cuadrado edificado por “Sueños Compartidos” era mucho más barato que otros. El gobernador misionero Maurice Claus en su testimonial recordó que era el mejor sistema porque “le evitaba a los municipios cualquier erogación adicional”.
Una comparación técnica de la Auditoría General de la Nación entre “Sueños Compartidos” y “Techo Digno”, arrojó una enorme diferencia entre ambas, destacando que las viviendas de la segunda eran “una cáscara vacía, con problemas de habitabilidad, ventanas en falsa escuadra”. Figueroa se permitió otra ironía al decir que “hasta donde yo sé, aquí se investiga a ‘Sueños Compartidos’ pero no a ‘Techo Digno’”.
