Con un recorrido de enorme relevancia tanto en el Poder Judicial como en el ámbito privado, Maximiliano Rusconi fue protagonista de los principales movimientos de la Justicia en Argentina y en Latinoamérica.
Una persona que sabe muy bien donde se encuentra hoy parado, y sostiene: “A veces es muy bueno volver a mirar hacia atrás. Es el mejor modo de no perderse y de cargar la batería para dar batallas en donde muchas veces sentís que perdés. Yo le debo todo a la educación pública”.
En charla con Quórum, habló de su amor por la educación pública, su paso por la Procuración General, las Naciones Unidas y las reformas judiciales. Respetado por todos y muchas veces criticado por defender a miembros del poder político, Rusconi no se privó de nada, habló de todo y, en especial, de derecho.
En estos días se cumplieron 200 años de la fundación de la UBA. Vos sos un producto de ella. ¿Qué pensás?
A veces es muy bueno volver a mirar hacia atrás. Es el mejor modo de no perderse y de cargar la batería para dar batallas en donde muchas veces sentís que perdés.
Yo le debo todo a la educación pública. Todo. Me emociono de sólo pensarlo. Hice mi educación primaria en un colegio municipal en Almagro. El “José María Ramos Mejía”, todavía hoy sigo conectado con algunos de mis amigos de aquella época. Eran comienzos de los años 70. Mi entorno fue el de una familia de clase media. Pero, era una clase media/media como dicen ahora.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue mi gran guía en la vida.
El proceso de formación intelectual es largo y uno se cruza con personas que te marcan un camino, te influyen, te entusiasman, se van transformando en modelos, de ese modo te marcan el futuro. En mi caso, esas personas fueron Marcelo Sancinetti, Julio Maier, Alberto Binder y más adelante Enrique Bacigalupo -que fue miembro del tribunal supremo español y Jaime Malamud Goti. Todos fueron ejemplos conmovedores de profesores universitarios, que se entregaban con alma y vida a la universidad. Yo no he sido discípulo de Raúl Zaffaroni, pero debo decir que le tengo también mucho respeto, admiración y cariño.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue mi gran guía en la vida
Bacigalupo había sido Procurador del Tesoro de Héctor Cámpora, tuvo que exiliarse, con niños pequeños. Bacigalupo junto con Eugenio Raúl Zaffaroni han sido los dos penalistas más influyentes de nuestro país en los últimos 50 años, posiblemente de los más importantes junto con Marcelo Sancinetti, en lengua hispana en todo el mundo.
Creo que desde los años 2000 hasta la fecha han sido pocos los años en los cuales no lo he visitado en Madrid, o no participara en su seminario en la Fundación Ortega y Gasset. Allí Enrique dirige un seminario de muy alto nivel, al que asisten juristas de todo el mundo. Ese seminario se hace los días lunes y son tres horas de debates mientras estamos rodeados de lo que fuera la biblioteca de Ortega. Allí, a veces, yo analizo y critico decisiones judiciales de la Argentina y no lo pueden creer.
En su etapa argentina Bacigalupo tenía dos discípulos. Uno era Sancinetti y otro fue en su momento Luis Moreno Ocampo. Yo también colaboré con él en su estudio. Luis Moreno llegó a ser Fiscal ante la Corte Penal Internacional y elegido de modo unánime por la Asamblea de las Naciones Unidas.
El haber sido alumno de esa Universidad y, luego de muchos años haber logrado el doctorado y ser Profesor Titular por concurso en la misma UBA, hace que sienta que pude devolverle parte de lo que sus aulas me dieron con tanta generosidad.
¿Cómo fue trabajar en los procesos de reforma judicial para toda América Latina?
En el año 1987 o 1988 Alberto Binder me invita a integrar un grupo de reforma que lideraba Julio Maier -yo luego me incorporaría a su cátedra-. Ese proyecto de reforma tenía cosas muy interesantes, como el juicio por jurados, que los fiscales fueran los dueños de la investigación, incorporar salidas intermedias como la mediación y la conciliación, etc. Y con un eje muy fuerte en los Derechos Humanos.
Raúl Alfonsín tenía dos grandes grupos de intelectuales en el tema Justicia. Uno era Carlos Nino. Él, con sus discípulos, se encargaban de la reforma constitucional. Y Julio Maier y su gente tenían a cargo la reforma procesal y penal. La esperanza de la restauración democrática nos hacía tener mucha fe, y había una especie de esplendor intelectual. Después, la realidad nos golpeó un poco -como suele hacer-.
Haber logrado el doctorado y ser Profesor Titular por concurso en la misma UBA, hace que sienta que pude devolverle parte de lo que sus aulas me dieron con tanta generosidad.
Me sumé al equipo de Maier. Trabajar en ese proyecto fue maravilloso. Fue un proyecto como nunca se había hecho en Argentina. No teníamos estadísticas, por ejemplo, porque era un nuevo modelo, así que se hizo un proyecto con un matemático, jurista y filósofo cordobés, Gustavo Cosacov, que armó un sistema de simulación. Simulamos el sistema funcionando y de ahí sacamos plazos, estadísticas, etc. Sobre la base de esas estimaciones virtuales hacíamos cálculos para hacer análisis sobre cuántos empleados se necesitaban para implementar los cambios, o cómo iba a ser la distribución de gente, entre otras variables. Los ejes claramente marcados eran: juicio por jurados, limitación de la prisión preventiva, investigaciones más eficientes, los fiscales más cerca de la comunidad. Todos ejes muy trascendentes, que parecía que iban a cambiar la Justicia para siempre. Trabajamos dos o tres años con mucha intensidad.
Era un proyecto magnífico, pero cuando Carlos Menem llegó al gobierno decidió no continuarlo. Convocó para la Corte Suprema a Ricardo Levene, que era con quien él tenía más relación. Levene tenía un código -espantoso-, que era una copia del código cordobés, anticuado, nada transformador, que es el que sigue vigente en el ámbito de la Capital Federal. Las grandes transformaciones se frenaron. Y nosotros nos quedamos sin trabajo. Yo tenía veinticuatro años.
Luego, esas ideas las fuimos implementando en casi toda América Latina. México, Guatemala, El Salvador, Perú, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Chile, Paraguay, Brasil, etc. Yo, por ejemplo, estuve trabajando varios años en Ecuador y Guatemala. Fue una experiencia hermosa y me quedan los mejores recuerdos.
Lo de Guatemala, particularmente, fue muy apasionante. De hecho, luego volví como funcionario de las Naciones Unidas.
¿Cómo fue ser funcionario en las Naciones Unidas?
Los noventa fueron años de mucha preocupación en la región por hacer sistemas de justicia más eficaces, con participación ciudadana, con más respeto por la diversidad cultural y los derechos humanos. Se buscó romper el mito de que el sistema, para ser eficaz, tiene que violar garantías -“si es garantista es ineficaz”-. Normalmente los modelos procesales o de justicia son las dos cosas al mismo tiempo. Los que son respetuosos de las garantías además son eficaces. Y los sistemas violatorios de garantías además son ineficaces. Fue una época de mucha agitación en todo el continente en materia jurídica. Y, en particular, todos los organismos de Derechos Humanos habían puesto el ojo sobre Guatemala.
El país salía de una guerra civil muy importante, después de la dictadura de Efraín Ríos Montt. A pesar de que había acuerdos, y se había firmado la paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- y el gobierno, el sistema de justicia era una violación continua de los Derechos Humanos. Era un horror. Entonces, un enviado de Naciones Unidas de mucho prestigio, Héctor Gros Espiell, un uruguayo, les dice a las autoridades guatemaltecas: “Si ustedes siguen con este espanto, van a tener consecuencias incluso económicas, porque así salen del sistema de créditos, por ejemplo”. Y había un personaje en Guatemala muy importante, que se llamaba Edmundo Vásquez Martínez, que era el presidente de la Corte Suprema. Un tipo muy culto. Él dijo que estaban dispuestos a hacer las reformas pero que no tenían gente para pensarlas, desarrollarlas e implementarlas. Y ahí Gros Espiell dice “hay un grupo de locos en Argentina que se acaba de quedar sin trabajo”. Así fue como Alberto Binder, Marcos Maier, David Baigún, Marcos Salt y yo nos fuimos a Guatemala a trabajar en la reforma. Luego de varios años, gran parte de mi generación hizo trabajos muy importantes en Guatemala: Alberto Bovino, Alejandro Alvarez, Mary Bellof, Gustavo Vivas, María Fernanda Lopez Puleio. En el año 1994 llegó a un cargo muy importante de las Naciones Unidas en ese país, Rafael Bielsa.
En el comienzo, año 1991, Maier y Binder, que eran los más experimentados, se ocuparon de la redacción. Los más jóvenes nos ocupamos de la implementación. Era un país con muchísimas dificultades. Sin embargo, en uno o dos años ya tenía un sistema procesal modelo.
Yo después volví, como dije, ya como funcionario de las Naciones Unidas -MINUGUA: Misión de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en Guatemala-.
Fue una experiencia muy interesante. Alberto Binder, que era el “jefe ideológico” de esa revolución jurídica, nos pedía ser solidarios y trabajar en conjunto. Hacíamos reuniones en casas, y a veces éramos como treinta personas de distintos países. Algunos trabajábamos en Naciones Unidas, otros en Organizaciones No Gubernamentales, y entre todos coordinábamos las acciones.
Había un gran problema en Guatemala vinculado con la diversidad cultural. Era visible una altísima persecución penal y había mucha incomprensión cultural de esa diversidad. Es un país que tiene un setenta por ciento de población originaria, y un gran porcentaje de lenguas que no son el español. Eso generaba choques culturales entre la cultura oficial, que quería imponer el código penal a rajatabla (por ejemplo, en el tema de las tierras), y los pueblos originarios. Esas comunidades no tienen el concepto de propiedad que tenemos quienes vivimos en un sistema capitalista. Para ellos se trata de tierra comunitaria. Es la tierra que ellos recibieron para cultivar, entre otras cosas. Por lo tanto, el delito de usurpación, por citar un caso, resulta inaceptable.
En Guatemala sentí por segunda vez en mi vida que estaba trabajando en un proyecto que podía tener impacto real, visible, en la calidad de vida de la gente. Se veía que podíamos influir. En ese sentido debe ser una de las actividades más movilizantes en la que me involucré en mi vida.
En Argentina todo era raro, difuso. En nuestro país tenemos las mismas miserias, o más, que cualquier país latinoamericano. Pero no están a la vista. Esas miserias están ocultas. Hay biombos que tapan la realidad, las realidades. En Centroamérica es diferente. La realidad no está maquillada. Es esa que se ve, y se ve enseguida. Uno sale del hotel y esa es la realidad. Es muy notoria.
En los países centroamericanos se palpa con mucha claridad la desigualdad social, la discriminación. Ver esto, o, mejor dicho, vivirlo, es muy movilizador y también muy desgastante. Pero hay que estar varios años ahí, y dar esa pelea.
En nuestro país tenemos las mismas miserias, o más, que cualquier país latinoamericano. Pero no están a la vista. Esas miserias están ocultas.
Cuando llegué a Naciones Unidas, en 1995, una de las cosas que propuse fue hacer un estudio serio sobre la situación penitenciaria en Guatemala. No puedo decir que nunca se hubiera hecho algo por el estilo en ese país, pero la verdad es que nadie me supo decir cuándo había sido la última vez que se había hecho un estudio empírico. Es decir, tener en claro cuánta gente había en cada unidad, cuál era la sobrepoblación carcelaria, qué pasaba con la alimentación. Y muchas más variables.
En Naciones Unidas, cuando a uno se le ocurre una idea importante después, claro, hay que buscar financiamiento. Normalmente hay que tener reuniones con los países donantes y seducirlos. En ese momento fue el gobierno de Suecia el que estaba dispuesto a hacer un apoyo, y financió el trabajo. Los resultados fueron increíbles.
Fuiste muy joven Fiscal General de la Procuración General de la Nación, ¿no?
Sí, cuando asumí en esa jerarquía tenía 32 años, que, para acceder a ese lugar por concurso, creo que es ser bastante joven.
¿Cómo fue esa experiencia?
En 1995 volví a la Argentina. En 1997, el Procurador, Nicolás Becerra, me ofreció designarme como Fiscal General Adjunto de la Procuración. Para mí era una muy buena oportunidad. A mi juicio, Nicolás Becerra fue el mejor procurador desde la restauración democrática, sin duda. Yo tenía mucha fe en Esteban “el bebe” Righi, pero creo que al Bebe le faltó alguien al lado que lo invitara a recorrer un camino de transformación. Él era un jurista de prestigio, una maravillosa persona, pero yo creo que se encontraba en una etapa de su vida en donde, ya había decidido que lo homenajearan y creo que lo merecía.
Becerra era un abogado -luego se doctoró- y político con un olfato muy especial de qué cosas se podían hacer, hacia dónde había que ir, y al mismo tiempo con una capacidad enorme de administrar conflictos. Muchas veces yo me he ido enojado de reuniones con él, pero hoy lo comprendo un poco más. Si uno ve la película desde más lejos, se ve que la tendencia fue muy positiva en el ministerio público durante su gestión -1996/2003-.
Pero de todos modos respondí negativamente a su ofrecimiento. Le dije que tenía alguien más para proponerle. Una persona valiosísima, que quiero mucho, que es Mirna Goransky. Es una mujer muy vinculada con los derechos humanos. Con una valentía y honestidad intelectual de otro planeta.
A Becerra le dije que, en todo caso, cuando se convocara a concurso para el puesto de Fiscal General de la Procuración, yo pedía tener la posibilidad de presentarme. Becerra me decía que no. Me pedía que aceptara el cargo que me ofrecía, porque había una tensión tremenda en el ámbito judicial. Me decía que el puesto de Fiscal General lo tenía pedido por dos grupos antagónicos de fiscales. Yo le respondí que el mejor modo de desligarse de ese antagonismo era llamar a concurso.
Se llamó a concurso (compitiendo con candidatos muy buenos y que hoy quiero mucho) y gané. Así que asumí como Fiscal General. Fue una etapa muy conflictiva pero muy gratificante en mi vida.
Armamos lo que fue una fiscalía general de política criminal, que estaba a mi cargo. Su objetivo era proponer líneas de trabajo que enmarcasen la actuación de los fiscales. Fue una época fundacional del ministerio público porque de modo bastante reciente el ministerio público fiscal había recibido reconocimiento constitucional en la reforma, nacía un ministerio público con autonomía, que no dependía de ninguno de los tres poderes, pero se vinculaba con todos, manteniendo cierto equilibrio.
Ahí pude volcar gran parte de las cosas que habíamos trabajado en Centroamérica, a veces con éxito y a veces no. Un ejemplo: un día fui a ver a Nicolás Becerra y estaban todos festejando el nacimiento de la ley orgánica del ministerio público. Esa ley consolidaba todas las prerrogativas que los fiscales querían. Hasta en los nombres de los cargos. Antes de la reforma mi cargo era Secretario de la Procuración General. Después de la reforma el lugar se llamaba Fiscalía General de la Procuración General de la Nación. Todo el mundo tenía los egos muy inflamados por la ley. Todos celebraban. Pero cuando me puse a leer la ley en profundidad, me pareció un espanto. Una vergüenza. En algún sentido le reconozco a Becerra, a la distancia, el éxito político de sacar la ley en un momento difícil, y posiblemente él no pudo influir más en el contenido. Aunque sí lo hizo en el modelo orgánico.
Pero había aspectos increíblemente ridículos. Por ejemplo, puse en el buscador del archivo la palabra “víctima”, para ver cuántas veces aparecía en la ley orgánica del ministerio público. Imaginé que iba a aparecer veinte veces. Porque, en definitiva, el ministerio tiene que construir una cercanía institucional con la víctima de un delito. No aparecía ni una vez. Ni una. Nada. La ley orgánica no mencionaba nunca la palabra “víctima”. La ley orgánica vigente hoy en día, por otro lado. Y sin embargo, instituciones como la policía sí tenían. La policía siempre tuvo una organización que no hay que subestimar. Uno puede oponerse a cuestiones ideológicas, pero subestimarla en democracia sería una tontería. La policía tiene todo un diseño que le aseguró el monopolio del contacto comunitario. Tienen oficinas de asistencia a la víctima, por ejemplo. Pero a mí no me da mucha gracia que ese monopolio lo tenga la institución policial, y que en el momento de actuar no tenga ningún control contemporáneo. Fui a verlo a Becerra y le mencioné esto. Se puso muy mal, y me dijo “¿qué hacemos?”. “Lo que habría que haber hecho era sacar una ley en serio”, le respondí. Pero, le dije, “podemos hacer una gestión en serio”. Y lo hizo. Hay que reconocerlo. Para comprender la importancia de Becerra hay que recordar que uno de sus primeros dictámenes como Procurador fue el que instituyó en la causa Lapacó el derecho a la verdad que dio nacimiento a los juicios de la verdad. Así, como que uno de los primeros cuya defensa asumió directamente cuando era Defensor General de la Nación, era la defensa de algunos miembros de comunidades indígenas en el sur del país que eran perseguidos por el delito de usurpación.
Para comprender la importancia de Becerra hay que recordar que uno de sus primeros dictámenes como Procurador fue el que instituyó en la causa Lapacó el derecho a la verdad que dió nacimiento a los juicios de la verdad.
A partir de esta situación, una de las primeras cosas que surgió cuando asumí el cargo fue el nacimiento de una oficina de asistencia integral a la víctima de un delito. Una oficina multidisciplinaria. Es decir, como primera medida: basta de abogados. Alguien nos convenció de que tenemos que ser abogados para todo, y normalmente somos malos para casi todo. Pero necesitamos psicólogos, asistentes sociales, médicos, psiquiatras. Y eso lo logramos con esa oficina.
Otro eje importante que también hacía mucho ruido era que en la ley el ministerio público se hacía llamar “representante de los intereses de la sociedad”. Pero cuando uno se preguntaba cómo se materializa ese contacto con la sociedad no había nada. Ni un renglón que remitiera a ese contacto. Entonces, nuevamente, fui y dije: “Becerra, ¿qué hacemos?”. Obviamente que el contacto directo con la comunidad no se podía. No era algo que pudiera resolverse así nomás. Uno no puede hablar con todos los argentinos. Pero podíamos hacer reuniones con los organismos no gubernamentales, que son un poco el nexo con la gente. Reuniones que fueran organizadas por temáticas.
Se hizo. Se llamó PAC, Programa de Acercamiento Comunitario. ¿En qué consistía? Consistía en algo que para la gente era insólito. No podían creer que sucediera eso. Normalmente el Procurador, hasta Becerra, era un sujeto que estaba en una especie de castillo, sin contacto, aislado en su importancia. Solamente salía de ahí con el auto blindado, con chofer, a la Corte, para reunirse con los cortesanos. Y después iba a almorzar a su casa. No tenía ningún contacto con nada. Lo que nosotros hicimos fue organizar a las ONG por tema. Organizaciones vinculadas con la niñez, con derechos humanos, con el tema drogas, con la educación, con la mujer, etcétera. Y con cada grupo de ONG hacíamos dos reuniones anuales, que eran desayunos donde estaba el señor procurador. En el primer semestre recibíamos quejas y demandas. Entonces el procurador anotaba: número de causa, datos, etcétera. En cuanto a los derechos humanos, las Madres y las Abuelas nos decían “no se está avanzando en el banco de datos genéticos”, “los fiscales en vez de usar esa información usan otros peritos”, “todo esto nos genera incertidumbre”, y el procurador anotaba. Después nos ocupábamos de ver qué pasaba con cada uno de los temas. Y en la segunda mitad del año hacíamos un segundo desayuno en el que respondíamos a las demandas que nos habían formulado en el primer semestre. Eso era maravilloso.
El tercer eje tiene que ver con acercar el fiscal al caso. Siempre estuvo muy instalado, en épocas en que el ministerio público y los fiscales no tenían identidad institucional, el fiscal era un sujeto muy parecido a un juez. Se vestía igual, usaba los mismos colores de corbata, los mismos zapatos. Es más, la organización de la fiscalía copiaba la de un juzgado, entonces si el juez de instrucción 2 tenía un muchacho que revisaba los expedientes, el fiscal de instrucción 2 tenía que tener un muchacho que cumpliera la misma función. Nadie se preguntaba si ese muchacho era necesario. Si uno es fiscal y el otro es juez es evidente que tienen que tener funciones distintas, y organizarse de acuerdo a esas funciones. Esto fue lo que nosotros siempre denunciamos como una organización refleja. El ministerio público organizado de un modo reflejo al del juzgado.
Mi idea, por supuesto, fue terminar con esa lógica. Fue uno de los temas que me generó más conflicto con los fiscales. Porque cerca del caso era cerca de la comunidad. Yo le decía a Becerra: “¿Usted no se preguntó nunca por qué razón los fiscales están ubicados en Comodoro Py? Ahí no viven seres humanos, no vive gente. Si quiere vamos un sábado, y si encontramos un ser humano le doy un premio”. Y es más: tampoco vive nadie en Plaza Lavalle, que son todas oficinas.
La idea, entonces, fue que el acercamiento al caso por parte de los fiscales tenía que tener dos aspectos muy claros. Por un lado, en lo que tiene que ver con delitos comunes, delitos de sangre, homicidios, lesiones, es decir, los delitos de la calle, acercamiento al caso significa acercamiento territorial. Estar donde sucede el hecho. Estar en el barrio en el que las víctimas se sienten inseguras, estar cerca de donde fue el episodio. Eso ayuda a la recolección de información, ayuda a controlar la actuación policial, ayuda a que la gente no sienta que está desamparada ante un delito, y ayuda a la presencia institucional del ministerio público. Entre otras cosas.
Por otro lado, para delitos complejos como grandes defraudaciones bancarias o evasión tributaria, la cercanía al caso no puede ser territorial. Entonces debía haber cercanía a los organismos estatales de control que intervienen antes que la Justicia. Por ejemplo, en un delito tributario, cercanía al caso es cercanía a la AFIP. En un delito de corrupción de funcionario público es cercanía a la Oficina Anticorrupción. En un delito cambiario, cercanía al caso es cercanía al Banco Central.
¿Qué pensás de la relación entre medios de comunicación, justicia y poder?
No me gusta que la culpabilidad nazca cuando el poder muere. Ahí hay un problema. Una vez, cuando habían encarcelado a Domingo Cavallo, un corresponsal de la revista The Economist me preguntó por su detención y yo le dije que aplaudir estas cosas no me gustaba mucho. Porque en la Argentina siempre pasa que la culpabilidad surge cuando el poder muere. Cuando algún día coincidamos en que un sujeto tiene el poder hoy, y ese poder todavía no murió, y ahí lo encontramos culpable, ahí sí habremos dado un paso importante en la madurez institucional. Esa frase, que le había encantado al corresponsal, se usó para titular la nota que me hicieron.
No me gusta que la culpabilidad nazca cuando el poder muere. Ahí hay un problema.
En Argentina, se encarcela fácilmente a sujetos con el argumento de que tienen un poder residual o por puras razones políticas que motivaron condenas injustas.
Con shows mediáticos muy importantes se suscribió a la idea de que existe ese poder residual. ¿Y qué pasa con los que tienen un poder que ya no es residual? ¿Que no es el poder de los que perdieron las elecciones sino el poder de los que ganaron? Los que hoy ejercen el poder. ¿Esos no tienen capacidad de influir? ¿O será que tienen más capacidad de influir? ¿Será que tienen la capacidad de influir en la investigación y también en el nombramiento de los jueces? Ahí hay un problema grave, que está en la base del sustento ético de la justicia argentina.
Ni la libertad de prensa y expresión justifica la mentira ni la independencia judicial puede justificar las injusticias.
Como abogado defensor, ¿Ves muy mal a la justicia?
Si. Hay jueces muy valiosos igual que fiscales. no es posible generalizar. Pero, en los últimos años han sucedido episodios absolutamente preocupantes. Nunca en democracia, y me arriesgo a decir que ni siquiera en dictadura -donde obviamente han pasado cosas mucho peores-, hemos vivido una alianza como la que hoy está saliendo a la luz entre un sector hegemónico de los medios de comunicación y el Poder Ejecutivo con el objetivo de presionar a los jueces. Siempre ha habido relaciones tirantes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero esto de que haya tanta coordinación de trabajo de erosionamiento de la independencia judicial nunca se vio.
Nunca en democracia hemos vivido una alianza como la que hoy está saliendo a la luz entre un sector hegemónico de los medios de comunicación y el Poder Ejecutivo con el objetivo de presionar a los jueces
Al mismo tiempo, se repitieron casos en los que había una especie de invitación a que los jueces renunciaran. Como diciendo “si renunciás, no soy tan duro con vos en el Consejo de la Magistratura o en el marco de un juri”.
¿Alguna defensa que has asumido te ha generado críticas?
Pocas veces, pero no nunca qué es lo que debiera suceder en una democracia republicana.
En sociedades infradesarrolladas en lo institucional y en el conocimiento del estado de derecho, y con un fondo autoritario, es usual que se infra valore el rol del abogado defensor. Hay que decir que sin abogados defensores peligra el estado de derecho.
Es una pelea muy desigual. Un periodista que yo conocí en otra época es Nelson Castro. Cuando lo conocí, quienes me hablaban de Nelson Castro eran amigos míos del alma. Periodistas serios. Y me hablaban muy bien de él. Y cuando yo era Fiscal General a Nelson Castro le parecían muy bien mis investigaciones. Me apoyaba muchísimo. Pero me lo encuentro ahora criticándome enormemente. ¿Por qué? Porque defendía a alguien que a él no le gustaba.
Un día acepto ir a su programa de televisión. Y cuando lo saludo, lo primero que le digo es que yo estoy orgulloso de mi tarea y del rol que cumplo. Defender, como el salmón, en contra de la corriente, en contra del poder de turno, es una tarea necesaria. Si es que uno defiende como defiendo yo, con argumentos. Es lo mejor que le puede pasar a un país. Y que los ex funcionarios se defiendan con argumentos también es lo mejor que le puede pasar al país.
Y cuando yo era Fiscal General a Nelson Castro le parecían muy bien mis investigaciones. Me apoyaba muchísimo. Pero me lo encuentro ahora criticándome enormemente. ¿Por qué? Porque defendía a alguien que a él no le gustaba.
Entonces, cuando arrancó el programa él me dijo: “qué raro usted, defendiendo a esta gente”. Entonces yo le contesto “a mí lo que me parece raro es que un periodista como usted, que en algún momento estuvo cercano a la defensa del Estado de Derecho, cuestione a un abogado porque a usted no le gusta el cliente”. Y agregué: “su argumento es muy peligroso. Es un argumento muy cercano a varios argumentos de esa índole que se usaron en la dictadura. Y que un periodista de sus quilates me haga esa pregunta demuestra lo mal que estamos”.
Por supuesto que se quedó enojado, y después intentó no dejarme hablar nunca. Para un periodista capaz es divertido eso, pero para un ciudadano normal lo que se vio fue un abogado intentando explicar cosas y un conductor interrumpiéndolo permanentemente.
Fotos. Lucas Kirby.