La Haya y los tribunales argentinos: el fallo contra Myanmar y las definiciones de Guillermo Marijuan

La Corte Internacional de Justicia declaró a Myanmar responsable del genocidio contra los rohinyás. El fiscal argentino Guillermo Marijuan analizó el alcance del fallo, destacó el trabajo de su fiscalía bajo el principio de jurisdicción universal y advirtió sobre las dificultades para ejecutar las capturas internacionales de los acusados.

Por primera vez en sus ocho décadas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó una sentencia de fondo declarando a un Estado responsable de genocidio. En su fallo del 19 de noviembre de 2026, el tribunal resolvió la demanda iniciada por Gambia -con 11 Estados intervinientes- y determinó que Myanmar perpetró genocidio contra los rohinyás durante las “operaciones de limpieza” de 2017 en Rakhine.

El fallo de La Haya encontró eco inmediato en la Justicia argentina. En diálogo con Infobae, el fiscal Guillermo Marijuan analizó el histórico veredicto y detalló las claves de la causa que su fiscalía impulsó bajo jurisdicción universal, pesquisa que en 2024 y 2025 ya había concluido que los jerarcas birmanos eran penalmente responsables de genocidio.

El peso del veredicto internacional en La Haya

La CIJ acreditó, por nueve votos a seis, que las fuerzas birmanas ejecutaron matanzas de civiles (artículo II, inciso a de la Convención de 1948), causaron graves daños físicos y mentales (inciso b) e impusieron medidas para impedir nacimientos (inciso d).

La Corte respaldó la cifra de al menos 10.000 muertes de rohinyás y constató atrocidades en aldeas como Min Gyi, Chut Pyin y Maung Nu, signadas por ejecuciones sumarias, arrasamiento de poblados y abusos sexuales masivos.

Asimismo, determinó que Myanmar violó sus deberes de prevenir el genocidio, castigar a culpables, tipificar el crimen y preservar pruebas. Por ello, ordenó cesar las violaciones, investigar a sospechosos, dar garantías de no repetición y disponer medidas de restitución integral -retorno seguro de refugiados y devolución de bienes-, postergando indemnizaciones a una fase posterior.

El fiscal federal Guillermo Marijuán.

Dos carriles que confluyen: la causa argentina y las declaraciones de Marijuan

Al evaluar la sentencia internacional, el fiscal Marijuan celebró la resolución y remarcó la articulación entre ambos estrados.

“La Corte Internacional de Justicia juzgó la responsabilidad del Estado de Myanmar, mientras que nuestra causa, abierta por jurisdicción universal, investiga responsabilidades penales individuales. Son carriles distintos que hoy confluyen”, explicó a Infobae.

La causa en Comodoro Py se basa en el principio de jurisdicción universal de la Constitución Nacional, que faculta a juzgar crímenes atroces sin importar el lugar ni la nacionalidad ante la inacción del país de origen.

“La aplicación del principio de justicia universal que se haya hecho por el Ministerio Público de la República Argentina, en este caso por la labor desempeñada por el personal de mi fiscalía a cargo, fue trascendental”, subrayó Marijuan a Infobae.

Y agregó: “Debe darse una respuesta jurisdiccional a aquellas personas que no logran llegar a los tribunales, no logran hacer oír sus reclamos y poder denunciar conductas tan graves como las que acontecieron en Myanmar para poder sentar a los responsables frente a un tribunal”.

La causa argentina tuvo hitos decisivos: el 28 de junio de 2024, Marijuan formalizó el pedido de capturas internacionales tras calificar de genocidas a las autoridades birmanas.

Luego, el 13 de febrero de 2025, la jueza María Servini ordenó la captura internacional de 25 exfuncionarios y jefes militares, entre ellos el expresidente Htin Kyaw y el general Min Aung Hlaing, líder de la junta militar.

La jueza María Servini.

De la orden inexistente al patrón sistemático

Demostrar la intención de destruir al grupo (dolus specialis) fue el mayor desafío. Ante Infobae, Marijuan fue gráfico: “Nadie firma una orden que diga ‘destruyan a este pueblo’. La intención se reconstruye a partir de la conducta, del patrón”.

El fiscal remarcó que las matanzas de 2017 fueron el desenlace de décadas de despojo: “Había décadas de medidas que apuntaban en un mismo sentido, como la negación de la ciudadanía, las restricciones para circular, estudiar, atenderse en un hospital o practicar su religión, y los permisos para casarse atados al compromiso de no tener más de dos o tres hijos”.

A ello se sumó la escala de 2017, con 392 aldeas destruidas, el veto al término rohinyá y campañas de odio en redes del ejército. La fiscalía cotejó los testimonios de sobrevivientes con peritajes satelitales, informes de la ONU (IIMM) y la declaración de un soldado desertor.

El trabajo con víctimas exigió evitar la revictimización con reserva de identidad y auxilio psicológico. En violencia sexual, la sala quedaba integrada solo por mujeres.

Marijuan confió a Infobae un recuerdo imborrable: “Me marcó el testimonio de un médico de una de las aldeas arrasadas, que junto a su hija atendió después de las operaciones a víctimas de violencia sexual, entre ellas niños. Eso no se olvida”.

El orgullo del precedente y la traba de Interpol

Consultado sobre sus sensaciones ante el fallo de la CIJ, el fiscal valoró sus más de 30 años en el fuero federal, pero priorizó a las víctimas.

“Que nuestra labor acreditando un genocidio y con el pedido de captura internacional de toda la cúpula gobernante de un país haya sido receptada y reconocida por la Corte Internacional de Justicia, haciendo valer la aplicación del Principio de Justicia Internacional, me llena de orgullo y es para mí un logro profesional muy importante. Pero los sobrevivientes de las masacres que reciben una respuesta justa son, sin duda alguna, los que deben sentir el verdadero logro por sus reclamos”.

No obstante, persiste una traba: Interpol rechazó cargar las alertas rojas para los 25 imputados, alegando razones políticas y militares.

Marijuan admitió a Infobae que sin esas circulares las órdenes sólo se ejecutarían si pisan suelo argentino, pero renovó la esperanza tras el fallo de La Haya.

“Espero que, con esta sentencia, el pedido efectuado por esta Fiscalía se haga realidad, porque ya no es solo la justicia argentina sino la propia Corte Internacional de Justicia la que afirma que hubo genocidio y ordena investigar y castigar. Seguiremos trabajando con el Mecanismo de Naciones Unidas para que así sea”, concluyó.

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