En el Día de Acceso a la Justicia, hablemos de ATAJO

Las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, conocidas como ATAJO, son oficinas del Ministerio Público Fiscal instaladas en los barrios de mayor vulnerabilidad del país. Allí se reciben denuncias, se trabaja en la prevención de situaciones de conflicto y se promueven derechos entre los vecinos. Las sedes se ubicaron en función de indicadores como los niveles de pobreza, los índices de conflictividad social y delictiva de cada zona.

Hoy se conmemora el Día de Acceso a la Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una fecha que invita a poner el foco en las herramientas destinadas a acercar el sistema judicial a quienes encuentran mayores obstáculos para llegar a él. Entre ellas se encuentran las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO).

Su trabajo está dirigido especialmente a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad que, por la distancia geográfica, la desconfianza en las instituciones, el temor, la falta de información o de recursos, quedan en los hechos al margen del sistema de justicia.

Para reducir esas barreras, ATAJO no limita su presencia a las sedes fijas. También cuenta con oficinas móviles: camionetas en las que equipos multidisciplinarios recorren plazas, centros comunitarios, hogares e iglesias y se desplazan hacia distintos puntos de la Ciudad de acuerdo con las necesidades y demandas que surgen en cada territorio.

Un caso ilustra el tipo de intervención que caracteriza a esta herramienta. Dos hermanas de 21 y 23 años se acercaron al ATAJO en el barrio 31 para pedir ayuda por la violencia física y psicológica que su padre ejercía sobre ellas, su madre y otras tres hermanas menores de edad. El hombre les retenía la tarjeta SUBE para impedirles pagar el colectivo, las amenazaba por teléfono cuando se retrasaban y había construido un cerramiento en la vivienda para que los vecinos no escucharan los gritos durante los golpes. Cuando las jóvenes manifestaron que no querían volver a su casa, el equipo de ATAJO tomó la denuncia y articuló el caso con la Oficina de Violencia Doméstica, el Programa de Víctimas de Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social, que les otorgó un botón antipánico, una restricción perimetral para el agresor y un subsidio habitacional.

Un particular llegó hasta la oficina de ATAJO Bajo Flores y relató una historia de explotación y reducción a servidumbre de ciudadanos bolivianos ilegalmente radicados en el país, que eran víctimas de una familia de connacionales suyos que los obligaba a trabajar con el sistema “cama caliente” en talleres textiles del barrio. La denuncia desencadenó toda la batería de herramientas que el Estado tiene para combatir esos delitos y aquella llamada original terminó con el allanamiento del taller y la detención de los responsables. El denunciante no se animó a ir a la policía, no sabía a qué juzgado podía recurrir, pero conocía ATAJO.

Esta dependencia del Ministerio Público Fiscal también les explica a través de reuniones y talleres a esas personas que sienten a la justicia como algo lejano, peligroso, hostil y ajeno, cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y cómo difundir en sus comunidades ese conocimiento recién adquirido. Puede mediar en conflictos entre vecinos antes de que escalen y se tornen violentos, está en condiciones de asesorar acerca de trámites migratorios, o sobre reclamos de alimentos en parejas separadas con hijos. Es la cara cercana de la administración de justicia.

Dónde están la Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia

Conurbano bonaerense

Interior del país

El último informe: más de 13 mil consultas en un año

Según el último relevamiento de la Dirección General de Acceso a la Justicia (DGAJ), entre el 1° de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026 se registraron 13.344 consultas en las 18 agencias territoriales de ATAJO, un incremento del 4,5% respecto del período anterior.

La demanda se mantuvo por encima de los niveles del período previo durante casi todos los meses analizados, una tendencia que el organismo consideró “coherente con el creciente peso que vienen cobrando las agencias territoriales como referencia pública en los barrios”.

En ese lapso se llevaron adelante 21.610 instancias de intervención. El 29% correspondió a asesoramientos jurídicos; el 16%, a acompañamientos y canalización de problemáticas hacia otros organismos estatales; el 10%, a gestiones vinculadas con el acceso a información administrativa; el 5%, a información judicial sobre procesos en trámite, y otro 5%, a notificaciones en el marco de causas en curso.

El 34% de las consultas estuvo relacionado con pedidos de información y orientación general; el 30%, con cuestiones de derecho de familia, y el 10%, con problemáticas laborales y de seguridad social. Dentro de las consultas de familia, las vinculadas con alimentos o responsabilidad parental representaron por sí solas el 18% del total, seguidas por los pedidos ligados a la situación migratoria, con el 10%, y las consultas de orientación en materia penal, con el 6%. Sobre esa recurrencia, el reporte señaló que «pone de relieve la emergencia de problemáticas que exceden el orden individual, representando carencias comunes del ámbito familiar y comunitario».

El relevamiento también mostró que el 47% de las consultas tuvo impacto directo en el ámbito familiar, mientras que el 2% afectó al conjunto de la comunidad barrial y el 1%, a colectivos específicos. En ese sentido, ATAJO remarcó que «al menos la mitad de las consultas tramitadas no se agotan en la resolución de un conflicto particular, sino que constituyen una acción que se irradia efectivamente hacia la vida familiar y comunitaria en los barrios donde se emplazan las agencias territoriales».

En cuanto a los factores de vulnerabilidad identificados -según la tipología de las Reglas de Brasilia- la condición de pobreza estuvo presente en el 70% de las consultas, seguida por situaciones de niñez y adolescencia, con el 32%, y por cuestiones de género, con el 18%. Entre los obstáculos, el 36% de las consultas presentó barreras burocráticas; el 31%, dificultades asociadas a la falta de educación legal, y el 16%, cuestiones vinculadas con los costos directos del servicio jurídico. La mediación tecnológica y la desconfianza en el sistema judicial también aparecieron como condicionantes, cada uno con una incidencia del 6%.

Además de la atención directa a la comunidad, la DGAJ brinda asistencia técnica a fiscales y dependencias judiciales de las jurisdicciones donde funcionan las agencias. En el período relevado se registraron 664 requerimientos institucionales, un 70% de ellos originados en áreas del propio Ministerio Público Fiscal. La cifra representa un incremento interanual del 85% respecto de los 359 requerimientos registrados un año antes, en parte por el impacto de la implementación del sistema acusatorio.

Pero los números también permiten volver al punto de partida. Hablar de acceso a la Justicia no supone solamente garantizar que existan tribunales, fiscalías o defensorías, sino conseguir que puedan llegar hasta ellos quienes enfrentan mayores obstáculos para hacerlo. ATAJO nació, precisamente, para acortar esa distancia: llevar la Justicia allí donde muchas veces el sistema tradicional no llega y convertir un derecho reconocido en una posibilidad concreta de ejercerlo.