La ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Norma Llatser reflexiona sobre la experiencia mendocina en oralidad y digitalización, el rol de las cortes provinciales en la construcción de políticas judiciales federales, los desafíos del mundo del trabajo y la necesidad de una justicia laboral más humana, eficiente y comprometida con la realidad social.
¿Qué representa para usted, como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, haber participado de un congreso que reúne a jueces, académicos y operadores judiciales de todo el país?
Es muy importante haber acompañado el 17° Congreso de Derecho Laboral. Lo vengo haciendo desde antes de ser jueza, durante mis más de 17 años en el fuero laboral en Mendoza, y hoy en este nuevo rol, en el que llevo un año. Mendoza fue sede del primer Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y estos espacios siempre resultan enriquecedores porque permiten una mirada integral: participan abogados litigantes, magistrados, académicos y funcionarios. Esa diversidad de miradas fortalece a todo el sistema de justicia.
¿Qué aportes considera que puede realizar la experiencia mendocina al debate laboral a nivel federal?
La experiencia mendocina es muy valiosa. Desde 2018, la provincia reformó sus códigos procesales civiles y laborales, y eso permitió acercar la justicia al justiciable. La oralidad efectiva, la participación activa del juez en las audiencias iniciales y finales, y el contacto directo con las partes desde el primer momento generan procesos más eficaces y soluciones más rápidas. Mendoza fue pionera en este camino y hoy puede aportar esa experiencia al resto del país.
¿Qué lugar cree que deben ocupar las cortes provinciales en la construcción de políticas judiciales con perspectiva federal?
Las cortes provinciales tenemos un rol central. En Mendoza, todos los ministros intervenimos en todas las materias: civil, penal, laboral y competencia originaria. Esto nos da una mirada amplia del derecho y de los conflictos sociales. Somos cabeza de poder y, como tales, debemos trabajar en políticas judiciales que acerquen la justicia a la ciudadanía, con respuestas rápidas, claras y eficaces. La justicia cumple además un rol pacificador: cuando una persona llega a tribunales es porque existe un conflicto, y nuestra obligación es resolverlo con premura y sensibilidad social.
¿Cómo evalúa el funcionamiento del fuero laboral mendocino en términos de acceso a la justicia y tiempos procesales?
Tengo una ventaja: conozco profundamente el fuero laboral porque trabajé allí durante muchos años. Hoy, desde la Corte, me acerco a las cámaras, verifico cómo se desarrollan los procesos, cuántas audiencias se celebran, cómo funcionan las audiencias iniciales y si se están utilizando herramientas como la prueba anticipada para resolver conflictos de manera temprana. Cuando detecto dificultades, diálogo con los magistrados y buscamos soluciones. Somos servidores públicos y debemos garantizar procesos eficientes, respetando los plazos y dando respuestas a personas que atraviesan situaciones difíciles, tanto trabajadores como empleadores.
¿Cuáles son hoy los principales desafíos del derecho laboral?
Uno de los grandes desafíos es la informalidad laboral. Durante más de 30 años rigieron normas que pretendían combatir el trabajo no registrado, pero la realidad mostró que el problema creció. Hoy debemos trabajar todos juntos para revertir esta situación, generar empleo genuino y mejorar la actividad empresarial sin perder de vista la protección del trabajador, que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.
¿Qué políticas se impulsan para fortalecer el servicio de justicia y hacerlo más cercano al ciudadano?
Hay muchas iniciativas: desde la digitalización integral de los expedientes y la oralidad efectiva, hasta programas que acercan el Poder Judicial a las escuelas. También trabajamos en bienestar laboral y salud ocupacional, en protocolos contra la violencia y el acoso, y en generar un clima de trabajo saludable. Todos somos parte del engranaje judicial, desde el personal de maestranza hasta los magistrados, y es fundamental trabajar con sentido de pertenencia y compromiso con el servicio público.
Mendoza fue pionera en la implementación del expediente electrónico. ¿Qué impacto concreto tuvo la digitalización en el fuero laboral?
La digitalización tuvo un impacto enorme. Hoy las audiencias quedan registradas, se pueden volver a escuchar los testimonios y se agilizan los procesos. Las audiencias virtuales o híbridas permiten evitar demoras y acercar la justicia a quienes viven lejos. La tecnología es sinónimo de agilización y transparencia. Además, facilita el trabajo interno del personal judicial y mejora notablemente la gestión.
¿Cuáles fueron los principales aprendizajes y desafíos del proceso de modernización?
El gran desafío fue la capacitación. La digitalización y la oralidad requieren formación constante, tanto para los operadores judiciales como para los profesionales. Los cambios siempre generan resistencia, pero la pandemia demostró que este camino era el correcto: Mendoza no detuvo su actividad judicial porque ya había iniciado su transformación digital. Hoy el nuevo desafío es la inteligencia artificial, que debe ser entendida como una herramienta de apoyo, nunca como un reemplazo de la función judicial.
¿Cómo evalúa la relación entre tecnología y situaciones de vulnerabilidad social o económica?
No todos tienen el mismo acceso a la tecnología. Por eso, el Poder Judicial debe acompañar, orientar y asistir a quienes llegan a tribunales sin conocimientos digitales. La justicia debe ser inclusiva y verdaderamente federal. Además, trabajamos fuertemente con perspectiva de género y escucha activa, especialmente en contextos de violencia o vulnerabilidad, tanto en el ámbito penal como laboral.
¿Qué deudas persisten en materia de igualdad de género en el mundo del trabajo y en el ámbito judicial?
Todavía somos pocas mujeres en los cargos más altos, tanto en el Poder Judicial como en el ámbito empresarial. En las bases hay muchas mujeres, pero en las cúpulas la presencia femenina sigue siendo baja. En los litigios laborales, la clave es analizar cada caso con objetividad, sin perder la sensibilidad frente a determinadas situaciones, pero siempre basándonos en los hechos y el derecho.
¿Qué rol deben asumir los poderes judiciales en la prevención y sanción de la violencia laboral?
Un rol activo. Es fundamental contar con oficinas y protocolos de prevención, erradicación y sanción de la violencia y el acoso. También es importante distinguir entre violencia y exigencia laboral: exigir el cumplimiento de tareas no es violencia. Pero sí debemos acompañar a quienes atraviesan situaciones personales complejas que impactan en su desempeño laboral.
El derecho laboral es una disciplina en constante cambio. ¿Qué importancia tiene la formación contínua?
Es fundamental. El derecho laboral es dinámico por naturaleza. La formación constante es una obligación para todos los operadores jurídicos. Enseñar, capacitarse y participar en congresos genera una retroalimentación muy valiosa. Siempre digo que hay que ser humilde y entender que nunca se sabe todo, especialmente en una materia tan cambiante como esta.
¿Qué valor le asigna a los espacios de encuentro como este congreso?
Son indispensables. Permiten conocer realidades distintas, intercambiar experiencias y mejorar nuestras prácticas. Es un país muy grande y diverso, y estos encuentros enriquecen la mirada federal del derecho laboral. Siempre me llevo alguna experiencia nueva que puede aplicarse en Mendoza.
¿Qué mensaje les dejaría a los jóvenes profesionales?
Que sigan capacitándose y participando de estos espacios, aunque implique un esfuerzo económico y personal. La formación constante y el intercambio profesional enriquecen no sólo a cada persona, sino al sistema de justicia en su conjunto.
