“Sueños compartidos”: los fundamentos del veredicto que condenó a los Schoklender y absolvió a De Vido

El Tribunal Oral Federal 5 condenó por administración fraudulenta el 14 de septiembre pasado a José López, Abel Fatala y a Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de fondos de la Misión Sueños Compartidos, con penas de ejecución condicional. A los ex funcionarios les endilgó tener el manejo y control del dinero; a los hermanos, organizar la maniobra y desviar fondos a sus cuentas. De Vido fue absuelto por su nula intervención en los expedientes de obra.

Para los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado hubo “un esquema de corrupción administrativa y fraude al Tesoro Nacional de carácter complejo, sistemático y continuado”. Las obras destinadas a la población de menores recursos de todo el país se adjudicaron sin licitación a la “Fundación Madres de Plaza de Mayo”, que no tenía antecedentes técnicos, los fondos se canalizaron por un programa del Ministerio de Planificación sin reglamento ni controles, y se cambió una resolución estricta por otra más laxa. Los integrantes del Tribunal Oral Federal 5 lo llamaron “un desmantelamiento normativo deliberado”.

El peritaje oficial de ingeniería halló certificados de obra sin firma, avances inexistentes y obras inconclusas. La conclusión fue que “a la salida de los fondos públicos no le correspondió la contraprestación comprometida”. Los peritos contables y la Auditoría General de la Nación rastrearon 206.438.454,05 de pesos que salieron de su destino hacia empresas ajenas a la construcción y hacia los Schoklender. La Fundación Madres de Plaza de Mayo, dijo el tribunal, “fue un medio, institucionalmente utilizado, para la sustracción de los fondos del Estado nacional”.

Por qué se condenó a López y Fatala

José López, ex secretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, ex subsecretario del área, fueron condenados como coautores del delito de defraudación. Según la mayoría integrada por Palliotti y Obligado, eran quienes tenían por ley el manejo y el control de ese dinero. López recibía cada proyecto, ratificaba los convenios con sus resoluciones y autorizaba los pagos; el tribunal sostuvo que “decidió no ejercer su obligación de supervisión”. Bajo ambos se administraron “más de 1.200.000.000 pesos bajo la absoluta discrecionalidad de López y Fatala”. A Fatala se le sumó que había recibido en el Congreso una advertencia técnica sobre sobreprecios sin que eso motivara ninguna verificación.

Por qué condenaron a los Schoklender

Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la Fundación, fueron condenados como partícipes necesarios de la defraudación, porque “no portaban el deber extrapenal de administración fiel y de custodia de fondos públicos”, obligación que recaía sólo en los funcionarios. Pero su aporte “resultó indispensable como puente para desviar los fondos públicos y no admitía reemplazo por ninguna otra intervención equivalente”. Sergio fue descripto como “el ideólogo y organizador de la maniobra” y firmó los convenios y manejó las cuentas. Pablo recibió fondos en su cuenta personal y tuvo el control de compras y pagos.

Los montos de las penas

La escala del delito va de dos a seis años y los fiscales habían pedido seis años para los cuatro. El tribunal se alejó del mínimo porque se trató de “un delito contra la propiedad, que reviste especial gravedad, al haberse desviado fondos públicos destinados a fines habitacionales y sociales”. López y Fatala recibieron dos años y nueve meses; Sergio Schoklender, dos años y ocho meses; y Pablo, dos años y cuatro meses. Los dos funcionarios, además, quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

Las cuatro penas son de ejecución condicional. Lo justificaron por el tiempo transcurrido, la ausencia de antecedentes computables y “la experiencia carcelaria que demuestra la inconveniencia de la aplicación de una sanción privativa de la libertad de corta duración”.

Todos deberán fijar residencia y quedar bajo cuidado de un patronato. López figura detenido a disposición del Tribunal Oral Federal 2 por una pena unificada de 13 años que surge de los seis que recibió en el juicio por la causa “Vialidad” y los siete por enriqueciminto ilícito a raíz de los bolsos con dólares en General Rodríguez. El tribunal también dispuso el decomiso de 206.438.454,05 pesos, que deberán afrontar de forma solidaria los cuatro condenados y que se actualizará cuando la sentencia quede firme.

Por qué fue absuelto Julio De Vido

La absolución del ex Ministro de Planificación Federal sorprendió al saberse que sus subordinados, López y Fatala, habían recibidio condena. La suerte del ex funcionario la sellaron Palliotti y Grünberg, Obligado se pronunció a favor de condenarlo como coautor.

Palliotti sostuvo que “no cualquier aporte o contribución causal a un hecho típico (…) es suficiente para acreditar la participación de una persona en aquel”. Firmar convenios y resoluciones era parte de su rol, y la acusación no explicó en qué momento esa actuación se apartó de lo normal y se volvió delictiva. El ex subsecretario legal del ministerio, Rafael Llorens, declaró que De Vido no pidió nada especial y que fue “un trámite más de lo que teníamos en el ministerio”.

Sergio Schoklender (a la izquierda en la segunda fila) durante el juicio por Sueños Compartidos.

En los fundamentos del veredicto se asegura que no se pudo acreditar que De Vido conociera la posibilidad del perjuicio ni su interés en un lucro indebido. Pesaron “la falta de comprobación de lazos” con la Fundación y “la nula intervención” en los expedientes de obra.

Por qué absolvió a los Nasif

Daniel Nasif, ex presidente del Instituto Provincial de la Vivienda de Santiago del Estero, y Silvia Nasif, que trabajaba en el área de Administración y Finanzas de la Dirección de Proyectos Sociales de esa provincia, eran acusados porque la Fundación les había pagado 30.000 15.000 pesos. Palliotti y Obligado respondieron que “la mera circunstancia de ‘recibir dinero’ (…) no es un aporte”. Aunque pudiera “lucir antiético”, no se explicó de qué modo ayudaron a la maniobra defraudatoria. Palliotti agregó que no corresponde al juez “remendar las deficiencias” de la investigación ni “enderezar la acusación”.

Qué pasó con Freidin y Castellano

Los arquitectos Claudio Freidin y Carlos Castellano eran asesores técnicos de Fatala y cobraban pagos de la Fundación. Para Palliotti y Obligado, una vez absueltos los Nasif ya no se podía extender la suspensión de la prescripción a los demás. Entendieron entonces que el plazo máximo para el grado de participación que se les atribuyó había vencido el 15 de septiembre de 2024. El tribunal los absolvió.

La disidencia de Grünberg: votó por absolver a todos

Grünberg sostuvo que los acusadores “no han podido demostrar un concreto perjuicio patrimonial para las arcas del Estado”. Los 206 millones de pesos salían de un cuadro de la Auditoría que los marcaba como “giro de fondos observados”, pero “en ninguna parte de aquel informe se alude a ese monto como ‘desviado’”. Fiscalía y UIF, dijo, lo tomaron sin verificarlo: “craso error”. Sin perjuicio acreditado, para el juez el delito no se configuraba, y subsidiariamente aplicaba la duda a favor de los acusados.

Los defensores de los condenados, la fiscalía a cargo de Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera analizaban hoy el extenso escrito de fundamentación para analizar las apelaciones que seguramente decidirán en los próximos días.

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