Golpe a la estrategia de Tapia: la Corte frenó el traslado a Campana y devolvió a Comodoro Py la investigación patrimonial sobre la AFA

En un fallo unánime, el máximo tribunal advirtió una “grosera violación a las reglas de competencia” y revocaron la decisión de Casación. La causa por presunto lavado de activos, que involucra una mansión millonaria, vehículos de alta gama y caballos de raza, continuará en Comodoro Py.

La disputa por el control de uno de los expedientes judiciales más sensibles para el poder del fútbol argentino llegó a su fin con una contundente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por unanimidad, el máximo tribunal revocó la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había derivado al Juzgado Federal de Campana la causa en la que se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con esta decisión, la Corte ordenó que el expediente regrese a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, bajo la órbita del Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.

El pronunciamiento lleva las firmas de los tres ministros del tribunal -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- y representa un revés judicial para las pretensiones de los principales directivos involucrados en el expediente, entre ellos el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, así como para el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien pretendía retener el caso.

El juez federal Daniel Rafecas quedará a cargo de la causa.

Duras críticas a Casación y la defensa del “juez natural”

Lejos de limitarse a una discusión técnica sobre la competencia territorial, el fallo de la Corte incluyó términos especialmente severos contra la actuación de los tribunales inferiores que habilitaron el traslado de la causa fuera de la Capital Federal.

En sus fundamentos, los jueces del máximo tribunal sostuvieron que “la garantía del juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable, que no admite otra vía de revisión y, por ello, justifica la intervención del Tribunal para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio”.

Con esa contundencia, la Corte descalificó la resolución dictada en agosto por la Sala I de Casación, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y cuestionó que no se hubieran atendido debidamente los argumentos territoriales formulados por el Ministerio Público Fiscal.

De una quinta en Villa Rosa a un complejo circuito internacional

El expediente se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia radicada originalmente en los tribunales de Retiro.

La acusación inicial apuntaba contra Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros por haber adquirido, mediante la sociedad Real Central SRL, una imponente mansión en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, sin contar con un perfil económico ni ingresos que justificaran semejante desembolso.

Sin embargo, las investigaciones fiscales ampliaron el objeto procesal mucho más allá de esa operación inmobiliaria. Lo que comenzó como una sospecha sobre una propiedad se convirtió en una causa por presunto lavado de activos a gran escala, que incorporó a nuevas personas físicas y jurídicas.

La hipótesis delictiva sostiene que las adquisiciones habrían servido como vehículo para canalizar fondos presuntamente desviados de la administración de la AFA.

Entre los bienes detectados y secuestrados a nombre de Real Central SRL figuran 54 vehículos —varios de ellos de colección y alta gama—, caballos árabes y de pura sangre, además de otros inmuebles. La investigación también comprende la utilización de sociedades constituidas en diversas jurisdicciones.

Asimismo, se indaga la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025 para desviar fondos lícitos generados por la casa madre del fútbol hacia circuitos fuera del sistema bancario formal.

Frente a las acusaciones, el propio Tapia llegó a declarar bajo juramento: “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”.

La famosa quinta de Pilar.

El recorrido judicial de la causa y la intervención de la Procuración

La definición de la Corte cerró un extenso recorrido procesal marcado por disputas entre distintos tribunales.

Tras la denuncia inicial, Rafecas se había declarado incompetente y remitido la causa al fuero Penal Económico. Mientras la Cámara Federal convalidaba esa postura preliminar, las defensas de Pantano y Conte acudieron al Juzgado Federal de Campana para solicitar que el expediente se radicara allí, con el argumento de que el inmueble investigado estaba ubicado en Pilar.

El juez González Charvay reclamó el caso, pero el magistrado en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky rechazó la inhibitoria.

Posteriormente, la Cámara Federal de San Martín ordenó que la causa pasara a Campana. La fiscalía apeló y la Cámara de Casación -con votos de Ángela Ledesma y Javier Carbajo, y disidencia de Borinsky- anuló ese traspaso y ordenó a la Cámara Penal Económico resolver la contienda.

Sin embargo, un nuevo recurso de las defensas derivó en que la Sala I de Casación le otorgara la competencia a Campana, lo que motivó el recurso extraordinario del fiscal general Mario Villar y el dictamen concordante del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal.

Tanto Casal como Villar advirtieron que reducir una causa compleja a la mera ubicación geográfica de un inmueble implicaba desnaturalizar la investigación.

La Procuración remarcó que no existían puntos de contacto jurídicos relevantes con Campana y que el emplazamiento de una propiedad solo justificaría la competencia local si allí hubiese comenzado la prevención por falta de otros datos.

Los cinco motivos por los que la causa debe tramitar en la Capital Federal

Al respaldar la postura de los fiscales, la Corte Suprema subrayó que el artículo 303 del Código Penal sanciona una pluralidad de conductas vinculadas al lavado de activos, entre ellas convertir, transferir, administrar, vender y gravar bienes de origen ilícito.

Maniobras de esta naturaleza, remarcó el tribunal, comprenden una cadena de decisiones económicas y jurídicas que no pueden reducirse al lugar donde se encuentra una casaquinta.

Fallo unánime de la Corte Suprema.

En su análisis, los jueces destacaron cinco elementos objetivos que vinculan la investigación con la Ciudad de Buenos Aires:

  • La sede social de Real Central SRL estaba registrada formalmente en la Capital Federal.
  • La escritura pública de compraventa del inmueble se formalizó en un domicilio porteño el 30 de mayo de 2024.
  • La sede histórica de la AFA, ubicada en Viamonte 1366/76, es el lugar donde se desarrollaron los actos de administración, gobierno y disposición de fondos, así como las presuntas maniobras marginales de desvío y ocultamiento ante organismos como ARCA e IGJ.
  • Los domicilios de las principales personas y firmas denunciadas se encuentran radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • La Justicia federal porteña fue la que intervino originalmente, al recibir la primera denuncia.

Para el máximo tribunal, estos elementos resultan determinantes para establecer la competencia y descartan que la ubicación del inmueble en Pilar sea suficiente para trasladar toda la investigación a Campana.

Una doctrina que se repite en las causas vinculadas a la AFA

La resolución no constituye un hecho aislado, sino que consolida un criterio jurisprudencial del máximo tribunal respecto de las causas que involucran a la dirigencia de la AFA.

El 5 de noviembre de 2026, la Corte ya había fijado la competencia de la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires en la causa “Gillette, Gabriela Érica y otros s/ incidente de competencia”, al rechazar una inhibitoria similar de Campana por entender que la administración central de la AFA reside en territorio porteño.

En idéntico sentido, en el expediente caratulado “Tapia, Claudio Fabián y otro s/ incidente de competencia” -iniciado tras una denuncia de Guillermo Tofoni por presunto balance falso-, el máximo tribunal determinó que la investigación debía tramitar en los tribunales porteños.

Con este tercer pronunciamiento, la Corte volvió a cerrar la puerta a los intentos de trasladar a Campana las investigaciones vinculadas con la administración de la AFA y reforzó un criterio sobre la competencia territorial: no alcanza con señalar la ubicación de un inmueble para desplazar una causa cuando los principales actos bajo sospecha y los vínculos jurídicos relevantes se concentran en otra jurisdicción.

La decisión representa un revés para la estrategia procesal que buscaba alejar el expediente de Comodoro Py, pero también deja una definición institucional que trasciende este caso: las disputas sobre qué juez debe investigar no pueden convertirse en un mecanismo para alterar las reglas de competencia ni afectar la garantía del juez natural.

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