Justicia Cerca: Santiago del Estero fortalece una justicia de proximidad con tecnología y presencia territorial

En una nueva edición de las Charlas Federales Quorum, autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, especialistas y jueces de Paz analizaron los desafíos para garantizar el acceso efectivo a la justicia en todo el territorio. Mediación comunitaria, conectividad, infraestructura y articulación institucional fueron los principales ejes de una jornada que puso en valor a la Justicia de Paz como primera puerta de acceso al sistema.

El viernes 11 de septiembre se llevó a cabo en Santiago del Estero una nueva edición de las Charlas Federales Quorum, bajo el título “Justicia Cerca: territorio, proximidad y cooperación para garantizar el acceso a la justicia”. La misma fue presentada por BNA.

La jornada estuvo encabezada por el gobernador de la provincia, Elías Suárez; la ministra de Justicia, Matilde O’Mill; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray; y el especialista en derecho de familia, minoridad y protección de sectores vulnerables José Atilio Álvarez. La moderación estuvo a cargo de Claudio Gurmindo, director general de Quorum.

También participaron autoridades provinciales, miembros del Superior Tribunal de Justicia y representantes de distintas jurisdicciones del país, entre ellos Laila Saleme y Emilio Montsalva, de la Secretaría de Justicia de Catamarca, y Raúl Albarracín y Katherina Mazzuco, de Tucumán, aportando una perspectiva federal al encuentro. Durante el evento, además, el Gobernador entregó obsequios protocolares a los invitados.

Una Justicia que llegue a la comunidad

En la apertura, Gurmindo destacó el carácter innovador de las iniciativas desarrolladas en Santiago del Estero y su potencial para convertirse en referencia para otras jurisdicciones. Señaló que “Justicia Cerca” parte de una concepción orientada a aproximar el sistema judicial a la ciudadanía, ampliar su presencia territorial y generar respuestas accesibles.

Asimismo, remarcó la importancia de tender puentes entre instituciones, superar diferencias y articular esfuerzos para construir políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad y puedan replicarse en otros puntos del país.

A continuación, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Federico López Alzogaray, explicó el proceso de fortalecimiento de la Justicia de Paz que lleva adelante el Poder Judicial junto con el Ministerio de Justicia.

Destacó que los juzgados de Paz trascienden sus competencias específicas: por su inserción territorial, sus integrantes conocen de primera mano las distancias, características, vínculos y conflictos propios de cada comunidad.

En este marco, sostuvo que fortalecer la Justicia de Paz no significa únicamente ampliar funciones, sino reconocer capacidades existentes, coordinarlas y dotarlas de capacitación, infraestructura y herramientas.

“No se trata solamente de llevar la institución hacia las personas, sino de reconocer que parte de la Justicia ya está allí, en cada comunidad, y que nuestro desafío es fortalecerla”, expresó.

De último eslabón a puerta de acceso

La coordinadora e inspectora de Justicia de Paz, Gabriela Álvarez, presentó el trabajo desarrollado por SEJUPAZ para acercar el sistema judicial a las comunidades, especialmente frente a las grandes distancias y la dispersión de la población rural que caracterizan a Santiago del Estero.

Explicó que el diagnóstico realizado permitió reconocer a los jueces de Paz como actores privilegiados para conocer las necesidades y dinámicas de cada localidad. De esta manera, el objetivo inicial de contribuir a descomprimir los tribunales evolucionó hacia una política más amplia: democratizar el acceso a la justicia y construir una “justicia situada”, capaz de responder a las particularidades de cada territorio.

Entre los avances destacó las mediaciones comunitarias, los 62 juzgados de Paz actualmente en actividad y las oficinas de acceso a la justicia, que brindan gratuitamente orientación, información y acompañamiento en trámites legales y administrativos.

Mediación, prevención y escucha

Las experiencias compartidas por distintos jueces de Paz permitieron llevar esos conceptos a situaciones concretas. Sus intervenciones tuvieron un denominador común: la mediación comunitaria como herramienta para resolver tempranamente conflictos cotidianos, desde cuestiones familiares y alimentarias hasta diferencias vecinales, reclamos económicos, problemas de convivencia o controversias entre particulares y autoridades locales.

Los casos expuestos mostraron que la intervención temprana puede evitar que desacuerdos inicialmente menores escalen hacia situaciones más complejas. Escucha activa, empatía, diálogo, seguimiento y articulación con otros organismos aparecieron como herramientas centrales para facilitar soluciones consensuadas.

También quedó planteado uno de los grandes desafíos de la provincia: las distancias, el aislamiento y las dificultades de conectividad. En ese escenario, los juzgados de Paz se consolidan como una primera puerta de acceso al sistema, especialmente para quienes viven lejos de los centros judiciales.

Infraestructura para una Justicia de proximidad

La transformación también alcanza a la infraestructura. Desde el área correspondiente del Poder Judicial se presentó el proyecto de un prototipo edilicio para los juzgados de Paz, cuya ejecución está prevista a partir del próximo año, priorizando las localidades con mayores necesidades territoriales.

La iniciativa apunta a reemplazar progresivamente los espacios prestados por municipios y comisiones municipales e incluso aquellos juzgados que funcionan actualmente en los domicilios de los propios jueces.

El modelo contempla una oficina para el juez de Paz, una sala de mediación y una sala de espera, con condiciones adecuadas para la atención de los vecinos. El proyecto se integra al proceso de fortalecimiento de la infraestructura judicial que Santiago del Estero viene desarrollando desde hace más de dos décadas.

Atilio Álvarez: una justicia “situada y oportuna”

José Atilio Álvarez puso el foco en dos conceptos que atravesaron la jornada: “justicia situada” e “intervenir a tiempo”. A partir de su experiencia de más de cuatro décadas vinculada al derecho de familia, la minoridad y los sectores vulnerables, reivindicó el papel de los jueces de Paz como protagonistas de una justicia capaz de actuar allí donde se producen los conflictos y antes de que sus consecuencias se profundicen.

Álvarez sostuvo que una decisión jurídicamente correcta puede perder efectividad cuando llega demasiado tarde. Por eso, convocó a los jueces de Paz a valorar su función como verdaderos “hacedores de lo justo” en el lugar y en el momento oportuno.

También planteó la posibilidad de avanzar hacia modelos de justicia restaurativa, orientados no solamente a responder frente al conflicto sino a reparar sus consecuencias y encontrar mecanismos de superación dentro de la propia comunidad. En esa dirección, consideró que la mediación y los acuerdos comunitarios constituyen herramientas fundamentales.

Tecnología para acortar distancias

La ministra de Justicia, Matilde O’Mill, retomó uno de los desafíos estructurales de Santiago del Estero: su extenso territorio y la dispersión de su población. Frente a esa realidad, planteó que las nuevas tecnologías obligan a repensar qué significa hoy la presencia del Estado.

Valoró especialmente el cambio de paradigma respecto de los jueces de Paz: dejar de considerarlos el último eslabón del sistema para reconocerlos como una puerta de acceso a la justicia para quienes se encuentran más alejados de los grandes centros urbanos.

“Las distancias geográficas no pueden ser distancias institucionales”, agregó.

En ese marco, destacó la incorporación de conectividad y herramientas digitales para potenciar las capacidades de los juzgados. Para O’Mill, acercar la Justicia significa también acercar el Estado y construir confianza en las instituciones a partir de respuestas oportunas y efectivas.

Una política de Estado basada en la cercanía

En el cierre de las exposiciones, el gobernador Elías Suárez valoró la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y definió la iniciativa como parte de la responsabilidad estatal de democratizar el acceso a servicios esenciales y distribuir equitativamente los recursos en todo el territorio.

El mandatario reconoció especialmente la tarea cotidiana de los jueces de Paz, a quienes describió como referentes cercanos a sus comunidades, capaces de intervenir en conflictos familiares y vecinales, generar diálogo y facilitar acuerdos.

Asimismo, destacó la incorporación de tecnología como herramienta para ampliar esa capacidad de respuesta y reafirmó el compromiso de los distintos poderes del Estado con la resolución de las problemáticas concretas de los santiagueños.

Conectividad, inteligencia artificial y gestión

La jornada concluyó con la presentación y entrega simbólica de un kit de conectividad y herramientas digitales para los juzgados de Paz, destinado a ampliar su capacidad de gestión en las diferentes localidades de la provincia.

El equipamiento incorpora conectividad, computadoras y una plataforma digital especialmente diseñada para asistir a los juzgados de Paz no letrados en la elaboración de solicitudes, respuestas formales, documentación y comunicaciones institucionales.

La herramienta surgió a partir de las capacitaciones en inteligencia artificial de la Escuela de Capacitación de Agentes del Estado y contó con la colaboración de Agustín Argibay, mostrando cómo la formación tecnológica puede traducirse en soluciones concretas para la gestión pública.

Como cierre, Gabriela Álvarez recibió simbólicamente el kit de manos del gobernador Elías Suárez, en representación de los juzgados de Paz.

La jornada dejó así planteada una mirada integral sobre el acceso a la justicia: presencia territorial, mediación comunitaria, infraestructura, capacitación, tecnología y cooperación institucional como partes de una misma estrategia. Una concepción en la que acercar la Justicia no significa únicamente reducir kilómetros, sino garantizar que, independientemente del lugar donde viva cada ciudadano, exista una institución capaz de escuchar, orientar y brindar una respuesta a tiempo.

Nexo, Centro de abordaje y responsabilidad adolescente

Adolescente Nexo, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

El espacio está destinado a adolescentes de 16 y 17 años en conflicto con la ley penal y también desarrolla acciones preventivas para jóvenes de entre 12 y 15 años, a través de talleres, actividades y dispositivos de acompañamiento y contención.

Nexo propone un modelo de justicia juvenil basado en enfoques terapéuticos, restaurativos y de derechos humanos. Concebido como un centro de puertas abiertas y contención firme, prioriza la empatía, la educación, la salud y la construcción de herramientas para la reinserción social por sobre las respuestas centradas exclusivamente en el castigo.

Durante la recorrida, las autoridades pudieron conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en el Centro y compartir con los jóvenes una merienda y un momento de encuentro y esparcimiento.

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