Con la incorporación de Diego Molea y Santiago Viola, el Consejo sumó dos nuevos integrantes. Sin embargo, la falta de acuerdo por las ocho bancas legislativas y una vacante universitaria judicializada mantienen pendiente la conformación completa del Cuerpo y postergan el primer plenario. Mientras tanto, los consejeros salientes cerraron su ciclo con balances de gestión.
El proceso de recambio del Consejo de la Magistratura de la Nación dio un paso institucional determinante con la incorporación formal de dos nuevos miembros: Diego Molea, en representación del sector académico, y Santiago Viola, por el Poder Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, la nueva conformación del organismo encargado de seleccionar y sancionar magistrados y administrar el Poder Judicial de la Nación sigue incompleta, atravesada por tensiones políticas y judiciales que traban la designación de los representantes parlamentarios y de una segunda banca académica.
Molea y Viola juraron ante la Corte Suprema
La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Bermejo del Palacio de Justicia, en cumplimiento de las acordadas 34/2026 y 36/2026 del máximo tribunal.
El juramento fue tomado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular del Consejo, Horacio Rosatti, acompañado por el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Ricardo Lorenzetti.
De esta manera, quedaron formalmente incorporados al organismo Diego Molea, electo para representar al estamento científico y académico, y Santiago Viola, viceministro de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.


Del acto participaron integrantes que ya habían prestado juramento para el nuevo período, entre ellos los consejeros Alberto Biglieri, Juan Manuel Culotta, Marcelo Gallo Tagle, Fernando Levene y Gabriela Vázquez.
También estuvieron presentes el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller; magistrados, funcionarios de la Corte e invitados especiales.

Jueces y abogados ya completaron sus representaciones
Con la jura de Molea y Viola, el proceso de renovación avanzó sobre los sectores que venían completando sus designaciones durante las últimas semanas.
En el estamento judicial, los jueces ocuparon sus bancas mediante juramentos escalonados. El 5 de noviembre prestaron juramento Marcelo Luis Gallo Tagle, Gabriela Alejandra Vázquez y Paula Andrea Castro, conforme a la acordada 33/2026. A ellos se sumó, el 12 de noviembre, el juez Juan Manuel Culotta, mediante la acordada 35/2026.
Por su parte, en el estamento de la abogacía, tras las elecciones nacionales del 20 de octubre, asumieron Alberto Biglieri y Claudia Ester Sarmiento, por la lista Unidad en Defensa de la Abogacía; Itatí Demarchi Arballo, por Abogacía Unida; y Fernando Pablo Levene, por Dignidad Profesional y Abogacía Federal.
El tiempo de balances para los consejeros salientes
El recambio coincidió con el vencimiento de los mandatos de los integrantes salientes, el 18 de noviembre, lo que dio lugar a una etapa de balances y despedidas tras un período de intensa actividad institucional.
En representación de la abogacía concluyeron sus funciones Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Mientras que, por el estamento académico, finalizaron en este rol Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit.
En tanto, por el estamento de los jueces, terminó el mandato de Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola.
También concluyó el ciclo de los representantes legislativos salientes: por Diputados, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Gonzalo Roca; y por el Senado, Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Eduardo Vischi.
El cierre de esta etapa estuvo acompañado por la presentación de balances e informes de gestión después de más de cuatro años de trabajo, en los que se repasaron resultados, iniciativas y reformas impulsadas desde las distintas comisiones y en la administración del Poder Judicial.
La disputa política que impide completar el Consejo
Aunque el funcionamiento administrativo ordinario del Poder Judicial continúa, la falta de definición sobre nueve de las veinte bancas mantiene trabado el inicio formal de las sesiones y posterga el primer plenario.
El escenario combina negociaciones parlamentarias, disputas por la representación de las minorías y un conflicto judicial por una de las plazas universitarias.
Diputados: una pulseada por cuatro lugares
En la Cámara de Diputados, las negociaciones por las cuatro bancas correspondientes a ese cuerpo legislativo continúan atravesadas por una disputa entre el oficialismo, sus aliados y los bloques opositores.
Provincias Unidas reclama un lugar para el cordobés Juan Brügge, respaldado por los sectores que responden a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Esa pretensión contribuyó a frenar el debate parlamentario.
En paralelo, el PRO, conducido por Cristian Ritondo, negocia la postulación de Florencia De Sensi, una definición que dejaría fuera del Consejo al larretista Álvaro González.
Por su parte, La Libertad Avanza ya consensuó dos nombres: Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo, ambos vinculados políticamente a los Menem.
En tanto, Unión por la Patria pasaría de dos representantes a uno, con la designación de Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa y respaldado por Cristina Kirchner, en reemplazo de Siley y Tailhade.
Senado: la pelea por la primera minoría
En la Cámara alta, la disputa gira alrededor de qué bloque debe ser considerado primera minoría, una definición determinante para distribuir los cuatro lugares que le corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura.
Con la reincorporación del riojano Fernando Rejal al bloque Justicialista que conduce José Mayans, el peronismo alcanzó los 22 senadores, uno más que La Libertad Avanza.
Sin embargo, el oficialismo desconoce ese cálculo y sostiene que debe tomarse como referencia la composición de la Cámara al 1° de marzo.
Pese a que Patricia Bullrich y José Mayans acordaron habilitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel para definir las designaciones mediante decreto, ambos sectores anticipan que la resolución podría terminar judicializada.
Entre los nombres que aparecen en carrera figuran Eduardo “Wado” de Pedro y, eventualmente, Florencia López, por el peronismo; Nadia Márquez y Belén Montes de Oca, por el oficialismo; y los radicales Eduardo Vischi y Maximiliano Abad, que mantienen una disputa por la representación de su espacio.
La segunda banca académica, en manos de la Justicia
A diferencia del lugar que ya ocupa Diego Molea, la segunda banca correspondiente al estamento científico y académico continúa judicializada.
Las diferencias entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) derivaron en un litigio que deberá resolverse en una audiencia ante el juzgado federal a cargo de María Servini.
La definición resulta clave para completar la representación universitaria y avanzar hacia la integración definitiva del organismo.
Un Consejo fragmentado y con negociaciones obligadas
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros y necesita 12 consejeros para alcanzar el quórum ordinario.
Para adoptar algunas de sus decisiones más trascendentes, como la aprobación de ternas de concursos y la acusación de magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento, se requiere el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes, lo que equivale a 14 votos cuando asisten los veinte integrantes.
En este escenario, ningún espacio político o sectorial cuenta por sí solo con los votos necesarios para imponer sus decisiones. Con asistencia completa, un bloque de siete consejeros puede impedir que se alcance la mayoría especial requerida.
La nueva composición anticipa así un funcionamiento atravesado por negociaciones permanentes, en el que cada concurso, cada expediente disciplinario y cada decisión institucional de peso demandarán acuerdos entre sectores con intereses y posiciones diferentes.
La renovación ya comenzó, pero la verdadera disputa todavía está abierta: quiénes terminarán ocupando las bancas pendientes y cómo se construirán las mayorías que definirán el rumbo del Consejo de la Magistratura durante los próximos cuatro años.
