Tras una serie de postergaciones que implicaron la intervención de la Cámara Federal en el expediente, el empresario farmacéutico que fuera íntimo amigo del fallecido ministro de Salud, Ginés González García, fue indagado por Zoom desde España, donde reside. Argumentó que sus empresas no le vendieron vacunas al Estado y que se limitaron a producir dosis para AstraZeneca, que no tenía plantas en América Latina.
Hugo Sigman, titular del grupo Insud, prestó declaración indagatoria por videollamada, luego de que la Cámara Federal aceptara el pedido de su defensa y lo autorizara a permanecer en España donde vive desde hace varios años, pese a que la fiscalía pretendía que viajara a nuestro país para hacerlo de modo presencial. Se limitó a exponer, presentó un escrito y no aceptó preguntas desde Buenos Aires.
El empresario, quien pidió su sobreseimiento en la causa, señaló que su empresa mAbxience fue contratada por AstraZeneca, que carecía de plantas al efecto en América Latina, para que produjera la sustancia activa para 200 millones de dosis que se iban a distribuir en el continente. La etapa final de la elaboración de la vacuna, dijo Sigman, lo concretó en México en laboratorio Liomont, con lo cual a mAbxience le resultaba irrelevante cuántas dosis se vendieran o se distribuyeran, porque el acuerdo con AstraZeneca no estaba atado a esa variable.
El propósito de AstraZeneca y de la fundación Carlos Slim, perteneciente al magnate y filántropo mexicano, era producir vacunas para América Latina a un precio considerablemente menor que el de otros laboratorios. De hecho, según el escrito que Sigman aportó a la causa, las dosis de AstraZeneca costaban 4 dólares cada una, contra 12 que se pagaba poor otras.
Con respecto a su otra empresa, Elea Phoenix, Sigman explicó que intervino desde el punto de vista “estrictamente técnico” en el ensayo clínico de fase III de la vacuna Sinopharm, pero también en este caso desmintió que le hubiera vendido dosis al Estado argentino, o que se hubiese beneficiado de ninguna forma por los acuerdos a los que el laboratorio chino hubiese llegado con el gobierno de Alberto Fernández.
Las demoras de la contratación con Pfizer
La hipótesis del fiscal Carlos Stornelli gira en torno a que se demoraron u obstaculizaron las gestiones para comprar vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer, para beneficiar a empresas argentinas con las que algunos de los funcionarios del área de salud tenían lazos comerciales o personales.
Sobre este punto, Sigman manifestó que las demoras para llegar a un acuerdo con ese laboratorio se debieron a garantías exigidas por la empresa, que habrían sido incompatibles con el sistema jurídico argentino, y no con la pretensión del Ministerio de Salud de que incorporaran a un socio nacional para producir las vacunas.
Como prueba de que para sus empresas no era necesario ni conveniente bloquear el ingreso de Pfizer en la producción de vacunas, destacó que sus compañías Elea Phoenix y Sinergium Biotech, colaboran con los estadounidenses en la producción de Prevenar 13, que previene contra la neumonía y la meningitis.
El cierre de la etapa nacional
Con la declaración de Sigman se completó el tramo local de las indagatorias que impulsó el fiscal Carlos Stornelli, quien sostiene que el Gobierno de Alberto Fernández demoró deliberadamente la negociación con Pfizer para favorecer a laboratorios con socios locales, entre ellos, mAbxience, del Grupo Insud que preside Sigman. Por esa hipótesis ya declararon, entre otros, la ex ministra de Salud Carla Vizzotti, el infectólogo Pedro Cahn y la ex asesora presidencial Cecilia Nicolini.
La etapa internacional de las indagatorias
Restan las declaraciones más difíciles de concretar: las de directivos de laboratorios extranjeros que integraron el esquema investigado. Entre ellos figuran los representantes del consorcio chino Sinopharm, Ma Yue y Hui Wang, y los responsables del fondo ruso Sputnik V, Vladimir Primak y Alexander Chistyakov, además de directivos de AstraZeneca. Ninguno reside en Argentina, algunos ni siquiera hablan español, por lo que la Justicia deberá primero establecer en qué país se encuentran actualmente, ya que según fuentes judiciales podrían estar trabajando para sus laboratorios en Europa, África u otro destino, antes de coordinar cada indagatoria por videoconferencia. Ese cruce logístico anticipa que esta segunda etapa podría demandar, como mínimo, lo que queda del año.
