Un empresario condenado por atropellar a una adolescente y disparar contra la Policía durante una fuga en el barrio porteño de Flores seguirá preso luego de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declarara inadmisible el recurso con el que buscaba obtener la prisión domiciliaria.
Se trata de Dardo Julio Gula, quien cumple una pena de tres años y nueve meses de prisión por lesiones culposas leves, abuso de armas agravado y portación ilegítima de arma de guerra. La condena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 y vence el 17 de diciembre de 2027.
La decisión fue adoptada por los jueces Daniel Morin y Mauro Divito, integrantes de la Sala de Turno de Casación, quienes rechazaron avanzar con la impugnación presentada contra la resolución del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°3 que ya le había negado el arresto domiciliario.
El caso
El episodio que llevó al empresario a prisión ocurrió en en el barrio de Flores, en marzo de 2024. Gula, oriundo de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, atropelló a una adolescente en la zona de Rivadavia y Martí.
En lugar de detenerse, escapó y comenzó una persecución. Durante la fuga, el conductor sacó un arma y abrió fuego contra el patrullero de la Policía de la Ciudad que lo perseguía, aunque sin provocar heridos.
La secuencia continuó hasta las calles Mariano Acosta y Eva Perón, en Parque Avellaneda, donde finalmente fue detenido después de mantener otro enfrentamiento con efectivos policiales. Tras su arresto fue asistido en el Hospital Piñero y quedó a disposición de la Justicia.
En aquel momento llegó a ser investigado por una acusación más grave que incluía tentativas de homicidio. El proceso terminó finalmente con una condena por lesiones culposas leves, abuso de armas agravado y portación ilegítima de arma de guerra.
El pedido denegado
La defensa de Gula pidió el beneficio de la prisión domiciliaria al entender que el acusado padece distintas afecciones de salud mental y, por otro, planteó que es padre de un niño de seis años que necesita de su asistencia.
Sin embargo, el juez de Ejecución rechazó ambos planteos. Sobre la situación de salud, tuvo en cuenta un informe del Hospital Penitenciario Central que indicó que el establecimiento cuenta con médicos y enfermeros durante las 24 horas y que Gula se encuentra en condiciones de recibir allí la atención necesaria.
Los profesionales también informaron que el condenado había tenido una “buena respuesta terapéutica” y se encontraba estable, con remisión de la sintomatología que presentaba cuando ingresó. Esa evolución permitió incluso que fuera trasladado a un sector de alojamiento común.
Respecto de su hijo, el magistrado consideró que tampoco estaban dadas las condiciones para conceder la domiciliaria. El niño vive con su madre, concurre a la escuela en doble jornada, recibe atención de salud y realiza actividades recreativas. Además, una abuela se instaló en una vivienda cercana para acompañarlo y Gula mantiene contacto telefónico con él.
El juez sostuvo que no existían elementos para considerar que el menor estuviera en una situación de abandono o desamparo. Si bien señaló que resulta deseable que los niños puedan crecer junto a ambos progenitores, remarcó que Gula debe cumplir la pena de prisión que le fue impuesta.
Deterioro de salud mental
La defensa llevó entonces el planteo ante Casación. Entre sus argumentos, aseguró que el traslado del empresario a un pabellón común había provocado la suspensión del tratamiento farmacológico y una falta de atención adecuada en materia de salud mental.
También sostuvo que el asesor de menores se había pronunciado favorablemente respecto de la domiciliaria y cuestionó el argumento referido al acompañamiento familiar: señaló que la abuela del niño tiene una discapacidad y, por esa razón, no estaría en condiciones de colaborar con su cuidado.
Morin y Divito consideraron, sin embargo, que el recurso no logró refutar los fundamentos centrales de la decisión anterior. En materia de salud, señalaron que la defensa no consiguió desvirtuar los informes que indicaban que Gula podía recibir asistencia dentro del Hospital Penitenciario Central.
