Esta semana, el dirigente social, Emilio Pérsico, desafió al presidente Javier Milei y dijo que su objetivo es sacarlo del poder y de la “manera más desordenada posible”. Tres años atrás, manejó la caja más importante del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández mientras que su movimiento social era el más beneficiado.
La historia judicial de Emilio Pérsico envidiaría al ex futbolista de River, Ariel “Burrito” Ortega. Tiene mil y un gambetas. Manejó la herencia de los fondos de Sueños Compartidos tras la escandalosa salida de los hermanos, Sergio y Pablo Schoklender de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Su paso por la Fundación de Hebe de Bonafini duró menos de un semestre y, según su ex apoderado, fue poco transparente. La justicia condenó a los Schoklender y al ex funcionario José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas, a 2 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta pero no se investigó el paso de Pérsico por la fundación.
El líder del Movimiento Evita acumuló poder durante los últimos años del kirchnerismo y se convirtió en funcionario público durante el gobierno de Alberto Fernández como Secretario de Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Manejó una caja millonaria que se encargaba, entre otras cosas, de distribuir los planes Potenciar Trabajo. Su Movimiento Evita recibió 1.300.000 planes durante el albertismo. Fue el dirigente social más ganador de esos cuatro años, ganándole entre otros a Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa -CCC- y a la UTEP de Juan Grabois.
O sea, Pérsico le daba fondos al propio Pérsico. La situación fue tan escandalosa que la denunció, al concluir el gobierno de Alberto Fernández, la ministra Sandra Pettovello del gobierno libertario. El ex titular de la Oficina Anticorrupción, el abogado Félix Croux, se lo advirtió al Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Daniel Arroyo: la falta ética podía terminar en una causa judicial como terminaría sucediendo. El Ministerio lo resolvió quitando la firma de Pérsico y reemplazándola por la de la ex titular del Fondo de Integración Socio Urbana -Fisu-, Fernanda Miño, dirigente social ligada a Grabois.
Pérsico, a su vez, fue imputado por el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que elevó a juicio por lavado de activos y administración fraudulenta a Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero. Según la Justicia, el dirigente social manejaba una estructura de planes sociales en las que se extorsionaba a los beneficiarios quedándose con un porcentaje de dinero para financiar actos políticos partidarios. Además, se extorsionaba a los más humildes con los bolsones de comida, otra enorme caja política que estaba carterizada durante la gestión anterior. Según el fiscal Pollicita, Pérsico, en su rol de funcionario, era parte del sistema. El juez Sebastián Casanello aún no resolvió el enigma.
Dirigentes de extrema confianza del ex funcionario piquetero también estuvieron investigados por la justicia y aguardan por un juicio oral por malversación de fondos públicos. Es el caso de la dirigente social de Quilmes del Movimiento Evita, Patricia Iribarne. La mujer fue concejal del municipio de Mayra Mendoza y había colocado a sus familiares en una red de cooperativas que recibían fondos públicos en medio de la pandemia por 85 millones de pesos del 2020. Iribarne posaba sonriente en fotos con la cúpula del Movimiento Evita, incluida la esposa de Pérsico, Patricia la “Colo” Cubría, que desafiaba, en esa época, a Fernando Espinoza, en La Matanza para sucederlo en la municipalidad.
En Florencio Varela y Berazategui, otros distritos de la tercera sección electoral, dirigentes del Movimiento Evita fueron imputados por el manejo inescrupuloso de los planes Potenciar Trabajo. En Quilmes, la ex contadora del Evita declaró en sede judicial cómo era el manejo de dinero y el sistema de recaudación ilegal. Nadie citó a Pérsico como testigo ni como imputado.
Durante un plenario de la CTA realizado en Avellaneda en junio de 2022, la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner advirtió que el Estado no debía delegar el control de la asistencia social en las organizaciones. Afirmó que tercerizar la ayuda en los movimientos creaba clientelismo y debilitaba la presencia estatal.
Sabía de lo que hablaba.
