Prepagas: la Corte declaró inconstitucional la liberación de precios y ordenó restablecer el control estatal

El máximo tribunal confirmó la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/23 del presidente Javier Milei y ordenó que el Estado volviera a controlar los aumentos de las prepagas.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, del 20 de diciembre de 2023, que le habían quitado al Estado la facultad de fiscalizar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron además que el Estado Nacional debía volver a asumir ese rol. Es la primera vez que el máximo tribunal invalida artículos de ese DNU. Hasta ahora, los planteos contra el texto completo o contra algunas de sus normas habían llegado de actores sin legitimación directa para promover esas demandas.

Un aumento del 110%

La causa la inició una afiliada a la prepaga Swiss Medical después de que su cuota subiera 110 por ciento entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Por eso reclamó la inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/23 y la reposición de las normas previas, que determinaban que el Estado controlara los costos de los planes de salud.

Pidió que se declararan inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU, que derogaron el inciso g del artículo 5 y reemplazaron el artículo 17 de la Ley 26.682. Esas dos normas eran las que establecían el control estatal sobre los valores de las cuotas de los planes de salud.

El juez de primera instancia rechazó el amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de ambos artículos y ordenó a la prepaga que limitara los aumentos según el Índice de Precios al Consumidor. También dispuso que el Estado retomara las funciones que le corresponden por ley y fijara el valor de la cuota.

Para la Cámara, el decreto dejaba a los usuarios “librados” a la cartelización del mercado de la salud, y una medida de ese tipo solo podía adoptarla el Congreso. Agregó que el Ejecutivo podría haber incluido el tema en las sesiones extraordinarias, como hizo con otros asuntos legislativos, y que no estaba probada la necesidad y la urgencia.

El Estado Nacional y Swiss Medical apelaron ante la Corte. La Procuradora Fiscal, en tanto, opinó que correspondía confirmar la sentencia en lo referido a la inconstitucionalidad de los dos artículos y a la orden de que el Estado volviera a ejercer el control sobre los aumentos.

Lo que resolvió la Corte

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti sostuvieron que no alcanza con “invocar una emergencia genérica”: el Poder Ejecutivo debe justificar la emergencia y la necesidad urgente de cada una de las medidas que adopta en un decreto. Los considerandos del DNU 70/23 “no hacen siquiera el intento” de mostrar una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación. Tampoco explican, añadieron, por qué eliminarlas era necesario y urgente para paliar la “crisis económica y social del país”.

Para fundar su postura, los jueces recordaron un fallo reciente en la causa conocida como “Cencosud”, donde afirmaron que la Constitución admite el ejercicio de facultades legislativas por parte del Ejecutivo sólo en condiciones de “rigurosa excepcionalidad” y con exigencias formales que constituyen “una limitación y no una ampliación” de la práctica anterior.

La Corte aclaró que lo resuelto no implica opinar sobre otros aspectos del decreto ni sobre su posible justificación, que podrán analizarse en los casos concretos que lleguen al tribunal.

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